El Congreso cerró el primer semestre del año con más frustraciones que sanciones. El Senado entró al receso invernal después de una sesión que quedó en cuarto intermedio, con varias leyes clave frenadas y una agenda que el oficialismo no logró destrabar antes del parate. El balance dejó al descubierto las dificultades del Gobierno para construir mayorías estables en la Cámara alta, donde depende del acompañamiento de bloques provinciales y dialoguistas.

La postergación de proyectos no es un dato menor de cara al segundo semestre. El Presupuesto 2027 se perfila como la próxima gran batalla legislativa: la ley de leyes debe ser enviada a la Cámara de Diputados a mediados de septiembre, lo que deja al Ejecutivo apenas unas semanas para ordenar su propia interna y cerrar acuerdos con los gobernadores. El antecedente inmediato del Presupuesto 2026, que se aprobó a los tropezones y capítulo por capítulo en el Senado, funciona como advertencia de lo que puede venir.

Antes de ese round, el Gobierno tiene una tarea pendiente que condiciona los números. La Casa Rosada espera que el Congreso achique las llamadas "zonas frías" —el esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas en regiones de clima riguroso— para ahorrar una suma millonaria antes de definir el Presupuesto 2027. El recorte de esos beneficios es resistido por senadores de provincias patagónicas y del norte, que defienden un régimen que consideran esencial para sus poblaciones. La disputa por las tarifas, así, se cruza con la discusión presupuestaria.

El receso invernal no significa una tregua política, sino apenas un cambio de escenario. Mientras el recinto queda vacío, la negociación se traslada a los despachos, los llamados y las reuniones reservadas, donde el oficialismo intenta reconstruir los puentes que se le rompieron durante el semestre. El Gobierno sabe que sin votos provinciales no hay Presupuesto ni reforma tributaria posibles, y que cada ley trabada en junio es un problema que reaparecerá en septiembre con más urgencia.

El receso llega, además, en la antesala de un año electoral que reordena todos los cálculos. Con elecciones intermedias en el horizonte, cada bloque mide el costo político de acompañar o bloquear las iniciativas del oficialismo, y esa aritmética se vuelve más sensible a medida que se acerca la campaña. El Gobierno sabe que el tiempo juega en contra: cuanto más se acerca la elección, más caro se vuelve para los legisladores votar leyes impopulares, lo que reduce el margen para aprobar reformas de fondo. La ventana para avanzar se estrecha mes a mes.

La agenda pendiente incluye, además del Presupuesto, la reforma tributaria que impulsa el equipo económico y el paquete de desregulaciones que prepara el Ministerio de Desregulación. Todos esos proyectos comparten un mismo cuello de botella: dependen de una mayoría que el oficialismo no tiene asegurada y que debe negociar caso por caso. La fragmentación del Senado, donde ningún bloque alcanza por sí solo el quórum, convierte cada votación en una partida de ajedrez con múltiples jugadores.

Desde la oposición, distintos senadores cuestionaron que el Gobierno haya dejado pasar el semestre sin resolver los temas urgentes y que ahora pretenda comprimir toda la agenda en la recta final del año. El reproche apunta a una estrategia oficial que privilegió la confrontación mediática por sobre la construcción de consensos parlamentarios. La acusación es que el Ejecutivo prefiere el choque en redes antes que el trabajo lento de sumar votos, y que esa elección tiene un costo concreto en leyes que no salen.

El oficialismo, en cambio, atribuye la parálisis a la obstrucción opositora y confía en que la mejora de las variables económicas —la inflación de junio se ubicó por debajo del 2% por primera vez en el año— le dé un envión político para el segundo semestre. La apuesta de la Casa Rosada es que los números ordenados debiliten los argumentos de quienes bloquean sus iniciativas. El problema es que la aritmética del recinto no se mueve por el humor económico, sino por acuerdos concretos que todavía están lejos de cerrarse.

La foto del semestre deja también una lectura de fondo sobre el funcionamiento institucional. Con un oficialismo minoritario en ambas cámaras y una oposición fragmentada pero capaz de bloquear, el Congreso se convirtió en un espacio de veto mutuo donde avanzar cuesta el doble. Cada ley que se aprueba es el resultado de una negociación agotadora, y cada una que se frena es la prueba de que el poder, en la Argentina de hoy, está más repartido de lo que el discurso presidencial sugiere.

El calendario, mientras tanto, no espera. En septiembre, el Presupuesto 2027 aterrizará en Diputados y obligará a todos los actores a mostrar sus cartas. El oficialismo llegará con la necesidad de una ley que ordene las cuentas de cara a un año electoral; los gobernadores, con la factura pendiente por las transferencias recortadas; y la oposición, con el poder de complicarle la vida al Gobierno en el momento más sensible. El receso, apenas un paréntesis, terminará más pronto que tarde. Y con él, volverá la pelea que quedó en suspenso.

El antecedente inmediato refuerza las señales de alerta. El Presupuesto 2026 obtuvo media sanción en Diputados y fue aprobado en el Senado tras una sesión maratónica en la que se votó capítulo por capítulo, en un trámite que el oficialismo consiguió a fuerza de negociaciones de último momento. Junto con esa ley se aprobó también el régimen de "inocencia fiscal", parte del paquete con el que el Gobierno buscó incentivar la remonetización de la economía, en una demostración de que cada avance legislativo exigió concesiones y armados específicos. El Presupuesto 2027 promete repetir ese esquema de negociación al límite.

La discusión por las "zonas frías" ilustra la complejidad de la aritmética. El régimen de subsidios a las tarifas en regiones de clima riguroso beneficia a provincias con representación senatorial clave, y su eventual recorte enfrenta a la lógica del ahorro fiscal con la defensa de los intereses regionales. El Gobierno necesita ese ahorro para ordenar los números del Presupuesto, pero los senadores de los distritos beneficiados tienen los votos para trabar cualquier modificación que perjudique a sus provincias. Es, en pequeño, la misma tensión que atraviesa toda la relación entre la Nación y el interior.

De cara al segundo semestre, el oficialismo deberá elegir sus prioridades y ordenar una agenda que hoy aparece sobrecargada. Entre el Presupuesto, la reforma tributaria, el paquete de desregulaciones y otros proyectos pendientes, el Gobierno enfrenta el desafío de administrar el tiempo parlamentario sin dispersar sus escasas mayorías. La recta final del año legislativo, con el calendario electoral cada vez más cerca, se perfila como una de las más exigentes de la gestión.