El debate por la reforma de la ley de biocombustibles entró en una etapa decisiva en el Senado y volvió a exponer la grieta que atraviesa al sector: pequeñas y medianas empresas regionales de un lado, grandes aceiteras del otro. Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda avanzaron en el tratamiento de cinco proyectos que buscan modificar la actual ley 27.640, y la discusión sobre quién se queda con el mercado interno se volvió el corazón del conflicto. El nudo de la pelea no es solo cuánto biocombustible se corta, sino quién tiene derecho a producirlo.

La voz más crítica del proceso es la de Federico Martelli, director de la Cámara de Empresas Pequeñas y Medianas Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB). La entidad representa a pymes de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis que producen alrededor del 65% del biodiésel destinado al mercado interno. Martelli se opuso de plano a las modificaciones que se discuten y advirtió sobre las consecuencias que tendría para el entramado productivo regional. La CEPREB defiende un modelo federal de producción frente a un proyecto que, según su lectura, favorece la concentración.

La advertencia de Martelli fue contundente. "Si este proyecto se aprueba, va a fundir a 25 pymes y toda la producción del mercado interno se va a concentrar en 6 o 7 aceiteras ubicadas alrededor del puerto de Rosario", planteó el dirigente, según reprodujo un medio nacional. La definición apunta al riesgo de que las modificaciones dejen fuera del negocio a las empresas regionales y trasladen la producción a los grandes jugadores agroexportadores concentrados en el polo rosarino. Para la CEPREB, la reforma amenaza con borrar del mapa a las pymes que sostienen la producción en el interior.

El punto más cuestionado es el mecanismo de coprocesamiento. La iniciativa oficial contempla elevar el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10%, pero permite que las petroleras cubran tres de esos puntos porcentuales mediante coprocesamiento, un procedimiento que técnicamente no constituye biodiésel. Para la CEPREB, esa habilitación vacía de contenido el aumento del corte: en los papeles se eleva la mezcla, pero en la práctica se le abre la puerta a las petroleras para que cubran parte del cupo sin comprar biodiésel a las pymes. La letra chica, denuncian, desactiva el beneficio aparente.

Frente a ese esquema, la cámara de pequeños productores presentó su propia propuesta. La CEPREB plantea elevar el corte obligatorio de biodiésel al 15% y establecer una segmentación del mercado entre las empresas integradas y las regionales, con el coprocesamiento permitido por encima de ese porcentaje y no dentro del cupo obligatorio. La idea es garantizar un piso de demanda para las pymes y evitar que las grandes aceiteras capturen todo el negocio. La propuesta de la CEPREB busca blindar un espacio de mercado para las empresas regionales antes que resignarlo a la concentración.

Martelli sintetizó la posición de la cámara con una frase que apunta al fondo del debate: "No se puede enfrentar a las pymes con las grandes aceiteras", planteó el dirigente, en un llamado a que la reforma no se convierta en un instrumento de concentración. La CEPREB sostiene que las empresas regionales generan empleo y desarrollo en el interior del país, y que su desaparición tendría un costo social y productivo que excede al sector energético.

El debate tiene, además, una dimensión que toca el bolsillo de los consumidores. Parte de la discusión gira en torno a si el aumento del corte y las modificaciones al esquema podrían impactar en el precio de los combustibles en el surtidor. Algunos actores del sector estimaron que ciertos cambios podrían abaratar el litro, mientras que otros advierten que el efecto sería marginal. La disputa técnica se cruza, así, con la sensibilidad del precio de la nafta y el gasoil en un contexto de poder adquisitivo golpeado.

En el Senado, el oficialismo construye acuerdos con guiños a cerealeras y azucareras, lo que refuerza la preocupación de las pymes regionales sobre el rumbo de la reforma. La negociación política se superpone con la técnica: cada modificación al corte y al mecanismo de coprocesamiento redefine ganadores y perdedores dentro de una cadena que mueve inversiones y empleo en varias provincias. El resultado del debate marcará el mapa productivo del biodiésel para los próximos años. La ley que salga del Senado definirá si el mercado del biodiésel se reparte entre muchos actores o se concentra en unos pocos.

Los especialistas en energía señalan que la discusión sobre los biocombustibles combina tres planos que suelen entrar en tensión: el desarrollo regional, el precio de los combustibles y los intereses de los grandes exportadores. Encontrar un equilibrio entre esos objetivos es el desafío que enfrenta el Congreso, y las posiciones enfrentadas anticipan que el consenso no será sencillo. La CEPREB, mientras tanto, insiste en que cualquier reforma debe proteger a las pymes que hoy sostienen la producción para el mercado interno.

Con cinco proyectos sobre la mesa y las posiciones enfrentadas, el debate por los biocombustibles seguirá tensionando al Senado en las próximas semanas. La CEPREB apuesta a que su propuesta de segmentación y corte al 15% encuentre eco entre los legisladores que representan a las provincias productoras. El interrogante es si el Congreso optará por un modelo que preserve el entramado pyme del interior o por uno que, como advierte Martelli, termine concentrando el negocio en un puñado de aceiteras del polo rosarino.

La industria del biodiésel tiene un peso regional que explica la intensidad del debate. Las plantas de las pymes están distribuidas en provincias como Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, donde generan empleo y dinamizan economías locales que no siempre tienen alternativas productivas. La eventual concentración del negocio en el polo aceitero de Rosario no solo afectaría a las empresas, sino a las comunidades que dependen de esa actividad. El conflicto, en ese sentido, tiene una dimensión de desarrollo territorial. Lo que está en juego no son solo empresas, sino el entramado productivo de varias provincias.

El debate técnico sobre el coprocesamiento esconde, en el fondo, una definición sobre el modelo de industria que el país quiere. Permitir que las petroleras cubran parte del corte con ese mecanismo favorece a los grandes jugadores integrados; exigir biodiésel genuino protege a las pymes que lo producen. La discusión, aparentemente árida, define quién gana y quién pierde en un mercado de miles de millones de pesos. Por eso cada palabra del proyecto es objeto de disputa. En la letra técnica del coprocesamiento se decide el reparto de todo un mercado.

Los legisladores de las provincias productoras enfrentan, así, una decisión sensible. Acompañar el proyecto oficial o respaldar la propuesta de la CEPREB implica tomar partido en una disputa que tiene ganadores y perdedores claros en sus propios distritos. La presión de las pymes regionales, por un lado, y la de las grandes aceiteras y cerealeras, por el otro, se hace sentir en cada comisión. El resultado de esa pulseada marcará el rumbo de la industria por años. Cada senador de una provincia productora tendrá que elegir entre las pymes de su distrito y los grandes jugadores del sector.