Los movimientos sociales anunciaron una jornada nacional de protesta con cortes de accesos y bloqueos en rechazo a la baja del programa Volver al Trabajo, y el Gobierno respondió que aplicará el protocolo antipiquetes. El choque reedita una de las tensiones más características de la gestión libertaria: la calle de las organizaciones sociales contra la doctrina de orden público del oficialismo. La medida de fuerza se inscribe en el reclamo por la reducción de un esquema de asistencia que alcanza a miles de familias.

Según trascendió, las organizaciones decidieron no difundir de antemano los puntos exactos de los bloqueos y definirlos apenas horas antes de la protesta, con el objetivo de evitar que las fuerzas de seguridad monten operativos preventivos en los puentes y accesos a la Ciudad de Buenos Aires. La estrategia de la sorpresa busca esquivar el despliegue policial que el Gobierno viene utilizando para impedir que los cortes lleguen a las arterias principales. La protesta, según anticiparon los propios dirigentes, tendrá alcance nacional.

El programa Volver al Trabajo reemplazó a esquemas previos de asistencia social y fue presentado por la administración libertaria como una herramienta de transición hacia el empleo formal. Su reducción, en el marco del ajuste fiscal que el Gobierno exhibe como logro central de su gestión, golpea a los sectores que dependen de esas transferencias para completar sus ingresos. Para las organizaciones, el recorte no es una reconversión virtuosa hacia el trabajo genuino sino un abandono liso y llano de la población más vulnerable. El oficialismo, en cambio, sostiene que los planes fomentaban la dependencia y la intermediación de las estructuras piqueteras.

La respuesta del Gobierno se apoya en el protocolo de mantenimiento del orden público que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instaló al inicio de la gestión y que se convirtió en una de las marcas registradas del mileísmo. El dispositivo habilita a las fuerzas federales a despejar cortes, identificar manifestantes y, en su versión más dura, avanzar sobre la responsabilidad de las organizaciones convocantes. El protocolo antipiquetes es, para el oficialismo, la prueba de que la calle dejó de ser un espacio de negociación y pasó a ser un asunto de seguridad.

La disputa por Volver al Trabajo se da en un contexto en el que el Gobierno acaba de mostrar flexibilidad con otros actores del mundo laboral. Días atrás, la Casa Rosada modificó por decreto la reglamentación de la reforma laboral para preservar el financiamiento de los sindicatos, tras negociaciones reservadas con la CGT. El contraste es elocuente: mientras el Ejecutivo aflojó con la central obrera y sus obras sociales, endurece la posición frente a los movimientos sociales que no tienen la misma capacidad de sentarse a la mesa. La diferencia de trato entre un sindicalismo con poder de fuego y las organizaciones territoriales quedó expuesta en el mismo tramo de la semana.

Los referentes de las organizaciones vienen advirtiendo, en distintas apariciones públicas, que el ajuste sobre los programas de empleo profundiza una situación social que consideran crítica, con caída del poder adquisitivo y retracción del consumo en los barrios. Desde el oficialismo se responde que la asistencia debe reordenarse para evitar el negocio de las gerencias sociales y para dirigir los recursos hacia quienes efectivamente los necesitan. El debate de fondo —qué hace el Estado con la política social en tiempos de ajuste— quedó reducido, una vez más, a la fotografía del corte y del operativo.

La jornada de protesta también tensiona la escena política justo cuando el Gobierno intenta capitalizar el clima favorable que dejó el Mundial y relanzar su agenda de reformas. Una imagen de accesos bloqueados y despliegue de fuerzas federales en las entradas a la Ciudad puede empañar el relato de normalización que la Casa Rosada busca instalar para el segundo semestre. El oficialismo apuesta a que la firmeza frente a los cortes le rinda políticamente ante un electorado cansado de las interrupciones; las organizaciones, a que la visibilidad del reclamo instale el costo social del ajuste.

Con los puntos de bloqueo todavía sin confirmar y el protocolo listo para activarse, la protesta se perfila como un nuevo capítulo del pulso entre el Gobierno y la calle. El desenlace dependerá tanto de la magnitud de los cortes como de la respuesta de las fuerzas de seguridad. En el medio, las familias que dependían de Volver al Trabajo esperan una definición que, por ahora, no aparece ni en la negociación ni en el asfalto.