La Municipalidad de La Plata abrió las ofertas para la contratación de una serie de servicios urbanos clave, en un proceso que la gestión de Julio Alak exhibe como un avance hacia la transparencia pero que, según los antecedentes, llega empujado por una decisión del control externo provincial. El cambio en el sistema de contratación responde al Fallo N° 101/2026 del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que observó la modalidad de contrataciones directas con cooperativas utilizada por el Municipio durante los últimos quince años y ordenó adecuarla a la normativa vigente.

El intendente encabezó el acto de apertura de sobres correspondiente a la licitación pública para tareas de corte de césped, poda del arbolado, barrido, limpieza de zanjas, mantenimiento urbano en las delegaciones y asistencia operativa para la recolección de residuos, según informó la prensa local. Se trata de servicios sensibles para la vida cotidiana de los vecinos, que durante años se prestaron por fuera de un esquema licitatorio abierto.

Desde la Comuna sostienen que el objetivo es avanzar hacia un esquema con mayores controles y transparencia. La formulación oficial, sin embargo, omite el dato central que explica el giro: no fue una iniciativa espontánea de la gestión sino la respuesta obligada a una observación del Tribunal de Cuentas, que cuestionó quince años de contrataciones directas con cooperativas y exigió su adecuación a la ley. La transparencia que hoy se exhibe como bandera es, en rigor, el cumplimiento de una orden del organismo de control.

El fallo pone el foco sobre una modalidad que se extendió a lo largo de gestiones de distinto signo y que sobrevivió durante toda la etapa reciente. Las contrataciones directas con cooperativas permitían asignar servicios sin un proceso competitivo, un mecanismo que el Tribunal de Cuentas consideró apartado de la normativa vigente. La observación abre interrogantes sobre cómo se distribuyeron durante quince años recursos públicos destinados a tareas esenciales de mantenimiento urbano.

El antecedente inmediato de la cobertura sobre la gestión platense es una seguidilla de tensiones administrativas y políticas. Alak defendió en las últimas semanas un presupuesto municipal de 462.290 millones de pesos en medio de quejas por la suba de tasas, y viene reclamando por la caída de la coparticipación que, según su diagnóstico, golpea a los vecinos. La licitación forzada por el Tribunal de Cuentas se suma a un cuadro donde la gestión combina reclamos por fondos con cuestionamientos sobre el manejo de sus propias contrataciones.

En el plano político, la figura del intendente aparece siempre tensionada entre dos lealtades. Alak hace equilibrio entre el kicillofismo y el kirchnerismo, un doble juego que lo obliga a administrar la ciudad mientras cuida su lugar en la interna peronista bonaerense. La necesidad de mostrar gestión transparente convive con la presión de sostener las estructuras cooperativas que durante años fueron parte del entramado territorial del oficialismo local.

El impacto sobre las cooperativas es un capítulo abierto. El paso de las contrataciones directas a un régimen licitatorio modifica las condiciones en las que esas organizaciones venían trabajando para el Municipio, y plantea interrogantes sobre la continuidad de los puestos de trabajo asociados a esas tareas. La adecuación ordenada por el Tribunal de Cuentas resuelve un problema de legalidad pero abre otro de índole social y laboral que la gestión deberá administrar.

Especialistas en administración municipal señalan que las observaciones del control externo suelen tardar en traducirse en cambios concretos, y que la relevancia del Fallo 101/2026 radica en que forzó una modificación efectiva del esquema de contrataciones. La licitación, en esa mirada, es la prueba de que el mecanismo de contrataciones directas había alcanzado un límite que el organismo provincial no estaba dispuesto a convalidar por más tiempo.

Desde la oposición al oficialismo platense cuestionan en estilo indirecto que la gestión presente como iniciativa propia un cambio que fue impuesto por el control externo, y reclaman precisiones sobre cómo se ejecutaron los fondos durante los años de contratación directa. La discusión ya no es solo sobre la calidad de los servicios sino sobre la trazabilidad de recursos públicos aplicados durante una década y media.

El desenlace dependerá de cómo se desarrolle el proceso licitatorio y de las condiciones en que se adjudiquen finalmente los servicios. La apertura de ofertas es apenas el primer paso de un procedimiento que deberá garantizar competencia real y controles efectivos para cumplir con lo que ordenó el Tribunal de Cuentas. Si el nuevo esquema replica en los hechos la lógica anterior, la transparencia anunciada quedará en el terreno de la retórica.

Por ahora, La Plata observa un cambio que la gestión vende como decisión y que los antecedentes muestran como obligación. Corte de pasto, poda, barrido y zanjeo, tareas básicas del cuidado urbano, pasan de las cooperativas de los últimos quince años a un régimen de licitación, en un giro que el Tribunal de Cuentas ordenó y que la ciudad seguirá de cerca para comprobar si mejora, en concreto, la calidad de servicios que los vecinos reclaman todos los días.