El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, mantendrá este jueves una reunión clave con reconocidos tributaristas y profesionales de ciencias económicas para terminar de dar forma al texto de la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal. El encuentro en el Palacio de Hacienda servirá para repasar las sugerencias e inquietudes del sector contable antes del envío del proyecto de ley a la Cámara de Diputados, pautado para la próxima semana con el objetivo de dotar de una mayor seguridad jurídica al régimen de regularización de activos.

La gran definición que mantiene en vilo al mercado y a las empresas pasa por saber si el Gobierno postergará el vencimiento de Ganancias para personas humanas, previsto originalmente para fines de julio según los calendarios vigentes. Las entidades profesionales, lideradas por el Consejo de Ciencias Económicas porteño, formalizaron sus reclamos ante la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) argumentando que el cumplimiento de la declaración jurada es un requisito central para acceder a los beneficios de la nueva norma simplificada, la cual no llegará a ser sancionada a tiempo en el Congreso.

El Palacio de Hacienda debe definir una postura en medio de una compleja encrucijada impositiva y fiscal. Sostener las fechas originales obliga a los contribuyentes a liquidar bajo un esquema que el propio oficialismo busca modificar, mientras que otorgar la prórroga solicitada implicaría demorar la recaudación coparticipable que reciben las provincias, un factor de fricción política latente que la Casa Rosada intenta evitar en plenas negociaciones con los gobernadores dialoguistas para blindar sus leyes económicas.

Desde la conducción económica insisten en que la flexibilización de la norma es vital para robustecer los canales de financiamiento productivo de mediano plazo. Caputo reiteró ante sus asesores que el plan apunta a captar una masa crítica de USD 170.000 millones que actualmente permanecen fuera del sistema bancario local, buscando incentivar de forma definitiva el uso de los denominados "dólares del colchón" en proyectos de infraestructura privada y líneas de crédito destinadas a capitalizar a las pequeñas y medianas empresas nacionales.

La letra chica del anteproyecto gubernamental incorpora cambios operativos de fuste, tales como la modificación de las multas automáticas y un esquema donde la carga de la prueba recae exclusivamente sobre la ARCA ante discrepancias patrimoniales. Mientras el fisco nacional ya aclaró que no se pueden anticipar de forma digital los beneficios de una ley que todavía no rige, el mercado financiero aguarda los anuncios de la conferencia de prensa posterior para evaluar si las nuevas certezas tributarias logran quebrar la desconfianza del ahorrista tradicional.