La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exjefe de Gabinete y antiguo vocero presidencial, Manuel Adorni, ingresó en una etapa de definiciones procesales críticas. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) formalizó la entrega de su informe técnico definitivo al fiscal federal Gerardo Pollicita, aportando un pormenorizado análisis que devela una evolución patrimonial superior al 500 por ciento que resulta incompatible con los ingresos oficialmente registrados en el ejercicio de la función pública.

El minucioso informe pericial se concentró en desarmar la ecuación económica del exfuncionario y de su esposa mediante el cruce de datos bancarios, consumos suntuarios y registros de plataformas de criptomonedas. Los investigadores detectaron inconsistencias insalvables que contradicen la coartada pública del exministro coordinador, quien pretendió justificar su repentino salto de riqueza de 25 millones a más de 944 millones de pesos mediante una supuesta herencia familiar, ahorros históricos mantenidos en el mercado informal y ganancias extraordinarias derivadas de inversiones olvidadas en Bitcoin.

La recolección de pruebas en los tribunales de Retiro sumó elementos de alto impacto a partir de las declaraciones testimoniales y del peritaje informático sobre el teléfono celular de un contratista inmobiliario clave. Las conversaciones telefónicas permitieron reconstruir gastos extraordinarios en efectivo destinados a la refacción integral de una propiedad en un exclusivo barrio privado, el financiamiento de costosos viajes en jets particulares y adquisiciones de lujo que incluían compras de ropa blanca facturadas a nombre de terceras personas por sumas millonarias.

Ante la contundencia de los hallazgos técnicos, la Fiscalía de instrucción dará inicio a la segunda fase del protocolo procesal penal apenas concluya el inminente receso de la feria judicial de invierno. Pollicita firmará los primeros días de agosto un requerimiento formal de justificación, otorgándole al exjefe de Gabinete un plazo de dos semanas para que intente subsanar de manera documentada los descalces detectados, un paso técnico de carácter obligatorio antes de formalizar la imputación y solicitar las medidas de coerción correspondientes.

El avance del expediente judicial añade una fuerte dosis de tensión interna al plano político de la Casa Rosada, forzando a los principales armadores de La Libertad Avanza a evaluar los costos de sostener el respaldo institucional. Mientras el juez federal Ariel Lijo ya dictó una medida restrictiva que obliga al exvocero a solicitar autorización judicial previa ante cualquier intento de salida del territorio nacional, la oposición parlamentaria acelera los consensos para activar una comisión investigadora especial orientada a auditar las cajas regulatorias que estuvieron bajo la órbita de su gestión.