La Legislatura bonaerense decidió no quedarse al margen de una pelea que puede borrar del mapa a toda una industria provincial. El diputado Alejandro Acerbo, que preside la Comisión de Producción y Comercio Interior de la Cámara de Diputados, llevó al recinto de comisión la discusión por la reforma de la Ley de Biocombustibles que impulsa Patricia Bullrich e invitó al titular de CEPREB, Federico Martelli, a exponer sobre el riesgo que corre el biodiesel bonaerense. La reunión encendió las alarmas sobre un proyecto que, según los productores, condena a la quiebra a las pymes del sector y concentra el negocio en un puñado de multinacionales instaladas en el puerto de Rosario.

Lo que está en juego no es un detalle. La provincia de Buenos Aires produce el 35% del biodiesel que se consume en el país, un abastecimiento que hoy está en manos de diez pymes radicadas en Bahía Blanca, Ramallo, Saladillo, Junín, Daireaux y Pilar. Son plantas que generan empleo y arraigo en el interior bonaerense, y que nacieron precisamente al amparo de una política pública que las incentivó a instalarse lejos de los grandes polos exportadores. El proyecto oficial pone en jaque, de un plumazo, todo ese entramado productivo.

El texto que empuja el oficialismo —redactado por la Secretaría de Energía y presentado en el Senado por Bullrich junto a otros seis senadores— deroga la Ley 27.640 y reemplaza el régimen vigente. En el papel eleva el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil del 7,5% al 10% y el de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, pero el corazón de la reforma es la apertura del mercado interno —hasta ahora reservado por ley a las empresas regionales— a las grandes cerealeras integradas. Su artículo 38, además, fija un cronograma que reduce la cuota asignada a las pymes del 7,5% actual al 3% en 2030, para luego liberarla por completo: un certificado de defunción en cuotas.

El punto que más preocupa a los legisladores bonaerenses es que el proyecto obliga a las pymes de la Provincia a competir, en la misma cancha, contra las multinacionales integradas —Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD y Cofco, entre otras— que tienen sus plantas ociosas en el cordón del Paraná. No es una competencia pareja: no hay paridad de armas. Los productores regionales lo explican con datos concretos que desarman el argumento de la "libre competencia" que esgrime el oficialismo.

El primero de esos datos es demoledor. Las grandes cerealeras son las que proveen a las pymes el aceite de soja con el que estas fabrican el biodiesel, y se los venden más caro que el precio al que ellas mismas exportan ese aceite. Es decir: quien tiene que competir con las pymes es, al mismo tiempo, su proveedor de materia prima y le fija el costo. A eso se suma una ventaja impositiva estructural: las cerealeras no pagan Ingresos Brutos ni Impuesto al Cheque sobre esa materia prima, porque ya la tienen en sus propias plantas y el biocombustible es apenas un eslabón más de su cadena integrada. La pyme, en cambio, compra, tributa y recién ahí produce.

El proyecto agrega un mecanismo que redondea el desbalance: habilita a las petroleras a computar hasta un 3% de aceite de soja o de maíz, comprado directamente a las cerealeras, como parte del corte obligatorio que están obligadas a integrar, recortando todavía más el cupo que hoy sostienen las pymes. Traducido, el negocio que el propio Estado construyó durante años para las empresas del interior pasaría, en cuestión de meses, a manos de los grandes jugadores exportadores del complejo aceitero.

En ese marco, la Comisión de Producción y Comercio Interior se convirtió en una caja de resonancia del reclamo. Presidida por Acerbo —diputado por la Sexta sección y representante de Daireaux, uno de los distritos con planta de biodiesel—, la comisión recibió a Martelli para escuchar de primera mano el diagnóstico del sector. El cuerpo la completan el vicepresidente Germán Di Cesare (Unión por la Patria, General Alvarado), el secretario Matías Civale (UCR + Cambio Federal, Tandil) y los vocales Juan Ariel Archanco (Unión por la Patria, La Plata), Natalia Blanco (PRO, Zárate), Oscar Liberman (La Libertad Avanza, Bahía Blanca) y Juan Martín Malpeli (Unión por la Patria, La Plata).

El dato político no es menor: la comisión cruza a todos los bloques y sienta en la misma mesa a legisladores de distritos donde el biodiesel es parte del entramado productivo. Entre sus integrantes hay un diputado de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, que representa a Bahía Blanca —otra de las ciudades bonaerenses con planta pyme—, lo que expone hasta qué punto el proyecto de Bullrich puede fracturar incluso las filas libertarias en el interior. El titular de CEPREB, por su parte, expuso su preocupación por la matriz energética y reclamó criterios que protejan a las pymes regionales en la consolidación de cualquier política comercial.

Martelli fue directo sobre lo que significaría el proyecto para la Provincia. "La provincia de Buenos Aires no se puede dar el lujo de ver cómo Santa Fe se lleva su producción de biodiesel y acá quedan las empresas quebradas y los trabajadores en la calle", advirtió el director ejecutivo de CEPREB ante los diputados. El planteo apunta al núcleo del conflicto: la reforma no solo cambia las reglas, sino que traslada geográficamente el negocio, del interior bonaerense al polo portuario santafesino donde operan las multinacionales.

El referente pyme también le puso presión al poder político provincial. "Es fundamental que los legisladores y el gobernador Kicillof salgan en defensa de la producción bonaerense y no se dejen amedrentar por Bullrich y el poder de las aceiteras", sostuvo Martelli, en un llamado explícito a que la Provincia haga valer su peso. La apelación no cayó en saco roto: la sola convocatoria a la comisión ya es una señal de que la Cámara baja bonaerense se dispone a intervenir en una discusión que, hasta ahora, se libraba casi con exclusividad en el Senado nacional.

La movida legislativa se enmarca en un frente de resistencia que excede a la Provincia. Al menos cuatro distritos productores —Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Buenos Aires— vienen presionando en contra del proyecto, y desde el Ejecutivo bonaerense el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, emitió un comunicado en rechazo de la iniciativa. En paralelo, dirigentes del peronismo bonaerense como Julián Domínguez asumieron la defensa de las pymes del sector, en un tema con alta sensibilidad federal donde ningún legislador quiere quedar pegado a la imagen de haber votado a favor de las grandes exportadoras y en contra de las empresas de su propia provincia.

Por ahora, el proyecto que Bullrich daba por encaminado no reúne los votos en el Senado, y en el sector pyme insisten en que hay una salida: subir el corte obligatorio, segmentar el mercado para que cada empresa compita con sus pares y dejar el coprocesamiento de las petroleras por encima del cupo, en lugar de dentro. La ley puede destrabarse si el oficialismo acepta escuchar a las pymes que el propio Estado mandó a instalarse lejos de Rosario; la pregunta es si la épica desreguladora está dispuesta a ese gesto, o si prefiere estrellar el proyecto con tal de no admitir que, esta vez, los números no le cierran. En el medio, diez plantas bonaerenses y sus trabajadores esperan que la Legislatura convierta la preocupación de comisión en una defensa concreta de lo que producen.