Una profunda controversia se desató en el arco político y económico tras las críticas que acusan al presidente Javier Milei de gobernar "como si fuera el presidente de otro país". Sectores de la oposición, pequeñas y medianas empresas, y representantes del sector científico técnico sostienen que las medidas de desregulación extrema y la apertura comercial asestan un duro golpe a la producción local. Según los críticos, este rumbo económico refleja una falta de prioridad hacia el valor agregado y el desarrollo tecnológico generado dentro del territorio nacional.

Los cuestionamientos apuntan de manera directa a lo que califican como un claro desprecio por la industria, la ciencia y la técnica del país. Argumentan que el desfinanciamiento de organismos de investigación y la quita de incentivos fiscales a las manufacturas locales paralizan proyectos estratégicos de vanguardia. Esta situación genera una creciente preocupación en las universidades y los polos tecnológicos, donde advierten una inminente fuga de cerebros y la pérdida de soberanía del conocimiento ante la falta de presupuesto oficial.

El eje central del conflicto radica en la denuncia de un esquema que promueve la reprimarización de la economía argentina. Distintos analistas señalan que los beneficios impositivos se concentran casi exclusivamente en la extracción de recursos naturales y el sector agroexportador, postergando a las cadenas industriales complejas. Esta matriz, advierten, destruye puestos de trabajo calificados y relega al país a un rol de mero proveedor de materias primas sin procesamiento en el mercado internacional.

En sintonía con este diagnóstico, la decisión de abrir las fronteras a los productos extranjeros genera alarma en el entramado pyme, que denuncia una competencia desleal. Sin reformas estructurales que bajen los costos internos de logística y energía, las fábricas locales aseguran que es imposible competir con los bienes importados a gran escala. Desde los sindicatos y las cámaras empresariales advierten que la caída del consumo interno, sumada a la avalancha de productos importados, pone en riesgo miles de empleos.

Por su parte, desde el Poder Ejecutivo defienden firmemente el rumbo elegido y aseguran que la apertura es la única vía para terminar con los privilegios corporativos y bajar la inflación de forma definitiva. El oficialismo sostiene que la competitividad obligará a las empresas a modernizarse, beneficiando de forma directa a los consumidores con mejores precios y variedad. En un escenario de alta polarización, el debate sobre si este plan económico representa una modernización inevitable o un desmantelamiento productivo sigue dividiendo las aguas en la sociedad.