El recinto de la Cámara alta de la provincia de Buenos Aires se transformó en el escenario de una descarnada batalla posicional entre las distintas terminales del justicialismo. Tras meses de parálisis por la falta de acuerdos de comisiones, el sector que responde a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner decidió reactivar la agenda legislativa convocada por la vicegobernadora Verónica Magario, utilizando los proyectos del bloque de Fuerza Patria para marcarle la cancha de forma directa al gobernador Axel Kicillof.

La estrategia de asedio presupuestario está capitaneada por el senador y exintendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien cuenta con el respaldo operativo de La Cámpora para reflotar las declaraciones de emergencia alimentaria y sanitaria en el territorio provincial. El veterano dirigente paceño acusa abiertamente al Ejecutivo de mandar a bloquear sus propuestas y desafió al gobernador a abandonar la comodidad de los despachos de La Plata para recorrer las barriadas del conurbano profundo, donde la crisis social golpea con mayor dureza.

La embestida sumó un componente de alta sensibilidad financiera con la presentación de una nueva ley que obliga al Ministerio de Seguridad provincial a hacerse cargo de todos los gastos de los patrulleros. La polémica iniciativa establece que la administración central debe absorber la totalidad de los costos de combustible, neumáticos y reparaciones mecánicas de los móviles policiales, anulando los convenios vigentes que trasladan esa carga económica a los intendentes y vaciando las partidas de contingencia que la gobernación utiliza para equilibrar las cuentas públicas. 

El nivel de hostilidad institucional ya había quedado en evidencia durante los cruces directos protagonizados por el jefe de la bancada oficialista, Sergio Berni. El exministro de Seguridad confrontó públicamente la autoridad de Kicillof en pleno recinto al recordarle de forma ácida que tanto él como Magario le deben sus actuales poltronas institucionales exclusivamente a la lapicera de Cristina Kirchner, impugnando así los intentos del Movimiento Derecho al Futuro por jubilar los liderazgos tradicionales de la fuerza opositora.

Acorralado entre la ofensiva presupuestaria del kirchnerismo y la parálisis regulatoria que imponen los bloques de La Libertad Avanza y Pro, el mandatario provincial intenta resistir la presión refugiándose en la gestión diaria. El entorno del gobernador delegó las respuestas políticas en el ministro Carlos Bianco, quien insiste en el carácter obligatorio de las PASO para dirimir las candidaturas presidenciales, mientras los despachos de Calle 6 monitorean con extrema preocupación una secuencia de votaciones que amenaza con licuar el poder político real del Ejecutivo bonaerense.