La defensa técnica y política de la exmandataria nacional dio un giro estratégico de gran envergadura orientado a trasladar su frente de batalla judicial fuera de las fronteras de los tribunales locales. Fuentes del Instituto Patria confirmaron que Cristina Kirchner contrató los servicios del abogado brasileño Cristiano Zanin Martins para liderar su ofensiva legal en el plano internacional. La incorporación del prestigioso jurista, artífice del andamiaje que logró la absolución y posterior restitución civil del presidente de Brasil, representa una fuerte apuesta corporativa para denunciar las supuestas irregularidades procesales que pesan sobre su figura.

El núcleo de la nueva planificación jurídica se concentra en la confección de una densa presentación formal ante los comités técnicos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El equipo de abogados locales e internacionales prepara un reclamo urgente ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede fija en Ginebra. La meta del pliego es demostrar de manera rigurosa que las causas impulsadas por la justicia federal argentina configuran una sistemática violación al debido proceso legal, a las garantías de imparcialidad de los magistrados y a los derechos políticos fundamentales consagrados en los pactos internacionales.

Para justificar la elección de Zanin Martins en el armado de la carpeta, los asesores de la expresidenta confían en la probada efectividad de la doctrina del lawfare aplicada en la región. El letrado extranjero fue quien diseñó la estrategia ante la ONU que dictaminó que Lula sufrió persecución política por parte del exjuez Sergio Moro, un pronunciamiento internacional que operó como el cimiento indispensable para que el Supremo Tribunal Federal de Brasil anulara de forma definitiva las sentencias del caso Lava Jato. La defensa de la dirigente argentina busca forzar un dictamen de similar tenor institucional que ponga en jaque la validez de la condena de la causa Vialidad.

Por otra parte, la internacionalización del expediente judicial se produce en un momento de máxima tensión discursiva hacia el interior de las diferentes tribus que componen el peronismo bonaerense. La consigna unificada de "Cristina Libre" dejó de ser un simple lema de barricada de la militancia orgánica de La Cámpora para transformarse en el principal pliego de condiciones políticas de Máximo Kirchner para sellar la paz parlamentaria con el gobernador Axel Kicillof. El despliegue de este frente legal en el exterior le otorga al kirchnerismo orgánico un potente insumo político para blindar la centralidad de la exjefa de Estado y ordenar la resistencia interna frente al modelo de la Casa Rosada.

Como era de esperarse, la confirmación de la contratación del jurista brasileño reencendió los debates en los pasillos de los tribunales de Comodoro Py y en los bloques legislativos del oficialismo. Diputados de La Libertad Avanza y el PRO salieron en bloque a cruzar la jugada internacional, calificándola como una maniobra de distracción desesperada para eludir el accionar de la justicia local ordinaria. Los legisladores oficialistas argumentaron que los fallos locales cuentan con un riguroso sustento material basado en pruebas de desvío de fondos públicos y auditorías técnicas que ninguna instancia diplomática internacional puede neutralizar.

El éxito de este reclamo ante los organismos multilaterales demandará un extenso derrotero burocrático que se extenderá por varios meses antes de arrojar un pronunciamiento definitivo. Zanin Martins trabajará en sintonía fina con los abogados locales de la exvicepresidenta para armar un inventario minucioso de las supuestas arbitrariedades registradas durante las audiencias orales y las etapas de apelación vigentes. Las próximas semanas serán claves para observar si la presentación ante Ginebra logra fisurar el bloque de opinión pública local o si la polarización cambiaria y judicial de la grieta termina diluyendo el impacto de la contraofensiva internacional.