El minucioso informe contable desglosa año por año las declaraciones juradas del matrimonio y las contrasta con un agresivo ritmo de consumo que superaba de forma mensual los sueldos declarados. Entre los puntos más críticos que detectaron los sabuesos financieros figuran gastos por 139 millones de pesos en tarjetas de crédito realizados en un período sumamente acotado, compras de artículos tecnológicos costosos e incluso el llamativo uso de plásticos a nombre de colaboradores de su propia secretaría. El cruce de datos tributarios, bancarios y patrimoniales determinó que el exfuncionario pasó de registrar 25 millones de pesos en bienes a ostentar una fortuna de 944 millones, un salto sideral imposible de justificar con su salario público.

La lupa judicial también se posó sobre una serie de triangulaciones inmobiliarias de lujo que involucran refacciones edilicias en un exclusivo country y la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. Los investigadores descubrieron extraños préstamos privados otorgados por jubiladas y policías retirados que aseguraron desconocer las millonarias operaciones comerciales o carecer de la capacidad económica para actuar como financistas. A este complejo panorama se sumaron las declaraciones de contratistas y facturas bajo sospecha, como la compra en efectivo de sábanas y blanquería premium por más de 8 millones de pesos que estaba emitida a nombre de su secretaria privada.

Para intentar capear el temporal y frenar el avance de la causa penal, Adorni ensayó una polémica coartada pública que terminó siendo desestimada por los analistas de la DAFI. El dirigente libertario argumentó que poseía un fondo histórico de 500.000 dólares originado en inversiones de Bitcoin realizadas entre 2013 y 2014, el cual supuestamente guardaba en un pendrive y omitió registrar ante la Oficina Anticorrupción. No obstante, los requerimientos enviados a plataformas de criptoactivos como Binance y Lemon Cash hundieron la versión oficial, confirmando que los circuitos de divisas virtuales carecen por completo de respaldo documental y legal.

Con la incorporación formal de este lapidario peritaje al expediente, la etapa de recolección de pruebas quedó virtualmente concluida y los plazos procesales se acelerarán notablemente. Una vez concluida la feria judicial de invierno, el fiscal Pollicita prevé firmar de manera inminente el requerimiento de justificación patrimonial para que el imputado rinda cuentas formales de su riqueza. En el diseño de las causas por enriquecimiento ilícito rige la inversión de la carga de la prueba, obligando al acusado a demostrar la licitud de sus fondos para evitar consecuencias penales directas.

Si las explicaciones por escrito que presenten sus abogados no logran disipar las masivas zonas grises que detallaron los peritos de la procuración, el escenario decantará en un llamado a indagatoria. La decisión final quedará en manos del juez federal Ariel Lijo, quien comanda el juzgado donde se tramita la causa y deberá definir un eventual procesamiento del exfuncionario estrella del gobierno. La velocidad del trámite judicial promete sacudir las estructuras políticas de Balcarce 50 y poner a prueba los estrictos discursos de transparencia que ensayaba el oficialismo.