La reforma electoral que el Gobierno colocó entre sus prioridades del segundo semestre choca con un obstáculo básico: no tiene los votos para aprobarse. El oficialismo quiere derogar las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y ofrecer a cambio un sistema de listas que ordene la oferta de candidatos, pero el mecanismo de selección todavía no cierra ni siquiera dentro de La Libertad Avanza. La discusión, que parecía un trámite hace unos meses, se convirtió en uno de los nudos más difíciles de la agenda parlamentaria.

La que puso el tema sobre la mesa fue Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, que reconoció públicamente las dificultades. La senadora admitió que el sistema de "listas de partido" que el Ejecutivo pretende ofrecer a cambio de eliminar las primarias no la convence del todo —"no me gusta, pero no hemos encontrado un sistema mejor", planteó— y aceptó que el oficialismo aún no reúne los votos necesarios para sacar la reforma. La franqueza dejó expuesta la fragilidad de la negociación.

El diagnóstico no es menor porque proviene de una de las figuras con más peso dentro del esquema legislativo del Gobierno. Si la propia jefa del bloque en la Cámara alta admite que faltan apoyos y que el mecanismo genera dudas, el margen para avanzar antes de las elecciones se estrecha. La eliminación de las PASO es una promesa que el oficialismo repite desde su llegada al poder, pero cada vez que se acerca a la letra concreta aparece la pregunta de fondo: sin primarias, quién y cómo decide los candidatos de cada fuerza. Ese interrogante es el que traba el acuerdo.

Las resistencias no vienen solo del peronismo. Sectores de la UCR y del PRO, que en otros temas acompañan al Gobierno, miran con desconfianza un sistema de listas que, según advierten, podría concentrar el poder de armado en las cúpulas partidarias y reducir la competencia interna. Para esos bloques, eliminar las PASO sin un reemplazo que garantice pluralidad equivale a entregarles a los aparatos el control total de las candidaturas, un costo que no están dispuestos a pagar sin contrapartidas. La discusión técnica esconde, en el fondo, una pelea por poder territorial.

El Gobierno necesita la reforma electoral no solo por convicción ideológica sino por cálculo. La eliminación de las primarias le ahorraría al Estado el costo de una elección y, sobre todo, le permitiría al oficialismo evitar una instancia en la que sus internas quedarían expuestas. La Casa Rosada apuesta a que un esquema de listas ordenadas por la conducción partidaria le dé más control sobre su propia oferta electoral en un año en el que necesita mostrarse cohesionada frente a un peronismo fracturado. Pero ese mismo argumento es el que despierta recelo en sus aliados.

La negociación quedó atada, además, al vínculo con los gobernadores. El oficialismo intenta sumar a los mandatarios provinciales dialoguistas a cambio de gestos concretos, como el traspaso de obras y rutas o la discusión por la coparticipación, pero los gobernadores llegan a la mesa sabiendo que su firma vale y no la regalan. En los hechos, la reforma electoral se transformó en una moneda de cambio dentro de un paquete más amplio de negociaciones que incluye la reforma tributaria, el Super RIGI y la reforma laboral, y ninguna de esas piezas se mueve sola. Todo se negocia a la vez o no se negocia.

El calendario tampoco ayuda. Con el Congreso en receso hasta el 6 de agosto y las elecciones de medio término cada vez más cerca, el tiempo para modificar las reglas del juego electoral se agota. Cualquier cambio en el sistema de elección de candidatos debería estar sancionado con la suficiente antelación para no alterar un proceso ya en marcha, y ese margen se reduce con cada semana que pasa sin acuerdo. Los operadores del oficialismo saben que si la reforma no avanza pronto, difícilmente rija para los próximos comicios.

En la oposición peronista observan la escena con una mezcla de alivio y oportunismo. Mientras el kirchnerismo atraviesa su propia guerra interna por las candidaturas de 2027, la parálisis de la reforma electoral les da aire para no tener que definir de inmediato sus propias reglas. Dirigentes del peronismo remarcan que el oficialismo no puede imponer un cambio de semejante magnitud sin los dos tercios ni los consensos amplios que una reforma de las reglas electorales exige, y anticipan que darán pelea en el recinto. La discusión, así, promete extenderse.

El resultado es una reforma que el Gobierno anuncia como prioritaria pero que, por ahora, no tiene destino cierto. La admisión de Bullrich funcionó como un sinceramiento: el oficialismo quiere, pero no puede, y su propio bloque no termina de acordar el reemplazo de las PASO. Entre la convicción del Ejecutivo y la aritmética del Congreso hay una brecha que ni la Mesa Política ni los gestos hacia los gobernadores lograron cerrar todavía. Esa distancia es la que define, hoy, el futuro incierto de la reforma.

El debate sobre las PASO tiene, además, una dimensión histórica que excede a la coyuntura. Las primarias abiertas se incorporaron al sistema electoral argentino hace más de una década con el argumento de democratizar la selección de candidatos y ordenar la oferta partidaria, y su eliminación implicaría revertir una regla que atravesó varios procesos electorales. Modificar el sistema de primarias no es un ajuste técnico menor sino una intervención sobre las reglas de fondo de la competencia política, y por eso una reforma de ese calibre suele requerir consensos amplios que hoy no aparecen. El peso institucional del cambio agrava la dificultad de conseguir los votos.

Los gobernadores, una vez más, aparecen como actores decisivos. Muchos de ellos ya adoptaron en sus provincias esquemas electorales propios y observan la discusión nacional con la mirada puesta en cómo impacta en sus territorios, lo que agrega una capa de complejidad a la negociación. La reforma electoral no se define solo entre el oficialismo y la oposición sino también en la relación entre la Nación y las provincias, donde cada mandatario mide cómo le conviene ordenar la competencia en su distrito. El federalismo electoral complica cualquier reforma de alcance nacional.

Lo que viene, cuando el Congreso retome la actividad, será una nueva ronda de negociaciones en la que el oficialismo deberá elegir entre ceder en el mecanismo o resignar la reforma para este año. La pregunta que sobrevuela el debate, y que ni el propio bloque libertario respondió, es qué sistema reemplazaría a las primarias sin concentrar todo el poder de armado en las conducciones. Hasta que esa respuesta no aparezca, la reforma electoral seguirá siendo un anuncio sin votos.