El Gobierno decidió cerrar la tregua que le había impuesto el clima mundialista y volvió a poner en movimiento el aparato de decisión política de la Casa Rosada. La Mesa Política, el núcleo reducido donde se ordenan las prioridades del oficialismo, se reunió esta semana para reencauzar las negociaciones con el Congreso y con los gobernadores después de un mes en el que la agenda quedó suspendida entre la pelota y el receso invernal. El objetivo declarado es llegar al segundo semestre con una hoja de ruta clara y con algún resultado legislativo que mostrar antes de que arranque, de lleno, el año electoral.

En ese reordenamiento, el propio Javier Milei se comprometió a presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central la semana próxima, una iniciativa que el oficialismo viene anticipando desde hace meses y que apunta al corazón de su programa monetario. La reforma del BCRA es, a la vez, la bandera más ideológica del mileísmo y la que mayor resistencia genera incluso entre sus socios parlamentarios, porque toca la discusión de fondo sobre la emisión, la independencia del organismo y el rol del Estado en la política de crédito. El Presidente la ubicó como el eje que debe estructurar el debate económico del semestre.

La reunión de la Mesa Política llegó después de semanas en las que el Ejecutivo había perdido iniciativa. La salida de Manuel Adorni de la Secretaría de Comunicación y Prensa y la reubicación de su número dos habían dejado al Gobierno sin un vocero fuerte, mientras la economía mostraba señales mixtas y el Congreso entraba en receso con varios proyectos frenados. La foto del núcleo duro volviendo a sentarse a la misma mesa buscó transmitir, sobre todo, la idea de que la gestión recupera el control de su propia agenda y no la deja a merced de la coyuntura. Puertas adentro, en la Casa Rosada admiten que necesitan mostrar frutos concretos.

El paquete que el oficialismo quiere destrabar en el segundo semestre incluye, además de la reforma del Banco Central, la reforma electoral con la eliminación de las PASO, el llamado Super RIGI para ampliar el régimen de incentivo a las grandes inversiones y una reforma laboral que los gremios ya anticiparon que van a resistir en la calle. Es una agenda ambiciosa para un bloque que sigue sin tener asegurados los votos en ninguna de las dos cámaras. Cada uno de esos proyectos depende de una negociación abierta con los gobernadores dialoguistas, que aprendieron a poner precio a su acompañamiento y que esta vez llegan a la mesa con la sartén por el mango.

La estrategia de la Casa Rosada combina el gesto político con la billetera acotada. En paralelo a la Mesa Política, el Gobierno organizó actos de acercamiento con mandatarios provinciales, entre ellos la firma del traspaso de la administración de una ruta nacional a Santa Fe, y sumó a figuras del entorno presidencial que hasta ahora se mantenían al margen de la gestión cotidiana. La secretaria general de la Presidencia apareció en un rol inusualmente activo, con un mensaje dirigido a los gobernadores en el que aseguró que "el Gobierno nacional se preocupa por las provincias porque somos todos argentinos", según difundió la propia Casa Rosada. El movimiento fue leído como un intento de descomprimir la tensión con el interior.

Los analistas que siguen de cerca la relación entre Nación y provincias advierten que el oficialismo llega a esta etapa condicionado por el calendario. Con las elecciones de medio término en el horizonte, cada ley que el Gobierno quiera aprobar deberá pasar por la aprobación de bloques provinciales que ya no están dispuestos a firmar en blanco. El reordenamiento de la Mesa Política reconoce, en los hechos, que la etapa del decreto y la motosierra sin negociación llegó a un techo y que sin acuerdos amplios la agenda de reformas se traba en el Congreso. Esa lectura circula incluso entre dirigentes que apoyan el rumbo económico.

En el terreno económico, el Gobierno intenta capitalizar los datos que juegan a su favor. El riesgo país se ubica en torno de los 410 puntos, cerca de sus mínimos de los últimos años, y las reservas brutas del Banco Central escalaron a un nuevo máximo de la gestión. Esos números son el principal activo que la Casa Rosada exhibe para sostener que el programa de estabilización empieza a mostrar resultados, aunque la calle sindical y la caída del consumo cuenten otra historia. El desafío es traducir la mejora financiera en respaldo político y social.

La reforma del Banco Central que el Presidente anunció para la semana próxima concentrará buena parte de la discusión. En el oficialismo la presentan como el paso necesario para blindar la política antiinflacionaria de futuros gobiernos, mientras que en la oposición y en sectores del propio arco dialoguista advierten que una reforma de ese calibre requiere consensos que hoy no están dados. El texto todavía no se conoce en detalle, y esa incertidumbre alimenta las especulaciones sobre hasta dónde estará dispuesto a ceder el Gobierno para conseguir los votos que le faltan. La letra chica será decisiva.

El trasfondo de todo el movimiento es la campaña que ya asoma. El oficialismo sabe que el segundo semestre funciona como antesala del año electoral y que cada gesto de estos meses será leído en clave de posicionamiento. La reactivación de la Mesa Política, la ofensiva sobre las provincias y el anuncio de la reforma del Banco Central conforman una misma jugada: mostrar un Gobierno que retoma la iniciativa justo cuando la oposición peronista se despedaza en su propia interna. En ese contraste, la Casa Rosada apuesta a diferenciarse por el orden.

La interna del propio oficialismo es una variable que la Mesa Política también debe administrar. La convivencia entre los distintos sectores que integran el Gobierno —los que llegaron con el Presidente, los que se sumaron desde el PRO y los técnicos del área económica— no siempre es armónica, y el reordenamiento busca alinear a todos detrás de una misma hoja de ruta. La cohesión interna es tan importante como los acuerdos externos, porque un oficialismo dividido pierde capacidad de negociación frente a los gobernadores y la oposición. El orden hacia adentro es condición del orden hacia afuera.

El factor económico seguirá marcando el pulso de la etapa. La evolución de la inflación, el nivel de actividad, el poder adquisitivo y el empleo serán los datos que definan el humor social con el que el Gobierno llega a las elecciones, más allá de los indicadores financieros que hoy exhibe. La mejora del riesgo país y de las reservas convive con una economía real que todavía no despega, y esa brecha entre los números financieros y la vida cotidiana es el principal desafío que el oficialismo deberá cerrar. El bolsillo será, en definitiva, el árbitro del año electoral.

Lo que quedó pendiente, sin embargo, es la traducción de los anuncios en votos concretos. La Mesa Política puede ordenar la agenda hacia adentro, pero la reforma electoral, el Super RIGI y la reforma laboral siguen dependiendo de un Congreso donde el oficialismo es minoría y donde los gobernadores negocian cada artículo. El Gobierno reabrió el juego, pero la partida real recién empieza cuando el Congreso vuelva del receso el 6 de agosto y haya que contar las manos levantadas, no las fotos de la mesa chica. Hasta entonces, el reordenamiento es apenas una declaración de intenciones.