La negociación entre la Casa Rosada y los gobernadores por la reforma tributaria arranca con un dato que endurece la posición de las provincias: las transferencias nacionales a los distritos se desplomaron. Los giros no automáticos registraron en junio una baja real interanual del 61,8%, el peor junio desde 2005, según los números difundidos por La Nación. En el sexto mes del año no hubo un solo envío de Aportes del Tesoro de la Nación, el fondo discrecional que la Casa Rosada usa como herramienta de negociación política.

El cuadro fiscal de los mandatarios se apretó todavía más por la caída de la coparticipación de junio y por los problemas de recaudación propia. En el acumulado del primer semestre, las provincias recibieron por ATN apenas 121.000 millones de pesos, una cifra que, medida contra la inflación, quedó muy por debajo de años anteriores. La combinación de menos coparticipación, cero ATN y recursos propios en baja tensó el vínculo con la Nación y, paradójicamente, fortaleció la posición negociadora de los gobernadores.

Sobre ese escenario aterriza la reforma tributaria que el oficialismo pretende debatir en el segundo semestre. El proyecto busca profundizar la reducción de la carga impositiva, una bandera del programa de Milei, pero choca de frente con el reclamo de los gobernadores. El principal escollo es Ganancias: cualquier rebaja de ese tributo afecta la masa coparticipable, es decir, los fondos que se reparten entre la Nación y las provincias. Los mandatarios avisaron que no acompañarán una baja de impuestos que se financie con la plata que les corresponde.

La tarea de conseguir los apoyos quedó en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que comparte la gestión con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Santilli encaró una ronda de contactos con los mandatarios provinciales para asegurar el respaldo al articulado completo, incluidas las cláusulas más resistidas. El oficialismo se niega a modificar los artículos que reducen la recaudación de Ganancias, justamente los que más irritan a las provincias.

Los gobernadores, por su parte, llegan a la mesa con una lista de reclamos concreta: obras públicas paralizadas, rutas nacionales sin mantenimiento, avales para créditos internacionales y una discusión de fondo sobre la coparticipación. Detrás de cada pedido hay una necesidad urgente de caja, en un contexto en el que el ajuste nacional se trasladó a los distritos. La negociación dejó de ser un trámite y se convirtió en un canje: votos por fondos, artículo por artículo.

El fuerte ajuste que ejecutó el ministro de Economía, Luis Caputo, es el telón de fondo de todo el conflicto. La reducción del gasto nacional, que el Gobierno exhibe como el ancla de su programa, complicó los acuerdos con los gobernadores al secar las fuentes de financiamiento que históricamente aceitaron la relación entre la Nación y las provincias. Sin obras, sin ATN y con la coparticipación en baja, los mandatarios tienen pocos incentivos para acompañar reformas que no vengan acompañadas de recursos.

La pulseada se da, además, en un momento político delicado. El oficialismo necesita los votos de los gobernadores no solo para la reforma tributaria, sino también para la reforma electoral y para el presupuesto, tres iniciativas que competirán por la agenda del segundo semestre. Cada mandatario sabe que su respaldo vale y que puede negociarlo pieza por pieza, lo que ralentiza cualquier avance. El Gobierno descubrió que gobernar en minoría también significa depender de las provincias que ajusta.

Analistas del federalismo fiscal señalan que la caída de las transferencias no es un accidente sino una consecuencia directa del modelo de equilibrio de las cuentas nacionales. La Nación logra superávit, en parte, transfiriendo menos a las provincias, y esa ecuación traslada el costo político del ajuste a los gobernadores. El resultado es un sistema en el que el orden fiscal de la Casa Rosada se sostiene sobre el desorden financiero de los distritos.

De cara a las próximas semanas, el desenlace es incierto. Si el Gobierno cede fondos para destrabar votos, resignará parte del ajuste que exhibe ante los mercados; si mantiene la línea dura, se arriesga a que la reforma tributaria quede tan trabada como la electoral. Los gobernadores, que llegan golpeados en la caja pero fuertes en la negociación, apuestan a que la necesidad del oficialismo termine inclinando la balanza a su favor.

La discusión, por ahora, sigue abierta. Con las transferencias en su piso histórico y las cuentas provinciales al límite, la reforma tributaria de Milei enfrenta el mismo problema que el resto de su agenda: para aprobarla, el Gobierno necesita a los mismos actores a los que les recortó los fondos. Y esos actores ya avisaron que no darán nada gratis.