El conflicto entre la Municipalidad de La Plata y las cooperativas sumó un nuevo foco de tensión, esta vez centrado en la letra chica del pliego. La licitación que abrió la gestión de Julio Alak para contratar servicios de limpieza de zanjas, corte de pasto y barrido en toda la ciudad dejó afuera una tarea clave: la recuperación y el reciclado de residuos. Los cooperativistas que encabezan la protesta advierten que esa exclusión no garantiza la continuidad laboral de los trabajadores que cumplen funciones dentro del sistema de recuperación urbana. El nudo del conflicto ya no es solo cómo se contrata, sino qué tareas quedan dentro y cuáles afuera del nuevo esquema.

El origen de la disputa está en la decisión del gobierno local de dejar de contratar a las cooperativas de manera directa y avanzar con una licitación pública para esos servicios. Según la administración de Alak, la Ley Orgánica de las Municipalidades establece la obligación de adjudicar obras y servicios mediante licitación pública para dar transparencia a los procedimientos administrativos. A eso se suma que el Municipio fue intimado por el Tribunal de Cuentas provincial a dejar de contratar cooperativas de forma directa, una práctica que venía sosteniendo desde 2011. El intendente encuadra la medida como una obligación legal, no como una decisión política discrecional.

Pero los trabajadores del reciclado ven la situación de otra manera. Al quedar la recuperación de residuos fuera del pliego, temen que sus tareas dejen de estar reconocidas y financiadas por el Municipio, lo que pondría en riesgo cientos de puestos. La protesta que días atrás terminó con incidentes, destrozos en el Palacio Municipal y detenidos tuvo como trasfondo, justamente, la incertidumbre sobre el futuro de quienes integran el sistema de recuperación urbana. La exclusión del reciclado convirtió una pelea por la modalidad de contratación en una pelea por la subsistencia de una actividad.

La gestión de Alak endureció el discurso. Tras los destrozos, el intendente cargó contra el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y planteó que detrás de la resistencia hay una defensa de privilegios. "Quieren mantener ñoquis y falsas cooperativas", afirmó Alak, según reprodujo la prensa platense, en una definición que subió el tono del enfrentamiento y que las organizaciones sociales rechazaron de plano. La acusación del intendente trasladó la discusión del plano administrativo al terreno de la sospecha sobre la legitimidad de las cooperativas.

Las organizaciones, por su parte, rechazan la caracterización y sostienen que los trabajadores del reciclado cumplen una función ambiental y social concreta, que el nuevo esquema no contempla. Denuncian que la licitación no garantiza que quienes hoy recuperan residuos puedan seguir haciéndolo, y advierten que la transición dejará a familias enteras sin ingresos. El reclamo, plantean, no es contra la transparencia sino contra un pliego que —según su lectura— borra de un plumazo un sistema que llevó años construir.

En ese contexto, la Universidad Nacional de La Plata volvió a ofrecerse como mediadora. La UNLP pidió una mesa de diálogo por el conflicto entre Alak y las cooperativas y planteó que la recuperación de residuos debe continuar, más allá de la modalidad de contratación que finalmente se adopte. La casa de altos estudios busca destrabar un enfrentamiento que escaló hasta la violencia y ofrecer un ámbito neutral para que las partes negocien. Hasta ahora, sin embargo, el diálogo no logró encauzarse y las posiciones siguen enfrentadas. La mediación de la UNLP aparece como la única vía institucional para evitar que el conflicto vuelva a desbordar en la calle.

El trasfondo político del conflicto no es menor. Alak, intendente de La Plata, hace equilibrio dentro del peronismo entre las líneas de Axel Kicillof y de Cristina Fernández de Kirchner, y la disputa con las cooperativas lo expone en un terreno sensible. La decisión de licitar y de confrontar con las organizaciones sociales lo ubica en una posición incómoda frente a un sector que históricamente formó parte de la base social del peronismo. Cada declaración del intendente se lee, además, en clave de su posicionamiento en la interna provincial.

Los especialistas en gestión municipal señalan que el conflicto platense refleja una tensión más amplia entre la formalización de servicios que exige la normativa y la realidad de miles de trabajadores que dependen de esquemas cooperativos. La transición desde la contratación directa hacia la licitación pública, advierten, requiere previsiones para no dejar a esos trabajadores en la intemperie. Cuando esas previsiones faltan, el resultado es la conflictividad que hoy vive La Plata. La formalización de un servicio no puede resolverse ignorando a quienes hoy lo prestan.

La ciudad, mientras tanto, sigue en tensión. El pliego que excluye el reciclado, las declaraciones cruzadas y la falta de una salida negociada mantienen el conflicto en un punto muerto. Los cooperativistas anticipan que continuarán con las medidas de fuerza si no reciben garantías sobre la continuidad de sus tareas, y la gestión de Alak defiende la licitación como un imperativo legal. En el medio, la UNLP insiste en que el reciclado no puede detenerse y en que la única salida posible es el diálogo.

El desenlace del conflicto marcará no solo el futuro de cientos de trabajadores, sino también la forma en que La Plata resuelve la tensión entre transparencia administrativa y protección del empleo. Con el pliego abierto y las posiciones enfrentadas, la ciudad espera una definición que, por ahora, ninguna de las partes está en condiciones de garantizar. La pelota, otra vez, queda del lado de una mesa de diálogo que todavía no logra sentarse.

El sistema de recuperación urbana que está en juego tiene, además de su dimensión laboral, un impacto ambiental concreto. La recolección diferenciada y el reciclado de residuos permiten reducir el volumen que llega a los rellenos sanitarios y recuperar materiales que vuelven al circuito productivo. Los trabajadores del sector cumplen, en ese esquema, una función que excede la limpieza: son parte de la política ambiental de la ciudad. Por eso el reclamo de la UNLP de que el reciclado no se detenga tiene también una lógica de sustentabilidad. Detrás del conflicto laboral hay una discusión ambiental que la ciudad no puede darse el lujo de ignorar.

La normativa que invoca la gestión municipal, por su parte, no es un capricho local. La Ley Orgánica de las Municipalidades y las observaciones del Tribunal de Cuentas provincial marcan un límite concreto a la contratación directa, que la administración está obligada a respetar. El desafío, señalan los especialistas, es cumplir con esa exigencia legal sin dejar en la calle a los trabajadores que hoy prestan el servicio. La formalización, cuando se hace sin previsiones, genera el conflicto que hoy vive La Plata. La ley obliga a licitar, pero no obliga a abandonar a los trabajadores en el camino.

El conflicto se inscribe, finalmente, en la delicada posición política del intendente. Alak administra una ciudad clave del conurbano y hace equilibrio dentro de un peronismo fracturado entre las líneas de Kicillof y de Cristina. La confrontación con las organizaciones sociales lo expone frente a un sector históricamente ligado al peronismo, y sus definiciones son leídas en clave de la interna provincial. Cada paso que da en el conflicto con las cooperativas repercute más allá de La Plata. En un peronismo dividido, hasta un conflicto municipal se lee en clave de interna.