La CGT volvió a la calle, pero lo hizo con una mano en la pancarta y la otra en la mesa de negociación. La central obrera, junto a las dos CTA, la UTEP, la ATE y diversas organizaciones de jubilados y movimientos sociales, confluyeron en una jornada nacional de protesta frente al Congreso contra las políticas del gobierno de Javier Milei. La movilización, una de las más numerosas del semestre, expuso el malestar acumulado por el ajuste, la caída del poder adquisitivo y la situación de los jubilados.

Sin embargo, la foto de la protesta convivió con una realidad menos visible: la de la negociación. En paralelo a la marcha, la conducción cegetista había conseguido que el Gobierno modificara por decreto una restricción de la reforma laboral que afectaba de lleno a la caja sindical, un logro que matizó el tono confrontativo de la jornada. La central mostró músculo en la plaza mientras cerraba acuerdos en los despachos, una ecuación que define su relación ambivalente con la Casa Rosada.

El decreto en cuestión no es un detalle. A través del Decreto 612/2026, el Gobierno modificó el anterior Decreto 407/2026 y flexibilizó el esquema de aportes y contribuciones previstos en los convenios colectivos, tras negociaciones políticas y técnicas con la cúpula de la CGT. La reforma amplió la base de cálculo de las cuotas de solidaridad que financian a los gremios, revirtiendo una restricción que la central consideraba lesiva para sus recursos. En criollo: el Gobierno le devolvió a los sindicatos parte de la caja que la reforma laboral les había recortado.

La negociación tuvo protagonistas de peso de ambos lados. Por la CGT participaron Gerardo Martínez (UOCRA), Cristián Jerónimo (SEIVARA) y Jorge Solá (Seguro), mientras que el Gobierno estuvo representado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo. La presencia de ese elenco de primera línea en la negociación revela hasta qué punto el Gobierno necesita administrar la relación con el sindicalismo, incluso mientras lo confronta en el plano discursivo. La foto de la mesa contradice el relato oficial de tolerancia cero con las corporaciones.

La central había considerado al Decreto 407/2026 original como restrictivo porque reducía la base para calcular las cuotas de solidaridad únicamente al salario básico convencional, lo que recortaba de manera significativa los recursos sindicales. El nuevo decreto amplió esa base para incluir las sumas "normales y habituales de pago mensual de origen convencional" y excluyó del tope del 2% los aportes patronales destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales. El resultado concreto es que los gremios recuperan financiamiento, en un momento en que la caída del empleo formal y la licuación de los salarios erosionan su base de sustento.

La estrategia de la CGT —marchar y negociar al mismo tiempo— generó lecturas encontradas. Para los sectores más combativos del sindicalismo, encabezados por las CTA y por dirigentes díscolos, la conducción cegetista juega un doble juego que desmoviliza la protesta a cambio de concesiones corporativas. La crítica interna es que la central prioriza la defensa de la caja sindical por sobre la pelea de fondo contra el ajuste que golpea a los trabajadores y a los jubilados. La tensión entre la cúpula y las bases es uno de los datos políticos del momento.

Desde el Gobierno, en cambio, la modificación se presenta como una muestra de "diálogo" con los actores dispuestos a negociar, en contraste con los que eligen la confrontación. La Casa Rosada apuesta a dividir al arco sindical: premiar con concesiones a la conducción dialoguista y aislar a los sectores más duros, en una táctica que busca desactivar la conflictividad sin ceder en el rumbo económico. El decreto sobre la caja sindical es, en esa clave, tanto una concesión como una jugada de ajedrez político.

Los jubilados, otra vez, fueron uno de los ejes de la protesta. Las organizaciones que los representan reclaman por el deterioro de los haberes y por el impacto del ajuste sobre los sectores más vulnerables, en una demanda que atraviesa todas las movilizaciones recientes. La imagen de los adultos mayores marchando frente al Congreso se convirtió en un símbolo de las consecuencias sociales del programa económico, más allá de la letra chica de los decretos sobre aportes sindicales. Esa postal, difícil de rebatir, es la que más incomoda al oficialismo.

La jornada dejó, en definitiva, una radiografía compleja de la relación entre el Gobierno y el mundo del trabajo. Hubo marcha y hubo acuerdo; hubo confrontación en la plaza y negociación en el despacho; hubo pancartas contra el ajuste y un decreto que le devolvió recursos a los gremios. La CGT sostuvo su doble estrategia de presión y diálogo, mientras el Gobierno administró el conflicto con concesiones puntuales. En el medio, los trabajadores y los jubilados que llenaron la plaza esperan que la pelea de fondo —la del poder adquisitivo— tenga algún día la misma prioridad que la de la caja sindical.

La modificación del decreto tiene, además, una lectura en clave de la reforma laboral en curso. La Ley de Modernización Laboral fue una de las apuestas del Gobierno para flexibilizar el mercado de trabajo, y su reglamentación original había tensado la relación con el sindicalismo al recortar la base de las cuotas de solidaridad. Que la Casa Rosada haya dado marcha atrás en ese punto revela que, aun con un discurso de confrontación con las "corporaciones", el Gobierno necesita administrar la relación con los gremios para evitar un frente de conflicto abierto en pleno año preelectoral. La pragmática se impuso sobre la retórica.

La CGT, por su parte, juega su propia interna. La conducción cegetista busca sostener su representatividad frente a los sectores más combativos y frente a una base golpeada por la caída del salario real, y la combinación de marcha y negociación es la fórmula con la que intenta contener las dos presiones. El riesgo para la central es quedar atrapada entre la exigencia de las bases, que reclaman una pelea de fondo, y la conveniencia de la cúpula, que prioriza preservar la estructura y los recursos sindicales. Ese equilibrio, cada vez más frágil, define su margen de maniobra.

El conflicto por los haberes de los jubilados, en tanto, seguirá siendo el flanco más sensible para el oficialismo. Las movilizaciones que semana a semana ponen a los adultos mayores en la calle son difíciles de contrarrestar con relatos, porque exhiben de manera directa el costo social del ajuste sobre un sector que no tiene cómo recomponer sus ingresos. Entre concesiones a la caja sindical y una deuda pendiente con los jubilados, el Gobierno administra la conflictividad con la mira puesta en las urnas. La pelea de fondo, la del poder adquisitivo, sigue esperando su turno.