Diego Santilli asumió la Jefatura de Gabinete con un mandato claro: reconstruir la relación del Gobierno con las provincias. El nuevo funcionario recibió, casi de inmediato, una lista de reclamos de los gobernadores que incluye rutas nacionales, fondos comprometidos, avales para créditos internacionales y celeridad en trámites frenados, según detalló La Nación. El pliego de pedidos condensa años de tensión entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales por el reparto de recursos.

La eliminación del Ministerio del Interior y el traspaso de sus funciones a la Jefatura de Gabinete convirtieron a Santilli en el interlocutor único de las provincias. El exdirigente del PRO concentra ahora la negociación política, la administración de la obra pública nacional y la relación institucional con los gobernadores. La apuesta del Gobierno es que esa concentración de poder agilice los acuerdos; el riesgo, que multiplique los cuellos de botella al depender todo de una sola figura. Los mandatarios, mientras tanto, miden la disposición real del nuevo jefe de Gabinete a destrabar sus demandas.

Entre los reclamos más urgentes aparecen las rutas nacionales, cuyo deterioro se convirtió en un problema recurrente en varias provincias. La paralización de la obra pública nacional, una de las decisiones más resistidas del programa de ajuste, dejó tramos inconclusos y rutas sin mantenimiento que afectan la conectividad y la seguridad vial. Los gobernadores reclaman previsibilidad sobre qué obras se retoman y cuáles quedan definitivamente a cargo de las provincias, una definición que impacta de lleno en sus propios presupuestos.

Los fondos comprometidos son otro capítulo sensible. Distintas provincias reclaman transferencias que consideran adeudadas o convenios firmados que quedaron sin ejecución. La discusión sobre la coparticipación y el reparto de Ganancias sobrevuela todas las conversaciones, porque define la masa de recursos con que cuenta cada distrito. Los mandatarios, incluso los más dialoguistas, negocian caso por caso y no entregan respaldo político sin contraprestación concreta. La experiencia del primer tramo de la gestión libertaria dejó a varios con la sensación de haber acompañado sin recibir nada a cambio.

Los avales para créditos internacionales integran también la lista. Varias provincias necesitan la autorización del Gobierno nacional para tomar financiamiento externo destinado a obras de infraestructura, y esa venia se convirtió en una herramienta de negociación política. La Casa Rosada administra los avales como fichas de un juego más amplio, en el que cada gesto de colaboración se paga con apoyo parlamentario o con alineamiento electoral. Los mandatarios lo saben y calibran cuánto están dispuestos a entregar a cambio.

El telón de fondo de toda la negociación es el acto por la Independencia del 9 de julio en Tucumán, donde Milei buscará reunir a los gobernadores en una foto de unidad. La convocatoria tiene un doble propósito: exhibir respaldo territorial y condicionar a los mandatarios en el debate por la reforma electoral y la eliminación de las PASO. La foto de Tucumán será, para el Gobierno, una herramienta de presión; para los gobernadores, una oportunidad de mostrar cuánto valen sus votos y su presencia. El intercambio, como siempre en la política argentina, se mide en recursos.

Los analistas del federalismo fiscal advierten que el relanzamiento del vínculo tiene un límite estructural: sin recomposición de las transferencias, la foto de unidad se agota rápido. La buena voluntad de los mandatarios dialoguistas —Frigerio, Weretilneck, Llaryora, entre otros— tiene un techo marcado por las necesidades de sus propias provincias. Ninguno puede sostener un apoyo incondicional si eso implica desfinanciar su gestión. La ecuación entre lealtad al Gobierno nacional y defensa de los intereses provinciales define cada movimiento.

El desafío de Santilli es traducir los gestos en acuerdos concretos. Su experiencia como dirigente territorial y su capacidad de diálogo son los activos que el Gobierno pondera para la nueva etapa. Pero la tarea no es sencilla: deberá administrar una caja restringida, satisfacer demandas contradictorias y sostener la disciplina del oficialismo en el Congreso, todo al mismo tiempo. El éxito de su gestión se medirá menos en las fotos que en la cantidad de reclamos que efectivamente logre destrabar.

La obra pública es, quizás, el terreno donde la tensión se vuelve más visible. La decisión del Gobierno de frenar la inversión en infraestructura y trasladar la responsabilidad a las provincias generó un reordenamiento de prioridades que golpea con distinta intensidad según cada distrito. Provincias con obras estratégicas a medio construir reclaman definiciones urgentes, mientras el Ejecutivo nacional condiciona cualquier reactivación al cumplimiento de metas fiscales. La parálisis de la obra pública se convirtió en el símbolo más elocuente del choque entre el ajuste nacional y las necesidades territoriales. Cada ruta inconclusa es, para los gobernadores, un argumento en la negociación.

El diseño institucional de la nueva Jefatura de Gabinete concentra un poder inédito en manos de Santilli. Al absorber las funciones del extinto Ministerio del Interior, el exdirigente del PRO maneja simultáneamente la relación política con las provincias, la administración de la caja y la articulación con el Congreso. Esa concentración le da al Gobierno agilidad para negociar, pero también expone un riesgo: si Santilli se convierte en un cuello de botella, todo el esquema de gobernabilidad puede resentirse. La apuesta por un único articulador es una jugada de doble filo, que puede acelerar los acuerdos o congelarlos si la figura no logra procesar la magnitud de las demandas. El tiempo dirá si la centralización fue acierto o error.

Los gobernadores, por su parte, no juegan un papel pasivo. Muchos de ellos construyeron poder territorial propio y saben que su respaldo es indispensable para la agenda parlamentaria del Gobierno. Esa conciencia los ubica en una posición de negociación que aprovechan para reclamar contraprestaciones concretas. La foto de unidad que el oficialismo busca en Tucumán tiene, para ellos, un precio que se paga en obras, fondos y avales. Ningún mandatario está dispuesto a regalar su presencia en una postal que el Gobierno usará para mostrar fortaleza sin recibir algo tangible a cambio. La política de las provincias, como siempre, se rige por el toma y daca.

La relación entre la Nación y las provincias entra así en una etapa decisiva. El Gobierno necesita a los gobernadores para sostener su agenda parlamentaria y su relato de gobernabilidad; los mandatarios necesitan los recursos que solo la Casa Rosada puede liberar. En esa interdependencia se juega buena parte de la política argentina del segundo semestre, con Santilli como articulador y con la caja, una vez más, como el argumento que ordena todas las conversaciones. La lista de reclamos ya está sobre la mesa; falta ver cuánto se cumple.