La feroz interna que sacude al peronismo de la provincia de Buenos Aires sumó un capítulo de altísima tensión institucional en la Legislatura. El senador provincial y caudillo de José C. Paz, Mario Ishii, formalizó la presentación de un proyecto de ley que apunta directo a la línea de flotación financiera de la gestión de Axel Kicillof. La iniciativa legal busca obligar al Poder Ejecutivo a hacerse cargo de la totalidad de los gastos de funcionamiento de la Policía Bonaerense, prohibiendo expresamente que se continúe trasladando esa pesada carga económica a las intendencias.

El núcleo duro de la propuesta legislativa establece que el Ministerio de Seguridad bonaerense deberá financiar de manera exclusiva el mantenimiento preventivo, repuestos, neumáticos, seguros y combustible de la flota vehicular. El texto aclara que esta obligación también alcanza a aquellos móviles que fueron adquiridos originalmente por las comunas mediante el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad. De esta manera, el legislador busca bloquear las cláusulas de los convenios que obligan a los intendentes a usar tasas locales para sostener una fuerza ajena. 

En los fundamentos de su presentación, el vicepresidente primero de la Cámara Alta apeló a la estructura constitucional para justificar su reclamo soberano. El dirigente paceño argumentó con firmeza que la seguridad pública es una competencia exclusiva del Estado provincial y que, por ende, el financiamiento material debe ser plenamente absorbido por el gobernador. Según su mirada, la insuficiencia de las partidas presupuestarias actuales genera una distorsión fiscal evidente que debilita las autonomías municipales y asfixia las cuentas locales. 

Esta nueva embestida no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estudiada estrategia de diferenciación que Ishii viene ejecutando contra la conducción de La Plata. Semanas atrás, el histórico dirigente ya había encendido las alarmas en la gobernación al impulsar las declaraciones de emergencia sanitaria y alimentaria en territorio bonaerense, proyectos que el kicillofismo logró freezar en comisiones. La persistencia del senador demuestra que la tregua partidaria está rota y que la discusión por los recursos públicos será el principal escenario de batalla.

La reacción en el territorio no tardó en hacerse notar tras la difusión del polémico proyecto de ley. Horas después de la presentación, las calles de José C. Paz aparecieron empapeladas con afiches firmados por el Movimiento Evita y el Frente de la Patria que contenían fuertes críticas hacia la figura del propio jefe comunal en uso de licencia. Estos movimientos en la vía pública exponen que la pulseada legislativa se trasladó de inmediato al control territorial, anticipando un cierre de listas legislativas sumamente complejo para el oficialismo.

Por el momento, las espadas del gobernador en el Senado optaron por mantener una postura de extrema cautela para no alimentar los titulares de la oposición. El gran dilema que enfrenta el oficialismo es que el reclamo de Ishii por los fondos de la nafta sintoniza de manera directa con las demandas ocultas de numerosos intendentes del conurbano, tanto propios como ajenos, quienes ven cómo el patrullaje diario devora los recursos de sus distritos. Las próximas sesiones definirán si el proyecto avanza o si la Casa de Gobierno se ve obligada a ceder recursos para contener la rebelión.