El Gobierno de Javier Milei encara la discusión por la reforma tributaria con un flanco abierto: los gobernadores llegan a la negociación golpeados por el recorte de fondos, pero con un poder de veto que crece a medida que el oficialismo necesita sus votos. La combinación de coparticipación en discusión, ATN en cero y recursos propios en caída dejó a las provincias enojadas y, paradójicamente, más fuertes a la hora de negociar. El segundo semestre se abre con esa tensión de fondo.

Los números explican el malestar. Las transferencias no automáticas a las provincias registraron en junio una caída real interanual del 61,8%, el peor junio desde 2005, y en el sexto mes del año no hubo desembolsos de Aportes del Tesoro Nacional. El ajuste sobre los giros discrecionales, una de las herramientas con las que la Nación premia o castiga a los distritos, dejó a los gobernadores sin la caja con la que solían cerrar sus cuentas. El recorte, que el oficialismo exhibe como parte de su equilibrio fiscal, se vive en las provincias como una asfixia.

En ese marco, el Gobierno pretende avanzar en el segundo semestre con una reforma tributaria que reduzca la carga impositiva y, según el relato oficial, simplifique la vida de los contribuyentes. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedó a cargo de salir a buscar el respaldo de los mandatarios provinciales, en una negociación que arranca cuesta arriba. La Casa Rosada quiere bajar impuestos, pero necesita que las provincias acompañen, y las provincias no están dispuestas a regalar apoyo después de meses de recortes. El intercambio se plantea, desde el arranque, como un toma y daca.

El principal obstáculo es el Impuesto a las Ganancias. Cualquier reducción de ese tributo afecta la base que se coparticipa entre la Nación y las provincias, de modo que los gobernadores advierten que no acompañarán una rebaja financiada con los fondos que les corresponden. El conflicto es matemático antes que ideológico: lo que la Nación quiere resignar en Ganancias sale, en parte, del bolsillo de los distritos. Esa ecuación amenaza con trabar la negociación antes de que empiece en serio.

A comienzos de julio, Milei consiguió una foto con gobernadores en la previa de las celebraciones patrias y reeditó el espíritu del Pacto de Mayo, con compromisos que incluían la reforma tributaria y una rediscusión de la coparticipación federal. El propio documento describía el esquema vigente como un modelo "extorsivo" que perjudica a las provincias. La foto de unidad, sin embargo, no alcanzó para despejar la desconfianza: los mandatarios firmaron los principios, pero se reservaron el detalle, que es donde se juega el dinero. El gesto simbólico convive con la disputa concreta por los recursos.

Los gobernadores, incluso los que mantienen una relación de diálogo con la Casa Rosada, coinciden en un punto: no habrá apoyo automático sin contrapartida. La reducción de la coparticipación, la falta de ATN y la caída de la recaudación propia tensionaron el vínculo con la Nación y, al mismo tiempo, fortalecieron la posición negociadora de los distritos. Cuanto más necesita el Gobierno los votos provinciales para sus reformas, más caro se vuelve cada acuerdo. La aritmética del Congreso convirtió a los gobernadores en actores decisivos del segundo semestre.

Desde el oficialismo se responde que el ordenamiento de las cuentas nacionales es la condición para cualquier baja de impuestos sostenible, y que las provincias también deben hacer su parte en el esfuerzo fiscal. El argumento choca con la realidad de distritos que vieron desaparecer los giros discrecionales y que reclaman previsibilidad antes que promesas. El Gobierno pide a las provincias que acompañen un ajuste que ellas ya vienen absorbiendo, sin la caja que la Nación les recortó. Ese desbalance atraviesa toda la discusión.

La negociación por la reforma tributaria se entrelaza, además, con el tratamiento del Presupuesto 2027, que debe llegar a Diputados a mediados de septiembre. Los gobernadores saben que ese es el momento de mayor poder para poner condiciones, ya que el oficialismo necesita aprobar la ley de gastos con holgura. La reforma impositiva y el Presupuesto se transformaron en las dos caras de una misma pulseada, donde cada distrito medirá cuánto puede arrancarle a la Nación. El resultado definirá el clima político de fin de año.

Con las transferencias en su piso histórico y los gobernadores decididos a cobrar caro su apoyo, el Gobierno afronta una negociación que no controla. La reforma tributaria, presentada como una señal de alivio, depende de un acuerdo federal que hoy está lejos de cerrarse. En la mesa de la coparticipación, el oficialismo descubrió que el ajuste que le dio superávit también le quitó la herramienta con la que solía disciplinar a las provincias. El segundo semestre dirá quién paga la factura.