La Justicia estadounidense volvió a golpear las cuentas del Estado argentino. La Cámara de Apelaciones de Washington confirmó la condena que obliga al país a pagar USD 390 millones por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008, un fallo que el Titan Consortium logró ratificar tras años de litigio. La resolución reactiva una de las herencias judiciales más pesadas de la reestatización dispuesta durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El conflicto se originó cuando el Estado nacionalizó ambas compañías, entonces controladas por el grupo español Marsans, que había acumulado deudas cercanas a los 890 millones de dólares tras una gestión marcada por la venta de activos y la reducción de rutas internacionales. La empresa sostuvo que la expropiación fue injusta y llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que en 2017 falló a favor de Marsans y fijó una compensación de USD 320 millones más intereses. Ese monto, actualizado, es el que hoy trepó a los USD 390 millones que reclama el consorcio acreedor.

El fallo cae en un momento particularmente delicado para la administración de Javier Milei, que hizo de la disciplina fiscal y del pago ordenado de la deuda dos de sus principales banderas. Desde el Gobierno aseguraron que todavía cuentan con herramientas legales para evitar el desembolso, y evitaron dar por perdida la causa pese al revés en la instancia de apelación. La estrategia oficial, según trascendió, apunta a agotar los recursos disponibles antes de asumir una obligación que golpearía las reservas en plena etapa de reconstrucción.

El fallo también reabre el capítulo de la gestión reciente de la compañía. Bajo la administración de Javier Milei, Aerolíneas Argentinas fue objeto de un plan de reducción de costos y de discusión sobre su eventual apertura al capital privado, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa el oficialismo. En ese marco, una condena internacional heredada de la estatización de 2008 funciona como un recordatorio incómodo de que las decisiones sobre la línea de bandera arrastran consecuencias que perduran más allá del signo político de cada gobierno. El pasado y el presente de la compañía vuelven a cruzarse.

El caso reabre una discusión que atraviesa a la política argentina desde hace más de quince años: la del costo real de la reestatización de Aerolíneas. Para los defensores de aquella decisión, la recuperación de la línea de bandera evitó el vaciamiento total de una empresa estratégica; para sus críticos, el Estado cargó con una deuda y un déficit operativo que todavía se paga, ahora también en tribunales del exterior. El fallo de Washington vuelve a poner en el centro esa herencia, en un contexto en el que el propio Gobierno de Milei impulsa esquemas de participación privada y reducción del rol estatal en la compañía.

La cronología del litigio revela la persistencia del problema. La disputa comenzó en 2008, escaló al CIADI y derivó en una condena que la Argentina no saldó en los años posteriores, hasta que el Titan Consortium adquirió los derechos del reclamo y buscó ejecutar la sentencia en jurisdicción estadounidense. Allí encontró un terreno más favorable para forzar el cobro, y la confirmación de la Cámara de Apelaciones es el último eslabón de esa cadena que deja al país frente a la disyuntiva de pagar o seguir litigando con el reloj en contra.

Especialistas en deuda soberana advierten que este tipo de fallos, aunque acotados en monto frente al stock total de pasivos, tienen un efecto simbólico y financiero relevante. Cada condena firme en tribunales extranjeros erosiona la posición negociadora del país y encarece el acceso al crédito, justo cuando el equipo económico busca comprimir el riesgo país y volver a colocar deuda en los mercados internacionales tras ocho años de ausencia. El timing, en ese sentido, no podría ser peor para la hoja de ruta de Luis Caputo.

El ministro de Economía presentó recientemente el programa financiero para lo que resta de 2026 y para 2027, con el que busca despejar las dudas sobre la capacidad de pago de los vencimientos. Una condena adicional de casi 400 millones de dólares, si finalmente se ejecuta, agregaría una variable no prevista en ese esquema, en un momento en el que cada dólar de reservas está contabilizado. Desde el entorno del ministro minimizaron el impacto y remitieron a la estrategia legal en curso, pero el mercado ya incorporó el dato entre los "ruidos" que rodean la agenda financiera oficial.

En el plano político, el fallo ofrece munición a las distintas tribunas. El oficialismo lo utiliza para reforzar su relato sobre los costos de las políticas del kirchnerismo, mientras que desde el peronismo defienden la decisión de 2008 como una recuperación de soberanía y responsabilizan al grupo Marsans por el estado en que dejó la compañía. La grieta, una vez más, se instala sobre un expediente judicial que la trasciende y que involucra a intereses privados internacionales ajenos a la discusión doméstica.

Más allá de la disputa por la interpretación histórica, el problema concreto sigue sobre la mesa: la Argentina tiene una condena confirmada en un tribunal de segunda instancia de Estados Unidos y un plazo que corre. Las opciones son limitadas: pagar, negociar una quita o una refinanciación con el consorcio acreedor, o apostar a una instancia superior con un resultado incierto y costoso. Cada camino tiene su factura, y todos se pagan con recursos públicos.

El caso, además, se suma a una larga lista de litigios internacionales que la Argentina arrastra por decisiones de distintos gobiernos, desde la expropiación de YPF al fondo Burford hasta los reclamos de holdouts que marcaron la última década. El patrón es conocido: expedientes que nacen en una gestión, se arrastran por varias y terminan estallando en otra, sin importar el signo político del gobierno de turno. Esa continuidad de los pasivos judiciales es, para los especialistas, uno de los costos ocultos de la inestabilidad institucional argentina.

El episodio deja, en definitiva, una postal recurrente de la relación entre la Argentina y los tribunales internacionales. Aerolíneas Argentinas, la línea de bandera que volvió a manos del Estado en 2008, sigue volando; su factura judicial, en cambio, todavía no terminó de aterrizar. Y mientras el Gobierno apuesta a agotar las instancias legales, el reloj del reclamo sigue corriendo, con intereses que se acumulan y una definición que, tarde o temprano, deberá tomarse con plata de todos.