La CGT decidió terminar con la tregua que le había impuesto el clima mundialista y volvió a la calle. La central obrera, junto a las dos CTA y a las organizaciones de la economía popular, relanzó su plan de lucha con una marcha frente al Congreso en la que los jubilados volvieron a ser protagonistas, en el arranque de una serie de movilizaciones que se extenderá hasta noviembre. El gesto marcó el regreso de la conflictividad social a la agenda política después de semanas de calma.

La movilización tuvo un doble eje: el reclamo por la situación de los jubilados y el rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Los manifestantes exigieron un aumento de las jubilaciones, la restitución de medicamentos con cobertura plena y una amnistía previsional para quienes no llegan a los aportes requeridos. La combinación de banderas sindicales y reclamos previsionales buscó ampliar la base de la protesta y mostrar que el malestar excede a los trabajadores en actividad para alcanzar a los sectores más golpeados por el ajuste. La foto reunió a gremios, movimientos sociales y jubilados bajo una misma consigna.

El dato que ordena el reclamo previsional es concreto. La jubilación mínima ronda los 411.989 pesos con el aumento de julio, una cifra que queda muy por debajo de la canasta básica que releva la propia central de estatales y que supera holgadamente ese monto. A ese desfasaje se suma el bono extraordinario de 70.000 pesos, que permanece congelado desde el inicio de la gestión de Javier Milei y que, al no actualizarse, pierde poder de compra mes a mes. El deterioro del haber real es el motor de la bronca que se expresó frente al Congreso.

La central obrera organizó el plan de lucha en etapas, con hitos claros. El próximo será San Cayetano, el 7 de agosto, la tradicional jornada en la que las organizaciones sociales marchan por pan y trabajo, y que este año adquiere un contenido político más marcado. Después vendrán nuevas medidas en la primera semana de septiembre, y la conducción sindical no descarta escalar hasta un paro general si el Gobierno avanza con la reforma laboral sin abrir una instancia de diálogo. La estrategia es sostener la presión con un cronograma que no le dé respiro al oficialismo.

El corazón del conflicto es la reforma laboral. El Gobierno la ubicó entre las prioridades de su agenda del segundo semestre, con el argumento de que modernizar las relaciones de trabajo es indispensable para generar empleo formal. Los sindicatos, en cambio, la interpretan como un intento de flexibilizar las condiciones laborales y recortar derechos. Para la CGT, la reforma laboral es una línea roja, y la central anticipó que resistirá en la calle cualquier proyecto que, bajo el nombre de la modernización, avance sobre las conquistas históricas del movimiento obrero. El choque parece inevitable.

La marcha también expuso las tensiones internas del sindicalismo. Sectores más combativos reclaman medidas de fuerza contundentes, mientras la conducción de la CGT administra los tiempos con la cautela de quien negocia por lo bajo con el Gobierno al mismo tiempo que moviliza. Esa doble estrategia —presión en la calle y diálogo en los despachos— es la marca de una central que busca no quedar corrida por izquierda sin perder su canal de interlocución con el poder. El equilibrio es delicado y no está exento de críticas.

Los analistas del mundo sindical leen el relanzamiento del plan de lucha como una respuesta al calendario político. Con las elecciones de medio término en el horizonte y la reforma laboral asomando en el Congreso, la CGT necesita mostrar músculo para condicionar la discusión parlamentaria. La movilización funciona, en ese sentido, como un mensaje dirigido tanto a la Casa Rosada como a los propios trabajadores: la central está dispuesta a dar pelea y no piensa dejar pasar la reforma sin resistencia. El pulso de fuerzas recién empieza.

Del lado del Gobierno, la respuesta combina firmeza y cálculo. El oficialismo sabe que la reforma laboral es una de sus banderas más sensibles y que enfrentar a los gremios en la calle tiene un costo político, sobre todo en un año electoral. La Casa Rosada apuesta a que el desgaste de las movilizaciones y la fragmentación del arco opositor le permitan avanzar de a poco, pero es consciente de que un paro general en pleno tramo preelectoral complicaría su relato de estabilidad. El pulso entre el Gobierno y el sindicalismo será uno de los ejes del semestre.

La situación de los jubilados es el flanco más sensible del conflicto. El congelamiento del bono extraordinario, la pérdida de poder adquisitivo de los haberes y el recorte en la cobertura de medicamentos golpearon de lleno a un sector que quedó entre los más perjudicados por el ajuste. La incorporación de los jubilados al plan de lucha sindical le dio a la protesta un rostro que interpela a la sociedad más allá del mundo del trabajo, y que le suma al reclamo una carga simbólica difícil de desactivar para el Gobierno. La causa previsional se convirtió en el corazón emocional de la movilización.

La estrategia de la CGT combina la calle con la mesa de negociación. La conducción de la central sabe que debe mostrar capacidad de movilización sin cerrar del todo los canales de diálogo con el Gobierno, en un equilibrio que le permita condicionar la reforma laboral sin quedar aislada. El sindicalismo juega a dos puntas: presiona con las marchas para ganar poder de negociación y, al mismo tiempo, mantiene abiertas las conversaciones por lo bajo para no perder incidencia en la discusión parlamentaria. Esa doble táctica define el estilo de la actual conducción cegetista.

El calendario de la protesta está pensado para escalar de manera progresiva. Con San Cayetano el 7 de agosto y nuevas medidas en septiembre, la central busca sostener la presión sin agotar de entrada su capacidad de movilización, reservando la amenaza del paro general para el momento de mayor tensión con el Gobierno. La gradualidad del plan de lucha responde a un cálculo político: mantener viva la protesta durante meses para llegar con fuerza al momento en que la reforma laboral se discuta en el Congreso. El sindicalismo dosifica sus cartas para la pelea de fondo.

Lo que dejó la primera marcha es una señal clara: la conflictividad social vuelve a escena y promete crecer. El plan de lucha escalonado hasta noviembre, con San Cayetano como próximo hito y la amenaza latente de un paro general, marca el inicio de una etapa en la que el Gobierno deberá gobernar no solo con el Congreso trabado sino también con la calle en movimiento. El semestre que se abre estará atravesado por esa tensión.