La manzana de la discordia fue un incremento del 2,5% para julio, un número que el equipo económico provincial llevó con la expectativa de calmar las aguas. La idea de los funcionarios era liquidar ese porcentaje con los sueldos del próximo mes, pero la respuesta de los dirigentes fue unánime y tajante. Para los sindicatos, el porcentaje resulta insignificante y profundiza la caída del salario real frente a la inercia de los precios.

Desde el ala gremial, con ATE a la cabeza, advierten que el bolsillo del empleado público arrastra un agujero cercano al 5% en la primera mitad del año. Los secretarios generales argumentan que la inflación real golpea con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos, volviendo estéril cualquier retoque menor a tres puntos. La exigencia unificada va más allá del número fijo: demandan un mecanismo que garantice ganarle a la inflación.

La negociación salarial sumó además una fuerte dosis de tensión extra por el delicado clima en las escuelas. Los representantes docentes coparon la agenda exigiendo medidas urgentes ante los repetidos episodios de agresiones y desbordes en los colegios. Reclamaron que el Estado no puede mirar para otro lado mientras los maestros sufren violencia dentro de las aulas, exigiendo protocolos de protección inmediata.

Ante el fracaso del encuentro, las autoridades llamaron a un cuarto intermedio de urgencia para evitar que la paritaria termine en un conflicto abierto. En los despachos oficiales ya revisan los números de la recaudación para intentar estirarse un poco más sin descuidar el equilibrio fiscal. Se espera una nueva convocatoria para los próximos días, donde la Provincia deberá llevar un esquema superador si quiere paz social.