La designación de la doctora Ana María Cristina Juan como jueza a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham generó un fuerte impacto político en el ámbito judicial de Comodoro Py. A través del Decreto 589/2026, el presidente Javier Milei apuró la firma del nombramiento de la especialista, quien resulta ser la esposa del magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi, el encargado de tramitar la investigación criminal que más inquieta al entorno presidencial.

El movimiento en el Boletín Oficial se produce apenas doce días después de que el propio Martínez de Giorgi dictara una resolución determinante para el futuro de la causa $Libra. El juez federal hizo lugar a un recurso técnico presentado por la defensa del trader imputado Mauricio Novelli y resolvió apartar a la totalidad de los querellantes particulares, argumentando deficiencias técnicas en la acreditación de la titularidad de las billeteras virtuales utilizadas para la compra de los activos digitales.

La exclusión de los damnificados particulares fue duramente criticada por los abogados de las víctimas, quienes advirtieron que la medida deja la causa en una situación de extrema debilidad al transferirle la totalidad del impulso procesal al fiscal Eduardo Taiano. Las querellas habían sido fundamentales para aportar pruebas clave sobre las reuniones previas en la Quinta de Olivos y rebatir la versión oficial del mandatario, quien en sus declaraciones públicas iniciales afirmó haberse limitado a una mera difusión del token en sus redes sociales.

Desde los bloques parlamentarios de la oposición calificaron el nombramiento de la esposa del juez como un evidente pacto de impunidad sellado a través de los operadores judiciales de la Casa Rosada. Sectores del peronismo y de agrupaciones sociales denunciaron que el pliego de la magistrada funcionó en los hechos como una moneda de cambio institucional para lograr el congelamiento de la investigación penal, la cual busca esclarecer una presunta maniobra de "vaciamiento de mercado" con pérdidas estimadas en millones de dólares.

El entramado de nombramientos judiciales propiciado por el viceministro Juan Bautista Mahiques busca blindar los posibles focos de conflicto legal antes de que las apelaciones lleguen a los tribunales superiores. Con el envío paralelo de los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para ocupar las vacantes clave en la Sala I de la Cámara Federal, el oficialismo intenta estructurar un esquema de contención jurídica que garantice el archivo definitivo de un expediente que amenaza con complicar la línea de flotación discursiva del programa libertario.