El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a la carga con un nuevo paquete de reformas que promete sacudir varios mercados a la vez. El texto, de 144 páginas, modifica y deroga decenas de leyes con el objetivo declarado de profundizar la liberalización de distintos sectores de la economía, y ya empezó a circular entre despachos oficiales antes de su envío al Congreso. La iniciativa, confirmada por fuentes del propio ministerio, es la continuación de la lógica desreguladora que el funcionario convirtió en su sello desde el inicio de la gestión.

Entre los puntos más sensibles aparece la desregulación del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), el que se usa en garrafas y cilindros. El proyecto deroga la Ley 26.020, que considera al servicio como de interés público y habilita al Estado a regular precios, abastecimiento y subsidios, incluida la garrafa social. De aprobarse, los valores quedarían sujetos exclusivamente a la oferta y la demanda, un giro que impacta de lleno sobre los hogares de menores ingresos que dependen del GLP para cocinar y calefaccionarse durante el invierno.

El capítulo de las farmacias también encendió alarmas. La iniciativa elimina la exclusividad que hoy tienen esos comercios para vender medicamentos de venta libre y habilita su comercialización en supermercados, kioscos y otras bocas de expendio. La medida se presenta como una ampliación de la competencia y una baja de precios para el consumidor, pero desde el sector farmacéutico advierten que erosiona el rol sanitario del farmacéutico y golpea a las pymes del rubro frente a las grandes cadenas.

Otro de los blancos es el mercado del libro. El texto deroga el precio uniforme de venta al público, lo que permitiría a las grandes cadenas y a los supermercados aplicar descuentos agresivos que las librerías de barrio no pueden igualar. El sector editorial independiente ya había advertido, en anteriores rondas de desregulación, que la eliminación de ese piso amenaza la supervivencia de las librerías chicas y la bibliodiversidad, un argumento que el oficialismo desestima al considerarlo una defensa corporativa de privilegios.

El paquete alcanza además al mercado inmobiliario. El proyecto elimina la obligación de contar con título universitario de Martillero y Corredor Público para ejercer la actividad, y establece que bastará con el secundario completo y la mayoría de edad. También suprime la posibilidad de fijar aranceles mínimos o de referencia, una desregulación que los colegios de corredores rechazan por considerar que abre la puerta a la informalidad y desprotege al consumidor en una de las operaciones más importantes de su vida.

La estrategia de Sturzenegger repite el molde de sus anteriores desregulaciones: agrupar en un mismo texto reformas dispersas, presentar cada una como una liberación de trabas burocráticas y desafiar a los sectores afectados a defender en público sus "privilegios". El argumento oficial es que las regulaciones vigentes protegen rentas corporativas y encarecen bienes y servicios para el conjunto de los consumidores, una tesis que el ministro sostiene con la misma convicción con la que la aplica. La contracara, según las cámaras del comercio minorista y los colegios profesionales, es un mercado donde los grandes jugadores absorben a los pequeños y donde el Estado se retira de la protección de los más vulnerables.

El capítulo del gas en garrafa concentra buena parte de la sensibilidad social del proyecto. El GLP es el combustible que utilizan para cocinar y calefaccionarse millones de hogares que no están conectados a la red de gas natural, muchos de ellos en los sectores de menores ingresos y en zonas alejadas de los grandes centros urbanos. La garrafa social, creada precisamente para garantizar el acceso a ese insumo básico a un precio subsidiado, es el corazón del régimen que el proyecto propone derogar, un punto que las organizaciones sociales y las cámaras de comerciantes ya anticipan como uno de los más resistidos. La discusión, en ese terreno, deja de ser técnica para volverse profundamente social.

El antecedente del ministro pesa en la lectura del nuevo paquete. Sturzenegger fue el arquitecto del DNU 70/2023 y de sucesivas rondas de desregulación que desmontaron regímenes y controles en sectores que iban del alquiler al comercio exterior. Cada uno de esos capítulos dejó ganadores y perdedores, y la evaluación de sus resultados sigue siendo materia de disputa entre quienes celebran la apertura de los mercados y quienes denuncian la concentración que, según advierten, quedó como saldo. El nuevo proyecto se inscribe en esa saga y arrastra la misma controversia.

Economistas críticos del rumbo señalan que la desregulación de bienes esenciales, como la garrafa, no puede analizarse con la misma vara que la de un servicio prescindible. El referente Emmanuel Álvarez Agis ha cuestionado en distintas intervenciones públicas la idea de que el mercado, librado a su suerte, garantiza precios accesibles para los sectores de menores recursos, y advirtió que la retirada del Estado en insumos básicos tiende a profundizar la desigualdad. En la misma línea, cámaras de comerciantes anticipan que la eliminación de la garrafa social dejaría a miles de familias expuestas a la volatilidad de un mercado concentrado.

El proyecto todavía no ingresó al Congreso, pero la intención oficial es enviarlo en las próximas semanas, una vez que se destrabe la agenda parlamentaria tras el receso invernal. Allí la iniciativa deberá enfrentar la aritmética legislativa, donde el oficialismo depende del acompañamiento de gobernadores y bloques dialoguistas que ya vienen marcándole la cancha en otras negociaciones. El antecedente de la Ley Bases y de los paquetes anteriores muestra que ninguna desregulación de esta escala pasa sin negociación previa ni sin resistencias en el recinto.

En el Gobierno confían en que el clima de baja de la inflación —el IPC de junio se ubicó por debajo del 2% por primera vez en el año— y la mejora de las variables financieras le den aire político a Sturzenegger para avanzar. La apuesta oficial es que el humor social acompañe la idea de que menos regulación equivale a precios más bajos, y que los sectores que resisten queden expuestos como defensores de privilegios. Del otro lado, los afectados preparan su propia batería de argumentos y buscan mostrar que detrás de la retórica de la libertad económica hay ganadores y perdedores concretos.

El debate, en el fondo, excede a la letra de las 144 páginas. Lo que está en discusión es el modelo de país que propone el mileísmo: un Estado que se corre de la fijación de precios y de la protección de sectores considerados débiles, en nombre de una competencia que sus críticos consideran desigual desde el arranque. Entre la garrafa liberada y la librería de barrio que no puede competir con el descuento del supermercado, el proyecto de Sturzenegger vuelve a poner sobre la mesa la pregunta de siempre: quién gana y quién pierde cuando el Estado se retira. La respuesta, esta vez, tendrá que darla el Congreso.