La crisis presupuestaria que sufren los organismos nacionales de ciencia y técnica empezó a golpear de lleno en el corazón productivo del campo bonaerense. El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez, puso la lupa sobre el deterioro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y alertó que el goteo constante de profesionales no solo desarma equipos que llevaron décadas consolidar, sino que deja a los productores locales sin herramientas para enfrentar plagas, sequías y desafíos climáticos.

El diagnóstico de la cartera provincial expone un escenario de tierra arrasada en las delegaciones del interior, donde el desguace del INTA ya provocó la pérdida de unos 2.000 trabajadores a nivel país. No se trata solo de despidos directos, sino de una asfixia salarial programada que empuja a técnicos, ingenieros y becarios a migrar hacia el sector privado o el exterior, interrumpiendo de manera drástica planes de mejoramiento genético de semillas y programas de asistencia directa a la agricultura familiar.

Desde la mirada de la gestión bonaerense, este repliegue del Estado nacional configura un ataque directo a la competitividad del agro de menor escala. Rodríguez remarcó que las grandes corporaciones concentradas tienen sus propios laboratorios, pero las cooperativas y las pymes rurales dependen exclusivamente del asesoramiento técnico público para subsistir y exportar, por lo que desfinanciar la investigación es condenar a los pequeños productores a quedar rezagados frente a los gigantes del sector.

La preocupación oficial se extiende a la parálisis total de las agencias de extensión que el organismo tiene distribuidas a lo largo y ancho del territorio bonaerense. Sin presupuesto para combustible, insumos básicos ni reactivos, muchos laboratorios regionales funcionan hoy como meras oficinas administrativas, lo que corta el circuito de transferencia tecnológica al suelo y frena las auditorías sanitarias que son indispensables para garantizar la calidad de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos.

Frente a esta retirada de la administración libertaria, el gobierno de Axel Kicillof busca tejer alianzas de emergencia con las universidades públicas y los municipios para sostener los proyectos de investigación más urgentes. Sin embargo, en los pasillos de La Plata admiten que las arcas provinciales no pueden absorber el bache financiero que deja la Nación, por lo que llamaron a las entidades agropecuarias tradicionales a romper el silencio y defender un capital estratégico que hace a la soberanía alimentaria del país.