La instalación del operativo clamor en actos del interior bonaerense busca romper la premisa de que el mandatario provincial es el candidato natural e indiscutido de la oposición. Al reinstalar la centralidad de la exjefa de Estado, la organización juvenil intenta esmerilar el armado propio que Kicillof teje pacientemente con intendentes y sindicatos aliados. Desde el entorno del Gobernador leen la jugada con extrema preocupación, advirtiendo que el kirchnerismo duro prefiere condicionar el proyecto colectivo a cambio de retener cajas institucionales y asegurarse cuotas de poder legislativo en las listas del año próximo.

El segundo gran frente de tormenta de esta estrategia de desgaste se mudó de forma directa al corazón del Conurbano profundo. Máximo Kirchner delegó en el diputado provincial Facundo Tignanelli la misión de arrebatarle el control político de La Matanza al peronismo tradicional que conducen Fernando Espinoza y Verónica Magario. El desembarco camporista en el distrito más poblado del país busca quebrar la histórica hegemonía del aparato local, utilizando los recientes triunfos en las elecciones de los gremios municipales como plataformas de lanzamiento para desafiar de frente la conducción de la intendencia.

Sin embargo, los barones del Conurbano que respaldan la autonomía política del Gobernador miran el avance de la agrupación con marcado escepticismo técnico. Varios jefes comunales de la tercera sección electoral coinciden en que el oficialismo matancero posee el aparato de movilización más aceitado del país, haciendo que cualquier intento de domesticación territorial por parte de segundas líneas resulte estéril. En las oficinas de San Justo confían en que la figura de Magario logrará blindar los votos históricos del PJ local, minimizando el impacto de las operaciones de prensa estructuradas desde los búnkeres porteños de La Cámpora.

En los despachos más reservados de la gobernación en La Plata, la lectura del conflicto adquiere ribetes de sospecha institucional extrema respecto a las verdaderas urgencias familiares. Cerca de Kicillof sospechan que la cúpula kirchnerista busca retener una masa crítica de bancas en el Congreso para negociar amparos judiciales con la gestión de Javier Milei. Con las condenas penales de Casación cercándola formalmente, la prioridad del Instituto Patria pasaría por encontrar artilugios jurídicos que alivien la situación procesal de la expresidenta, postergando la discusión por la competitividad electoral general del movimiento peronista.

Con el calendario electoral legislativo aproximándose a paso firme y las PASO bajo la amenaza de una eventual derogación parlamentaria, la tregua partidaria quedó rota por completo. La pretensión de obturar la renovación generacional del justicialismo mediante la agitación de liderazgos históricos profundiza la fragmentación de los bloques legislativos provinciales. De cara a los próximos cierres de listas, la puja por el destino de las candidaturas ratifica que la batalla por el control de la provincia de Buenos Aires se librará sin piedad entre el camporismo y la gobernación.