El relanzamiento del proceso licitatorio para privatizar la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística cobró un ritmo decisivo tras meses de parálisis administrativa. La reactivación oficial del expediente se consolidó al confirmarse que los futuros operadores podrán ampararse en los beneficios impositivos y la seguridad jurídica que otorga el RIGI. Este incentivo macroeconómico busca atraer desembolsos de gran escala para renovar la deteriorada red ferroviaria del país.
La normativa diseñada por el Ministerio de Economía establece exigencias rigurosas: las propuestas de inversión privada destinadas a la traza deberán superar obligatoriamente la barrera de los 200 millones de dólares. Asimismo, el beneficio aplicará de forma exclusiva a las obras de infraestructura ferroviaria de vías. Con esto, el oficialismo busca asegurar un piso mínimo de financiamiento privado de 800 millones de dólares durante los primeros años.
El esquema de desintegración vertical diagramado por el Ejecutivo contempla dividir el patrimonio en tres licitaciones independientes correspondientes a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. A su vez, cada ramal se fragmentará en tres unidades de negocios diferenciadas: la concesión para la operación de las vías, la gestión de los talleres ferroviarios y la subasta pública del material rodante. El dinero recaudado por los remates de vagones y locomotoras financiará un fideicomiso de infraestructura.
La estratégica red de 7.594 kilómetros capta el interés inmediato de los principales sectores exportadores del país. Por el lado agroindustrial, un consorcio integrado por las firmas Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, ACA y AGD se perfila firmemente para competir por el control logístico hacia los puertos. En paralelo, las corporaciones vinculadas a la minería del cobre y el litio presionan por optimizar la conectividad del noroeste argentino.
La compulsa también adquirió un fuerte componente internacional debido a las propuestas de grandes conglomerados extranjeros. El gigante Grupo México Transportes, asociado con la estadounidense Wabtec, evalúa una oferta global cercana a los 3.000 millones de dólares. Mientras la multinacional Rio Tinto sigue de cerca los pliegos ferroviarios por su impacto minero, el ramal Urquiza despierta la atención de productoras de papel interesadas en el transporte forestal de la Mesopotamia.
El nuevo modelo de gestión implementará plenamente un sistema de acceso abierto regulado por las autoridades nacionales. Bajo esta modalidad de peaje, cualquier empresa podrá alquilar y correr sus propias formaciones abonando un canon por el uso de las vías. Se concreta así una reforma estructural clave que busca transformar de raíz los costos logísticos y la competitividad del comercio exterior argentino.