El ala más dura del gabinete nacional volvió a poner en lo más alto de la agenda pública una de las reformas estructurales más polémicas del programa libertario. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, no dan el brazo a torcer en su intento por eliminar las restricciones que impiden a ciudadanos y corporaciones extranjeras adquirir grandes extensiones de campos en la República Argentina. Ambos funcionarios consideran que la flexibilización de este mercado es una condición indispensable para atraer las inversiones productivas de gran escala que el país necesita para reactivar su economía.
La embestida oficial busca sepultar de manera definitiva el espíritu de la Ley 26.737, una normativa sancionada durante la gestión de Cristina Kirchner que fijó un techo del 15 por ciento a la titularidad extranjera sobre las tierras rurales nacionales, además de prohibir la venta de inmuebles que contengan cuerpos de agua permanentes. Para Sturzenegger, este marco regulatorio vigente representa un cepo ideológico absurdo que deprecia el valor de los activos locales y ahuyenta a los fondos soberanos globales. Los ministros argumentan que la nacionalidad de un inversor privado no debería ser un impedimento legal para dinamizar el sector agropecuario o forestal.
El derrotero de esta reforma acumula un historial de fuertes reveses institucionales que obligó a los equipos jurídicos de la Casa Rosada a rediseñar su hoja de ruta con extrema cautela. La eliminación de los límites territoriales formaba parte del texto original del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, pero ese capítulo específico fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal de La Plata tras una presentación de excombatientes de Malvinas. Ante este bloqueo en los tribunales, la estrategia de los funcionarios consiste ahora en desglosar la medida para impulsarla a través de leyes específicas en el Congreso o mediante decretos reglamentarios sectoriales.
La insistencia de Bullrich en este apartado técnico se fundamenta en una visión de seguridad nacional asociada al desarrollo económico de las fronteras interiores. La funcionaria defiende la tesis de que el control efectivo de las zonas periféricas del territorio se logra con inversión privada genuina y radicación de empresas, descartando que la llegada de capitales foráneos vulnere la integridad de la soberanía. Desde su entorno aseguran que las actuales tecnologías de control satelital y los registros notariales modernos son herramientas más que suficientes para monitorear el uso de los suelos sin necesidad de prohibir el comercio libre.
Como era de esperarse, la reactivación de este debate legislativo reencendió las alarmas en los bloques opositores y en diversas agrupaciones ambientalistas de las provincias. Legisladores de la oposición y asambleas territoriales advierten que habilitar la compra indiscriminada de campos pondría en riesgo recursos estratégicos vitales como el Acuífero Guaraní y los glaciares patagónicos, además de desproteger a las comunidades originarias. Los detractores del proyecto señalan que, bajo las actuales condiciones de asimetría cambiaria, el capital financiero transnacional podría adquirir millones de hectáreas productivas a precios de remate, consolidando un esquema de extranjerización irreversible.
El éxito de los ministros para imponer esta desregulación dependerá exclusivamente de la capacidad de negociación del oficialismo en un parlamento que se encamina a un cierre de sesiones ordinarias complejo. Sturzenegger confía en que los gobernadores de las provincias agroexportadoras y mineras terminen respaldando la medida, seducidos por la promesa de flujos de divisas directos asociados al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La batalla por el control de la tierra se perfila así como el próximo gran test de gobernabilidad para la administración central, en un escenario donde la soberanía económica y el libre mercado vuelven a colisionar en el centro del ring político.