La postura de la Casa Rosada quedó plasmada mediante una presentación judicial ante el Juzgado Federal N° 4 de La Plata, a cargo del magistrado Alberto Recondo, donde se tramita una causa por contaminación ambiental en la región. En el escrito firmado por el subsecretario Martín Tolivia, el Palacio de Hacienda argumentó que el Estado nacional no está obligado a convalidar cada pedido de endeudamiento provincial. Entre las justificaciones técnicas esgrimidas por el oficialismo nacional, se detalló que los cupos de financiamiento con organismos multilaterales son limitados y que Buenos Aires ya posee partidas presupuestarias internacionales pendientes de ejecución. 

La respuesta de Nación incluyó una sugerencia alternativa que desató indignación en las oficinas de la gobernación platense: que la administración provincial costee el megaproyecto sanitario utilizando recursos propios o modificando partidas ya vigentes. Desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense salieron al cruce de inmediato con números alarmantes, detallando que la planta demanda una inversión total estimada en 450.000 millones de pesos. Financiar semejante volumen con las arcas locales equivaldría a absorber el 43% de los gastos de capital del área, obligando a paralizar de forma inmediata decenas de obras viales, hidráulicas y energéticas en otros municipios.

La traba burocrática no solo impacta en la macroeconomía bonaerense, sino que congela la única respuesta estructural ante una crisis ambiental de magnitud histórica. De acuerdo con peritajes elaborados por la Universidad Nacional de La Plata, la parálisis de los trabajos condena a la región a seguir volcando 8.000 metros cúbicos por hora de fluidos sin tratar directamente sobre las aguas del Río de la Plata. Desde el entorno del Gobernador denuncian que los argumentos técnicos de la Nación son falaces y que las demoras en otros créditos obedecen a autorizaciones que el propio gobierno de Javier Milei mantiene pisadas deliberadamente. 

El trasfondo político de la medida expone un patrón de distribución discrecional de recursos que profundiza la grieta con los mandatarios opositores. Mientras el territorio bonaerense sufre el bloqueo total de sus iniciativas de desarrollo, la gestión libertaria aprobó 18 operaciones de crédito externo para diez provincias distintas por un monto global cercano a los 2.000 millones de dólares. En los despachos de Calle 6 remarcan que todos los distritos beneficiados por las firmas de Caputo pertenecen a gobernadores aliados que terminaron garantizando leyes clave en el Congreso de la Nación. 

Con las obras completamente paralizadas por la falta de respaldo financiero, el conflicto promete escalar hacia nuevas instancias de litigio legal y reclamos comunitarios. En los despachos bonaerenses interpretan que la jugada económica se encuadra en una estrategia sistemática de asfixia financiera destinada a minar la capacidad de gestión de Kicillof. De cara al complejo escenario que depara el segundo semestre de 2026, la disputa por los avales internacionales ratifica que la obra pública y el saneamiento ambiental se convirtieron en las principales trincheras de la batalla política entre la Provincia y la Nación.