El palacio del Congreso Nacional se convirtió en el escenario de un freno político de fuste para las reformas estructurales del Poder Ejecutivo. En lo que significó la última sesión ordinaria antes del inicio del receso invernal, el bloque oficialista en la Cámara de Senadores sufrió un duro revés al verse obligado a postergar el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las banderas de desregulación económica promovidas por la Casa Rosada.

La trastienda del fracaso parlamentario dejó al descubierto la fragilidad de los acuerdos previos con las bancadas de la oposición dialoguista. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, debió solicitar formalmente un cuarto intermedio tras constatar que la Unión Cívica Radical, conducida por Eduardo Vischi, no iba a acompañar los artículos que borraban el tope del 15% para la venta de suelo rural a capitales de origen extranjero, exigiendo que los registros dominiales sigan bajo la órbita regulatoria de las provincias.

El capítulo referido a la modificación de la Ley de Manejo del Fuego terminó por consolidar el rechazo de los bloques periféricos. La intención del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de derogar los plazos de protección de hasta 60 años sobre las áreas incendiadas unificó las críticas de las bancadas opositoras, que utilizaron el lema "la Argentina no se vende" para denunciar que habilitar emprendimientos inmobiliarios inmediatamente después de los siniestros configuraba un incentivo directo a la quema intencional de recursos naturales nativos.

El traspié legislativo caló hondo en la conducción del cuerpo, desatando acusaciones cruzadas de pasillo entre las distintas terminales del propio oficialismo. Mientras la militancia del peronismo y los colectivos ambientales celebraban la resistencia en las afueras de la plaza, los operadores del Palacio de Hacienda masticaban bronca ante lo que consideran una pérdida de la iniciativa política, reconociendo que el texto definitivo deberá ser completamente renegociado si pretenden volver al recinto de la Cámara alta el próximo 6 de agosto.

La parálisis temporal del paquete de leyes, que incluía además la polémica figura del desalojo exprés, forzó a los estrategas del Gobierno a replegar posiciones para abrir una instancia obligada de control de daños con los gobernadores del interior. Con los mercados financieros internacionales monitoreando la capacidad real del oficialismo para dotar de seguridad jurídica de largo plazo a las inversiones extranjeras, el revés en el Senado funciona como un baño de realismo político que expone los estrictos límites institucionales que aún condicionan el rumbo de la ortodoxia libertaria.