El Congreso retomará la actividad el 6 de agosto y lo hará con una agenda cargada de asignaturas pendientes. El receso invernal encontró al oficialismo con varios de sus proyectos estrella frenados: la ampliación del régimen de grandes inversiones que en la Casa Rosada llaman Super RIGI, la reforma laboral que enfrenta a los gremios y la reforma electoral que ni el propio bloque libertario termina de acordar. Todo eso quedó en suspenso durante el parate invernal y ahora vuelve a la mesa sin garantías de aprobación.

El común denominador de esos proyectos es que el Gobierno no tiene los votos para sacarlos solo. La Libertad Avanza es minoría en Diputados y en el Senado, y cada iniciativa que pretenda convertir en ley debe pasar por la negociación con bloques provinciales y con los gobernadores que responden a ellos. La aritmética parlamentaria, más que la voluntad del Ejecutivo, es la que define qué avanza y qué se traba, y por ahora la balanza está inclinada hacia la parálisis. Esa dependencia condiciona toda la estrategia oficial.

El Super RIGI es, quizás, la pieza que el oficialismo mira con mayor expectativa. La ampliación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones busca extender los beneficios impositivos y cambiarios a más sectores, con la energía y la minería como principales destinatarias. El Gobierno lo presenta como la herramienta para atraer capitales de largo plazo y consolidar el desarrollo de Vaca Muerta y de los proyectos de exportación, pero la letra fina del régimen despierta reparos en las provincias, que reclaman su tajada de la recaudación y de las obras. La discusión, otra vez, gira alrededor del reparto.

La reforma laboral corre por un carril todavía más conflictivo. Antes de que llegue al recinto, los sindicatos ya la instalaron como el motivo central de su plan de lucha. La CGT, las dos CTA y las organizaciones de la economía popular relanzaron las movilizaciones y advirtieron que resistirán en la calle cualquier intento de flexibilizar las condiciones de trabajo. El oficialismo enfrenta así una doble pinza: la falta de votos en el Congreso y la presión sindical en la calle, una combinación que en el pasado hizo naufragar reformas de menor calibre. El costo político de avanzar es alto.

La reforma electoral, con la eliminación de las PASO como bandera, completa el trípode de proyectos trabados. La propia jefa del bloque libertario en el Senado admitió que faltan votos y que el sistema de listas que el Gobierno ofrece a cambio no convence ni siquiera a sus aliados. Sin un mecanismo de selección de candidatos que satisfaga a la UCR, al PRO y a los gobernadores, la derogación de las primarias queda en el terreno de la aspiración más que en el de lo posible. El calendario, además, corre en contra.

A la lista se suma la discusión que asoma como la próxima gran batalla: el Presupuesto 2027. El oficialismo gobernó buena parte de su mandato sin presupuesto propio, prorrogando por decreto, y esa herramienta empieza a mostrar límites. Los gobernadores y la oposición reclaman discutir en serio la distribución de los recursos, y el Gobierno sabe que un nuevo intento de gobernar sin presupuesto le costaría capital político en un año electoral. La negociación por los números del Estado será, probablemente, el termómetro de la relación entre Nación y provincias.

En la Casa Rosada intentan ordenar esa maraña con la reactivación de la Mesa Política y con gestos concretos hacia el interior, como el traspaso de rutas y obras a las provincias. La apuesta es construir, pieza por pieza, una coalición legislativa capaz de acompañar el paquete de reformas. Pero los gobernadores aprendieron a negociar y no entregan su firma sin contrapartidas: cada voto tiene un precio en obras, en coparticipación o en transferencias, y el Gobierno tiene la billetera ajustada por el propio plan de equilibrio fiscal. Esa tensión entre el ajuste y la necesidad de aliados atraviesa toda la etapa.

Los analistas parlamentarios coinciden en que el segundo semestre será decisivo. Si el oficialismo logra destrabar aunque sea uno de sus grandes proyectos, podrá mostrar capacidad de gestión legislativa de cara a las elecciones. Si, en cambio, la parálisis se prolonga, quedará expuesta la brecha entre el volumen de sus anuncios y su poder real en el Congreso. La vuelta del 6 de agosto funcionará como una prueba de fuego: ahí se verá si la ofensiva sobre los gobernadores alcanza para convertir las intenciones del Ejecutivo en leyes o si la agenda vuelve a quedar empantanada. El margen de error es escaso.

Del otro lado, la oposición peronista llega al reinicio de la actividad partida por su propia interna, lo que le quita capacidad de coordinar una estrategia común. Esa fragmentación, paradójicamente, no le facilita la tarea al Gobierno, porque sin un interlocutor ordenado las negociaciones se multiplican bloque por bloque. En un Congreso atomizado, cada ley se transforma en una negociación artesanal, y el oficialismo deberá construir mayorías circunstanciales tema por tema, sin la comodidad de un acuerdo global. Esa es la naturaleza del tablero que se reabre.

El Presupuesto 2027 asoma como la madre de todas las negociaciones. La discusión sobre los números del Estado condensa las tensiones por la coparticipación, las transferencias y la obra pública, y funciona como el terreno donde se dirime el verdadero poder de fuego de cada actor. Un presupuesto es mucho más que una planilla de gastos: es el mapa de las prioridades del Gobierno y el instrumento con el que las provincias defienden su porción de los recursos, y por eso su tratamiento suele concentrar las pujas más ásperas del año legislativo. La pelea por los fondos ordenará buena parte del semestre.

La experiencia de los primeros años de gestión dejó una enseñanza para todos los actores. El oficialismo comprobó que gobernar por decreto tiene un techo y que las leyes que importan requieren construir mayorías, mientras la oposición aprendió que la fragmentación le quita capacidad de incidir en la agenda. El aprendizaje mutuo de estos años configura un escenario en el que ni el Gobierno puede imponer sin negociar ni la oposición puede bloquear sin coordinar, una paridad que obliga a todos a moverse con cautela. El Congreso que vuelve del receso es un tablero más equilibrado que el de los inicios.

Lo que está en juego, más allá de cada proyecto, es la capacidad del Gobierno para gobernar con el Congreso y no a pesar de él. La etapa del decreto y la motosierra sin negociación mostró su techo, y el segundo semestre obligará al oficialismo a demostrar si sabe construir los consensos que hasta ahora esquivó. La respuesta empezará a escribirse el 6 de agosto.