El senador nacional oficialista Joaquín Benegas Lynch quedó en el centro de la polémica tras una filtración sobre su actividad comercial privada. El legislador por Entre Ríos es socio fundador y gerente de Glocal Terra SRL, una compañía inmobiliaria del sector agropecuario. La firma se dedica de forma explícita a asesorar y gestionar la venta de campos a inversores extranjeros, un negocio directamente afectado por los cambios legales en debate.

La revelación periodística provocó una reacción inmediata del bloque opositor en la Cámara alta. La senadora Juliana di Tullio presentó una impugnación formal contra Benegas Lynch ante la presidencia del cuerpo. El peronismo exige que el legislador se abstenga de participar y votar en cualquier proyecto que modifique la Ley de Tierras, argumentando un beneficio económico personal directo en el caso de aprobarse.

La presentación judicial y legislativa señala una flagrante violación a la Ley de Ética Pública. Según la denuncia, el senador libertario posee un evidente conflicto de intereses al impulsar normativas que desregulan su propio sector comercial. La flexibilización de los límites territoriales para capitales internacionales impactaría positivamente en la facturación de su empresa, lo que prohíbe explícitamente la legislación sobre la función pública.

El legislador, perteneciente al círculo de confianza del presidente Javier Milei, realizó un descargo público para defender su posición. El senador tildó las acusaciones como una operación cargada de mala fe por parte de la oposición kirchnerista. Si bien reconoció su actividad en el sector inmobiliario rural, argumentó que la reforma busca un beneficio general para el desarrollo del país y no un privilegio corporativo.

El escándalo interno terminó por dinamitar las negociaciones del oficialismo con las provincias. Los gobernadores aliados y los bloques dialoguistas utilizaron el caso como el argumento definitivo para rechazar la propuesta. Ante la certeza de una derrota catastrófica en el recinto, el Poder Ejecutivo se vio obligado a retirar de apuro el capítulo de extranjerización de las tierras rurales.

La situación dejó un clima de fuerte tensión política en el Congreso de la Nación. Aunque el oficialismo logró salvar el resto de la Ley de Propiedad Privada, la concesión debilitó la posición del bloque libertario. La oposición advirtió que seguirá de cerca las declaraciones juradas de los legisladores para evitar que intereses privados condicionen las leyes nacionales en las próximas sesiones.