El proyecto de Zona Fría, que modifica el régimen de subsidios al gas para limitar el beneficio a la Patagonia, la Puna y Malargüe, quedó frenado en el Senado por la falta de acuerdos políticos. La iniciativa, que ya había obtenido media sanción en Diputados, choca contra la resistencia de legisladores de al menos cuatro provincias que se niegan a que sus usuarios pierdan el subsidio.

El régimen de Zona Fría fue diseñado para reducir la factura de gas en las regiones más frías del país, donde el consumo para calefacción es mayor. Con el paso del tiempo, el beneficio se fue extendiendo a numerosas localidades de distintas provincias, ampliando el universo de usuarios alcanzados y, con él, el costo fiscal del esquema. El Gobierno busca ahora acotar ese universo en línea con su política de reducción de subsidios.

El problema para el oficialismo es que cada localidad que sale del régimen es un votante que paga más, y ningún senador quiere firmar el recorte que golpea a sus propios representados. Esa lógica territorial explica por qué legisladores de Mendoza, Buenos Aires, La Pampa y Córdoba expresaron sus reparos y trabaron el avance de la iniciativa en la Cámara alta.

El planteo de los senadores díscolos es concreto: consideran que la modificación perjudicaría a usuarios de sus provincias que hoy reciben el beneficio y que la medida trasladaría un costo directo a las familias en pleno invierno. El argumento tiene peso político evidente en un año electoral, cuando ningún dirigente quiere cargar con el sayo del tarifazo.

El Gobierno, por su parte, enmarca el recorte en su cruzada por el equilibrio fiscal. La eliminación o reducción de subsidios es una de las banderas centrales de la administración libertaria, que sostiene que el Estado no puede sostener beneficios universales que distorsionan los precios relativos y castigan las cuentas públicas. El choque entre la ortodoxia fiscal nacional y la defensa de los intereses provinciales es el nudo que mantiene trabado el proyecto.

La Zona Fría integra el paquete de tres prioridades legislativas que el oficialismo definió para los próximos meses, junto con la reforma electoral y las modificaciones a la Inocencia Fiscal. Ninguna de las tres iniciativas contaba con los votos necesarios a principios de julio, lo que dejó al Gobierno en una posición incómoda: fijó una agenda ambiciosa sin las mayorías construidas para sostenerla.

El ministro del Interior Diego Santilli, encargado de la negociación con las provincias, pidió quince días para destrabar los apoyos que le faltan. El plazo abarca tanto a la reforma electoral como a la Zona Fría, dos frentes en los que el oficialismo depende de acuerdos que todavía no cerró. La estrategia de Santilli es negociar durante el receso legislativo para llegar con los números armados a la sesión que el Gobierno pretende realizar el 16 de julio.

La fecha del 16 de julio funciona como horizonte de la negociación. El oficialismo decidió avanzar con la intención de sesionar ese día, aunque el propio pedido de quince días de Santilli sugiere que los acuerdos aún están en construcción. Si la sesión se concreta sin los votos, el Gobierno correría el riesgo de una derrota en el recinto, un escenario que prefiere evitar.

La discusión sobre subsidios al gas se cruza con el debate energético más amplio que atraviesa el país. Mientras la producción de Vaca Muerta bate récords y la Argentina se encamina a ser exportadora neta de energía, la política de precios internos sigue siendo un campo minado. El contraste entre la abundancia de recursos y las tensiones por las tarifas es una de las paradojas del momento energético argentino.

Analistas del sector señalan que la reforma del régimen de Zona Fría es técnicamente razonable en términos de focalización del subsidio, pero políticamente costosa en el corto plazo. El dilema del oficialismo es clásico: la medida que mejora las cuentas fiscales es la misma que enfría el humor de los votantes en las provincias afectadas. Resolver esa ecuación en un año electoral es el desafío que enfrenta la Casa Rosada.

En la oposición, distintos bloques leen la parálisis de la Zona Fría como una muestra de la debilidad parlamentaria del Gobierno. La imposibilidad de aprobar una iniciativa que ya tenía media sanción en Diputados expone las dificultades del oficialismo para construir mayorías en el Senado, donde los intereses provinciales pesan más que las lealtades partidarias.

El receso legislativo será el tiempo de la negociación silenciosa. El Gobierno intentará ofrecer compensaciones o excepciones que ablanden la resistencia de los senadores díscolos, mientras estos buscarán preservar el beneficio para sus provincias. El resultado de esa pulseada definirá si la Zona Fría llega al recinto el 16 de julio con destino de ley o si se suma a la lista de proyectos que el oficialismo no logró destrabar.

Por ahora, la iniciativa que el Gobierno considera prioritaria permanece congelada, atrapada entre la lógica fiscal que la impulsa y la lógica territorial que la frena. La sesión de mediados de julio dirá cuál de las dos se impone en esta ronda.