La seña de alerta de los representantes de los profesionales del derecho apunta contra la parálisis política que mantiene congelados los nombramientos de los magistrados provinciales. El texto oficial de la entidad gremial remarca que el funcionamiento del tribunal con apenas tres miembros estables de su dotación original provoca demoras severas en la resolución de los expedientes y vulnera las garantías básicas de los justiciables. Ante este panorama de debilidad administrativa, los abogados le exigieron al Poder Ejecutivo provincial remitir de forma inmediata los pliegos correspondientes al Senado bonaerense para reactivar los mecanismos constitucionales de designación.

El reclamo corporativo de los letrados bonaerenses excede los límites geográficos de las diagonales platenses y se trasladó de forma directa hacia el plano institucional federal. En el mismo pronunciamiento público, la mesa de conducción del ColProBA incluyeron un firme reclamo dirigido al Congreso de la Nación para destrabar las vacancias de la Corte Suprema nacional. La entidad argumentó que tanto el escenario provincial como el federal exigen un urgente compromiso de todo el arco político para dotar de estabilidad a las cúpulas del Poder Judicial, evitando que las disputas partidarias terminen por degradar la seguridad jurídica de la República.

En los pasillos de la gobernación bonaerense en La Plata recibieron el documento técnico con cautela, atribuyendo las demoras burocráticas a la falta de consensos parlamentarios de base amplia en la Legislatura. Los operadores políticos de Unidos y de los bloques opositores admiten de forma reservada que la negociación por los nombres de los jueces permanece trabada dentro de un paquete general de reparto de cargos institucionales. Esta lógica de rosca política cruzada paraliza no solo las vacantes de la Suprema Corte, sino que congela la designación de cientos de jueces, fiscales y defensores oficiales en los departamentos judiciales del interior.

Las diferentes asociaciones de magistrados y colegios departamentales del Conurbano y el interior manifestaron de inmediato su adhesión al diagnóstico crítico formulado por el ColProBA. Los profesionales coinciden en que la falta de un tribunal penal y civil plenamente integrado desincentiva la llegada de inversiones comerciales genuinas debido a la previsibilidad de los plazos judiciales. Advierten que, mientras la agenda pública se concentra de forma exclusiva en las disputas por los fondos de la coparticipación y la obra pública, la crisis de la estructura judicial bonaerense pone en riesgo el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.

La gravedad del escenario se potencia en los fueros laboral y de familia de los distritos más densamente poblados, donde el colapso operativo es inminente. La falta de firmas habilitadas obliga a los jueces subrogantes a multiplicarse entre dependencias distantes decenas de kilómetros, estirando las fechas de audiencias clave por meses. Esta acumulación de trámites demorados afecta de manera directa a los sectores más vulnerables de la sociedad que dependen de fallos rápidos por alimentos o indemnizaciones laborales legítimas.

Frente a esta coyuntura crítica, los colegios departamentales evalúan endurecer las medidas de visibilización pública mediante asambleas en las escalinatas de los tribunales. Exigen que la parálisis del Consejo de la Magistratura provincial se destrabe de forma independiente a las negociaciones por los pliegos políticos mayores de la Corte. Los litigantes platenses advierten que la paciencia de la comunidad jurídica llegó a su límite y que la falta de respuestas institucionales forzará una judicialización del propio sistema de nombramientos estatales.

Con el reclamo de los abogados ya instalado formalmente en el centro del escenario institucional de este segundo semestre de 2026, la presión se traslada ahora a las mesas de enlace legislativo. El devenir de las próximas semanas de labor en el Senado provincial medirá la verdadera capacidad de Kicillof para destrabar los acuerdos políticos necesarios con los bloques de la oposición dialoguista. De cara al tramo final del año, queda claro que la normalización del máximo tribunal y la transparencia en las designaciones constituirán los principales ejes de debate para garantizar el equilibrio de los poderes públicos en la provincia.