El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio un paso fundamental para regularizar el funcionamiento institucional del servicio de justicia al firmar los decretos que completaron la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura bonaerense. Tras meses de demoras derivadas de las negociaciones políticas cruzadas, la incorporación de los nuevos consejeros técnicos permitirá reactivar las ternas y los exámenes de oposición para cubrir cientos de juzgados, fiscalías y defensorías oficiales que permanecían vacantes. 

A pesar de este avance parcial en las segundas líneas tribunalicias, la máxima estructura del Poder Judicial de la provincia continúa operando en un estado de vulnerabilidad institucional extrema. La Suprema Corte de Justicia bonaerense sigue funcionando de manera renga debido a la imposibilidad crónica del oficialismo y la oposición de acordar los pliegos para ocupar los sillones vacantes en el tribunal de calle 13 y 48, una situación de acefalía prolongada que obliga a convocar de forma permanente a camaristas de Casación para alcanzar el cuórum de sentencia.

La persistente parálisis en el máximo tribunal de justicia provincial está directamente traccionada por la escalada de la interna peronista entre los armadores de La Plata y el Instituto Patria. Los operadores de Axel Kicillof pretendían utilizar las vacantes en la Corte como una pieza de cambio mayor para destrabar leyes económicas clave en la Legislatura, pero chocaron de frente con la intransigencia de la bancada de Fuerza Patria y La Cámpora, sectores que exigen que cualquier nombramiento en la cúpula judicial cuente con el visto bueno de Cristina Kirchner.

El escenario de bloqueo mutuo se replica en la Cámara de Senadores bonaerense, el ámbito institucional exclusivo encargado de prestar los acuerdos constitucionales para los pliegos judiciales. El jefe del bloque oficialista, Sergio Berni, ya notificó a los delegados de la gobernación que no convalidará ninguna propuesta que ignore el peso territorial de la conducción tradicional del justicialismo, un condicionamiento político estricto que paraliza las conversaciones con las bancadas dialoguistas del Pro y la Unión Cívica Radical.

Con un mapa judicial bonaerense que acumula récords de vacantes históricas y un servicio de justicia ralentizado en los departamentos más poblados del conurbano, el entorno de Kicillof intenta desligarse del conflicto delegando las explicaciones técnicas en el ministro de Justicia, Juan Martín Mena. Sin embargo, los principales analistas de los tribunales platenses advierten que sin una tregua de fondo que ordene la interna partidaria, la Suprema Corte continuará funcionando al límite de sus capacidades operativas durante el resto del año legislativo, transformándose en la víctima colateral de un internismo político feroz.