El plan de la ex vicepresidenta para reconfigurar la representación parlamentaria en los estrados judiciales encendió las alarmas en las oficinas más encumbradas del peronismo parlamentario. Durante sigilosas reuniones de bloque en la Cámara Alta, los senadores tradicionales manifestaron su total rechazo al desembarco de Grabois, argumentando que el Consejo de la Magistratura requiere de un perfil estrictamente técnico y de componenda institucional. Para los caciques provinciales, forzar la entrada de un dirigente ajeno a las lógicas partidarias tradicionales representa una provocación innecesaria que dinamita los puentes de diálogo con la Corte Suprema.

La resistencia de los legisladores expone la profunda crisis de conducción que atraviesa el andamiaje justicialista tras las sucesivas derrotas nacionales y las fricciones territoriales con la gobernación bonaerense. Los armadores de las bancadas peronistas denuncian de forma unánime que Cristina Kirchner utiliza los cargos institucionales para su propia rosca, marginando deliberadamente a los cuadros técnicos de las provincias para beneficiar a su círculo de extrema confianza ideológica. Esta maniobra verticalista profundiza el aislamiento del Instituto Patria frente a los gobernadores del interior que exigen una renovación federal urgente.

Detrás de la discusión estrictamente jurídica por las poltronas judiciales, la verdadera batalla de fondo se libra en el terreno del armado de listas legislativas para los comicios venideros. Los jefes de bloque sospechan que la nominación busca edificar una candidatura nacional para Grabois, otorgándole centralidad mediática y legitimidad institucional desde la trinchera del control de los magistrados federales. Esta postulación encubierta obturaría los planes de fomento de liderazgos moderados que ensayan los intendentes del conurbano bonaerense y las corrientes del peronismo de centro de la región pampeana.

Por su parte, el entorno del dirigente social defendió la legitimidad del planteo y argumentó que la gravedad del avance de las reformas de la Casa Rosada reclama una defensa combativa en todos los estamentos del Estado. Cerca de las agrupaciones de la economía popular sostienen que el peronismo corporativo teme perder sus históricos privilegios de lapicera, justificando la postulación de Grabois como una garantía de transparencia para auditar las causas por corrupción que involucran al funcionariado actual. Su discurso apunta a consolidar un frente de resistencia social y judicial de cara al segundo semestre del año.

El lanzamiento de este operativo judicial introduce una fuerte dosis de incertidumbre respecto de la cohesión parlamentaria del principal interbloque opositor en el Congreso de la Nación. Con las firmas para el dictamen trabadas por la rebelión de los representantes de las provincias norteñas, el kirchnerismo ortodoxo arriesga su mayoría legislativa sectorial en una pulseada interna que expone las insalvables diferencias metodológicas del espacio. La resolución de este conflicto institucional definirá el mapa de las lealtades peronistas en un invierno donde la supervivencia de las coaliciones tradicionales se disputa voto a voto en los pasillos del Senado.