La reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional, con la eliminación de las PASO como bandera principal, quedó trabada en el Senado por falta de acuerdos políticos. El oficialismo no cuenta hoy con los votos necesarios para avanzar, y la aritmética de la Camara alta convirtió a los diez senadores de la UCR en los árbitros del destino de la iniciativa.

La reforma requiere mayoría absoluta en el Senado —37 votos— y sin el acompañamiento del radicalismo el proyecto no prospera. Esa dependencia coloca a la UCR en una posición de negociación privilegiada, algo que sus dirigentes saben capitalizar. El bloque radical, que atraviesa sus propias tensiones internas, no está dispuesto a regalar apoyos sin obtener contrapartidas.

Frente al escenario adverso, el ministro del Interior Diego Santilli pidió quince días para destrabar los votos que le faltan al Gobierno, tanto para la reforma electoral como para el régimen de Zona Fría. El plazo que solicitó Santilli funciona como una confesión implícita: el oficialismo llegó a la instancia decisiva sin las mayorías construidas, y ahora corre para armar los acuerdos sobre la marcha.

El argumento central del Gobierno para eliminar las primarias es que el Estado no debe financiar las disputas internas de los partidos. Desde la Casa Rosada sostienen que "debe devolverse a los partidos la potestad de definir sus candidaturas sin intervención estatal", una fórmula que el oficialismo repite como principio de austeridad y de respeto a la autonomía partidaria. La oposición, en cambio, lee en la movida un cálculo electoral concreto de cara a 2027.

Las PASO, creadas en 2009, funcionaron durante más de una década como el mecanismo para dirimir candidaturas y ordenar la oferta electoral. Su eliminación cambiaría de manera sustancial las reglas de juego para las próximas elecciones, un tema que ningún bloque toma a la ligera. Para varias fuerzas, incluidas algunas aliadas del oficialismo, las primarias son una herramienta útil para resolver competencias internas sin fracturar los espacios, y por eso resisten su desaparición.

La discusión electoral se cruza, además, con las definiciones que se toman en las provincias. En el peronismo bonaerense, la eventual caída de las PASO nacionales es uno de los factores que estructura toda la conversación sobre el calendario de 2027: si desaparecen las primarias, la provincia de Buenos Aires se encamina hacia un desdoblamiento, según admiten en el entorno del gobernador Axel Kicillof. La reforma nacional, así, tiene efectos en cascada sobre los armados provinciales.

El oficialismo enfrenta el desafío de negociar en simultáneo con bloques que tienen agendas propias. El PRO presentó su propia hoja de ruta legislativa, en un gesto que puede leerse como distensión o como presión sobre La Libertad Avanza. Los gobernadores, por su parte, condicionan sus apoyos a definiciones sobre recursos y coparticipación. Cada voto tiene precio, y el Gobierno debe pagarlo en una moneda que no siempre está dispuesto a entregar.

El fracaso en construir mayorías expone una debilidad estructural del oficialismo: gobierna con minoría en ambas cámaras y depende de alianzas variables que se renegocian proyecto por proyecto. Esa fragilidad parlamentaria contrasta con el relato de un "Congreso más reformista de la historia" que el Presidente exhibe ante sus legisladores. La distancia entre el discurso y la realidad de las bancas quedó a la vista con la parálisis de la reforma electoral.

Analistas parlamentarios señalan que el oficialismo apostó a instalar la agenda mediante el anuncio, con la expectativa de que la presión pública ablandara a los bloques reticentes. La estrategia, hasta ahora, no dio los resultados esperados: los senadores que resisten la reforma no muestran señales de ceder, y el radicalismo mantiene su carta de negociación intacta.

El Gobierno decidió continuar las negociaciones durante el receso legislativo con el objetivo de retomar el tratamiento en agosto. La idea es que la pausa parlamentaria sirva para tejer los acuerdos que no se lograron en el recinto. Pero el receso también le da tiempo a la oposición para reagruparse, y la experiencia reciente muestra que los consensos que no se cierran a tiempo tienden a diluirse.

La Zona Fría, el otro proyecto en la lista de prioridades, corre una suerte parecida. La iniciativa que modifica el régimen de subsidios al gas, aprobada en Diputados, no avanzó en el Senado por las objeciones de legisladores de Mendoza, Buenos Aires, La Pampa y Córdoba, que consideran que la medida perjudicaría a usuarios de sus provincias que hoy reciben el beneficio. El oficialismo enfrenta, entonces, un doble frente de resistencia territorial.

El pedido de quince días de Santilli marca el ritmo de una negociación que se juega contra el reloj. Si en ese plazo el Gobierno no consigue destrabar los votos, ambos proyectos quedarán postergados hasta agosto, con el riesgo de que la agenda pierda impulso. La reforma que Milei presentó como prioritaria depende, en definitiva, de la voluntad de un puñado de senadores radicales que todavía no dijeron que sí.

El desenlace de esta pulseada dirá si el oficialismo logra convertir su ambición reformista en leyes o si el segundo semestre arranca con la principal iniciativa política empantanada. Por ahora, la reforma electoral es más una declaración de intenciones que un proyecto con destino asegurado, y la Casa Rosada lo sabe.