La reforma electoral que el Gobierno considera prioritaria para 2027 encontró su primer gran escollo en el Senado, y la respuesta del oficialismo fue poner una moneda de cambio sobre la mesa: la Casa Rosada negocia con los gobernadores aliados reincorporar las listas colectoras al sistema electoral nacional como condición para suspender las PASO. El esquema, que Diego Santilli comenzó a delinear con senadores de distintos bloques, busca convertir un reclamo provincial en el combustible político que le falta al proyecto.

Las colectoras son un mecanismo por el cual distintos partidos pueden presentar sus propias listas en categorías como diputados, senadores o gobernador, mientras convergen en una misma fórmula presidencial. Para varios mandatarios provinciales se trata de una herramienta que les permite retener poder territorial sin romper con el armado nacional, y por eso lo pusieron como pedido concreto. El Gobierno analiza acceder a esa demanda para cambiar votos por una arquitectura electoral que le sirva a los gobernadores en sus distritos.

El estado de situación es delicado. Según reconstruyó El Cronista, con la reforma política frenada en el Senado, Santilli salió a buscar el apoyo de los gobernadores porque sus representantes en la Cámara alta son considerados decisivos. "Santilli pidió quince días para organizar la discusión", relataron legisladores que participaron de una reunión con el jefe de Gabinete, según reprodujo Perfil, en un plazo que el oficialismo se autoimpuso para conseguir los apoyos que hoy no tiene.

El proyecto central es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de cara al año electoral. El Gobierno sostiene que las PASO son un gasto innecesario y una instancia que ya no cumple su función original, un argumento que comparte buena parte del arco político pero que choca con las especulaciones de cada fuerza sobre cómo dirime sus candidaturas sin ese filtro. Sin las PASO, la negociación interna de cada espacio se traslada a la mesa chica, y ahí las colectoras aparecen como el reemplazo que ordena la oferta electoral.

El PRO, socio y a la vez competidor del oficialismo, todavía no fijó postura. Mientras Santilli negocia las colectoras con los gobernadores, el partido fundado por Mauricio Macri aún no define su posición, un dato que expone las tensiones dentro de la alianza que sostiene al Gobierno en el Congreso. La indefinición amarilla es un factor más de incertidumbre en una votación que se anticipa ajustada y que depende de equilibrios finos entre bloques.

El antecedente inmediato es la caída de la sesión originalmente prevista, que el oficialismo no logró garantizar por falta de votos. La estrategia de los quince días apunta justamente a usar ese margen para abrir conversaciones con los mandatarios provinciales antes de arriesgar una nueva derrota parlamentaria en el recinto. En el Gobierno saben que una segunda sesión fracasada dañaría la imagen de gestión que Santilli quiere construir en su estreno como jefe de Gabinete.

La discusión sobre las colectoras no es neutral. Sus defensores las presentan como una forma de ampliar la oferta y respetar las particularidades provinciales; sus críticos advierten que confunden al votante y diluyen la responsabilidad política de cada partido detrás de una fórmula común. Que el mecanismo vuelva a la mesa nacional como parte de un canje por votos es, para varios analistas, una muestra de cómo las reformas institucionales terminan subordinadas a la aritmética de la coyuntura.

En el peronismo observan la maniobra con una mezcla de crítica y cálculo. Desde la oposición cuestionan en estilo indirecto que el Gobierno improvise el sistema electoral en función de sus necesidades de corto plazo, aunque varios gobernadores del propio peronismo también verían con buenos ojos la reincorporación de las colectoras en sus distritos. El interés por retener poder territorial cruza la grieta y explica por qué la negociación no se ordena solo por bloques sino por provincias.

La reforma electoral, además, no viaja sola. El oficialismo pretende que el mismo tramo legislativo destrabe otros proyectos sensibles, entre ellos el capítulo de propiedad privada, la denominada ley Hojarasca y el tratamiento de pliegos judiciales, todo con la mira puesta en las próximas sesiones. La acumulación de temas en un Senado con mayorías inestables vuelve todavía más incierto el desenlace y multiplica los frentes de negociación que Santilli debe atender en simultáneo.

El telón de fondo es el calendario político. El Gobierno necesita definir el esquema electoral con la mayor anticipación posible para ordenar su propia estrategia de cara a la reelección presidencial, y cada semana que las PASO siguen en pie es una semana de incertidumbre para el armado oficialista. La presión del reloj, sin embargo, juega a favor de los gobernadores, que saben que su firma vale más cuanto más apurado esté el oficialismo.

El resultado de la apuesta se conocerá en las próximas sesiones. Si Santilli logra convertir las colectoras en votos, el Gobierno se anotará una victoria política que trasciende la reforma puntual y consolidará al jefe de Gabinete como el articulador federal que la Casa Rosada necesitaba. Si la negociación fracasa, la eliminación de las PASO quedará en el limbo y el oficialismo deberá afrontar el año electoral con un sistema que dice querer cambiar pero que no consigue los apoyos para modificar.