La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner volvió a quedar en el centro de la escena política y esta vez con un fallo adverso. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría que la Corte Suprema revise las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple la expresidenta, un revés que deja firmes las restricciones que su defensa buscaba flexibilizar. La resolución cerró, al menos por esta vía, el intento de modificar el régimen bajo el que la exmandataria cumple su condena.

La defensa de Cristina Kirchner cuestionaba tres aspectos concretos de la prisión domiciliaria: el uso de la tobillera electrónica, el régimen de visitas y las salidas limitadas a la terraza de su edificio. Con el rechazo de Casación, la expresidenta mantendrá la tobillera, el esquema restringido de visitas y las limitaciones para usar los espacios comunes, en el marco de la condena a seis años de prisión que le impuso la causa Vialidad. El tribunal consideró que no correspondía habilitar la instancia extraordinaria que reclamaba la defensa.

La condena por Vialidad, que quedó firme, incluye además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sobre ese dato central se monta buena parte de la disputa política que atraviesa al peronismo. El cristinismo sostiene que la exmandataria es víctima de una "proscripción" y quiere transformar el reclamo por su libertad en el eje de la campaña opositora rumbo a 2027, una estrategia que divide aguas dentro del propio espacio. El fallo de Casación, lejos de desactivar esa lectura, le dio nuevo combustible.

La expresidenta todavía conserva una carta procesal: puede presentar una queja ante la Corte Suprema. Sin embargo, la resolución de Casación recorta las chances de que el máximo tribunal atienda el planteo, en un recorrido judicial que hasta ahora le fue sistemáticamente adverso. El horizonte legal de la exmandataria luce cada vez más acotado, y esa estrechez es la que el kirchnerismo convierte en argumento político, presentando cada fallo como una prueba de la persecución que denuncia. La justicia y la política se retroalimentan en cada resolución.

Dentro del peronismo, la estrategia de hacer de la "proscripción" el corazón de la campaña genera tensiones profundas. La Cámpora impulsa la idea de que Cristina sea la candidata en 2027, pese a la inhabilitación, y plantea que la exigencia de su libertad ordene la disputa contra el Gobierno. Del otro lado, el sector que responde a Axel Kicillof advierte que atar el futuro del peronismo a una candidatura jurídicamente imposible equivale a condenar al espacio a discutir el pasado en lugar de construir una alternativa de poder. El debate sobre la propia figura de la exmandataria partió al peronismo en dos.

Los analistas coinciden en que la apuesta del cristinismo tiene un componente emocional y otro estratégico. En lo emocional, la bandera de la "proscripción" moviliza al núcleo duro del kirchnerismo y le da épica a un espacio golpeado. En lo estratégico, sin embargo, la eficacia electoral de esa consigna está en discusión, sobre todo en un electorado que en 2023 le dio la espalda al peronismo. La pregunta que sobrevuela es si la defensa de Cristina alcanza para reconstruir una mayoría o si, por el contrario, encierra al peronismo en un relato que no dialoga con las preocupaciones cotidianas de la sociedad. Nadie tiene la respuesta.

El fallo de Casación también reordena los tiempos internos. Cada resolución judicial sobre la exmandataria funciona como un termómetro de la interna: el cristinismo la usa para cohesionar a los propios, mientras el kicillofismo intenta correr el eje hacia la gestión y las propuestas. La justicia, sin proponérselo, marca el ritmo de una disputa peronista en la que cada novedad procesal se traduce de inmediato en un reacomodamiento de las fuerzas que se pelean por la conducción del espacio. El calendario judicial condiciona al calendario político.

Para el Gobierno, la situación es funcional. Mientras el peronismo se debate entre la defensa de Cristina y la construcción de Kicillof, el oficialismo avanza con su agenda sin un interlocutor opositor ordenado. La fractura que provoca la discusión sobre la candidatura de la exmandataria le regala a la Casa Rosada el argumento de que la oposición está atrapada en su propio pasado, incapaz de ofrecer algo más que la reivindicación de su líder condenada. El costo de la interna, otra vez, recae sobre el conjunto del peronismo.

El recorrido judicial de la causa Vialidad tiene, además, una carga institucional que excede al caso particular. La condena firme a una expresidenta y su cumplimiento bajo prisión domiciliaria constituyen un hecho inédito en la historia democrática argentina, y cada resolución sobre las condiciones de detención se sigue con una atención que trasciende lo estrictamente penal. La discusión sobre la tobillera, las visitas y las salidas de la exmandataria se convirtió en un capítulo político tanto como jurídico, en el que cada decisión de los tribunales es leída por el kirchnerismo como parte de una persecución y por sus adversarios como la aplicación de la ley. Esa doble lectura acompaña cada paso del expediente.

En el kicillofismo, mientras tanto, intentan que la agenda no quede monopolizada por la situación judicial de la exmandataria. El sector que responde al gobernador bonaerense busca correr el eje hacia la gestión, las propuestas y la construcción territorial, consciente de que una campaña centrada en la figura de Cristina lo dejaría en un lugar subordinado. La pelea por el encuadre —si el peronismo discute la "proscripción" o discute el futuro— es, en el fondo, la misma pelea por la conducción que enfrenta a los dos sectores del espacio. El fallo de Casación volvió a inclinar la balanza hacia el terreno donde el cristinismo se siente más cómodo.

Los tiempos judiciales, además, no coinciden con los tiempos electorales, y esa desincronización genera tensiones adicionales. Mientras la defensa agota las instancias procesales, el calendario político avanza hacia la definición de las candidaturas, y el peronismo debe decidir su estrategia sin saber cómo terminará de resolverse la situación de su principal referente. La incertidumbre sobre el desenlace judicial condiciona cada movimiento del espacio, que juega con una carta cuyo valor final todavía no conoce. Esa indefinición paraliza tanto como divide.

Lo que dejó el fallo, más allá de sus efectos jurídicos, es una nueva vuelta de tuerca en la disputa por el rumbo del principal espacio opositor. Casación cerró una puerta judicial y, al mismo tiempo, abrió una discusión política sobre hasta dónde el peronismo quiere hacer de la situación de Cristina el centro de su estrategia. Esa definición, más que cualquier resolución de los tribunales, marcará el destino electoral del espacio.