El paquete fiscal del Gobierno depende, como casi todo en el Congreso argentino, de una negociación con los gobernadores que todavía no está cerrada. El oficialismo necesita los votos de los bloques provinciales para aprobar el Presupuesto 2026 y el resto de su agenda impositiva, y los mandatarios lo saben: llegan a la mesa dispuestos a cobrar cada apoyo. La aritmética parlamentaria convierte a cada gobernador en un actor con capacidad de veto sobre las prioridades de la Casa Rosada.

Las llaves para destrabar el Presupuesto son conocidas: obras públicas, la devolución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación. Esos tres reclamos encabezan la lista que las provincias le presentaron al jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la ronda de contactos que inició tras asumir. Los mandatarios exigen garantías concretas —y por escrito— antes de comprometer a sus legisladores en votaciones que el Gobierno considera decisivas. Ningún mandatario quiere repetir la experiencia de aprobar leyes a cambio de promesas de obras que después nunca llegan.

La caída de la coparticipación en junio reforzó la posición de las provincias. La merma en la recaudación coparticipable, empujada por la retracción del consumo y de la actividad, dejó a varios distritos con las cuentas ajustadas y aumentó su margen de presión. Con menos recursos automáticos, los gobernadores necesitan más de lo que la Nación pueda ofrecer de manera discrecional, y ese cálculo endurece la negociación. Cuando bajan los recursos coparticipables, sube el precio político que las provincias le ponen a su acompañamiento.

El Gobierno, en tanto, sostiene una línea dura en materia fiscal. La administración de Milei se niega a modificar los artículos que reducen la recaudación y afectan la base imponible compartida, un punto que choca de frente con el reclamo provincial de que ninguna baja de impuestos se financie con fondos que les corresponden. El fuerte ajuste que conduce el ministro Luis Caputo, además, recortó las transferencias discrecionales que históricamente aceitaban estos acuerdos, lo que le quita a Santilli una de sus principales herramientas de negociación.

En el bloque de gobernadores dialoguistas, la actitud es de espera activa. Ninguno quiere aparecer bloqueando el Presupuesto —una ley que el país necesita para funcionar—, pero tampoco están dispuestos a firmar un cheque en blanco. La estrategia es negociar artículo por artículo, obra por obra, y condicionar el voto final a que la Nación cumpla con compromisos verificables. La negociación por el Presupuesto se parece menos a un acuerdo político y más a un contrato con cláusulas de garantía.

El peronismo, desde la oposición, apuesta a que la tensión entre la Nación y los gobernadores dialoguistas erosione al oficialismo sin necesidad de exponerse. Desde Unión por la Patria plantean que el paquete fiscal "no cierra sin discutir coparticipación" y que la baja de impuestos que impulsa el Gobierno esconde un ajuste a las provincias. La estrategia opositora consiste en dejar que la interna del bloque provincial haga su trabajo, mientras el kirchnerismo y el peronismo federal ordenan sus propias filas.

El trasfondo de toda la discusión es la relación estructural entre la Nación y las provincias, que arrastra décadas de reclamos cruzados. El reparto de la coparticipación, la discrecionalidad de los ATN y el financiamiento de la obra pública son nudos que ningún gobierno logró desatar sin resignar recaudación o sin trasladar el costo a algún distrito. La administración de Milei, con su prioridad puesta en el equilibrio fiscal, tensa esa relación al máximo: cada peso que la Nación no gira es un peso que alguna provincia reclama.

Los especialistas en finanzas públicas advierten que el conflicto tiene una dimensión que excede la coyuntura. La caída de la recaudación coparticipable no es solo un problema de las provincias: golpea también las cuentas de los municipios, que dependen en cascada de esos fondos, y termina impactando en los servicios que los vecinos reciben todos los días. La discusión por el Presupuesto, en ese sentido, es mucho más que una pelea entre despachos: define recursos concretos para la vida cotidiana en cada distrito. La coparticipación no es una abstracción contable: es el dinero con el que las provincias pagan salarios, obras y servicios esenciales.

El calendario, una vez más, presiona. El receso invernal y la cercanía del año electoral achican el margen para cerrar acuerdos, y ningún actor quiere quedar pegado a una negociación fallida en la antesala de la campaña. El Gobierno necesita mostrar que puede aprobar su Presupuesto; los gobernadores, que pueden arrancarle recursos; y la oposición, que el oficialismo no consigue gobernar sin ceder. En ese pulso a tres bandas se define el ritmo del segundo semestre.

Con la ronda de Santilli en marcha, el desenlace sigue abierto. El Gobierno confía en que la promesa de obras y adelantos alcance para sumar los votos que le faltan; las provincias, en que la necesidad oficial las coloque en la mejor posición de negociación en años. El Presupuesto 2026, mientras tanto, sigue trabado en el mismo lugar de siempre: el punto exacto donde se cruzan los votos que la Nación necesita y los recursos que las provincias reclaman.

El Presupuesto es, en la práctica, la ley más importante que un gobierno envía al Congreso cada año, porque define cómo se distribuyen los recursos del Estado. Gobernar sin Presupuesto aprobado —una situación que la Argentina ya atravesó— obliga a prorrogar el del año anterior y le da al Ejecutivo un margen de discrecionalidad que las provincias y la oposición cuestionan. Por eso la negociación en torno a la ley de leyes concentra tanta tensión: define no solo números, sino equilibrios de poder. Sin Presupuesto, el que gana margen de maniobra es siempre el Poder Ejecutivo, y eso las provincias lo saben.

La caída de la actividad y del consumo agrega un componente estructural al conflicto. Cuando la economía se enfría, la recaudación baja y el reparto de recursos se vuelve más disputado, porque hay menos para distribuir entre todos. Las provincias, que dependen en buena medida de los fondos coparticipables, sienten el impacto de manera directa en sus cuentas. Esa escasez transforma cada punto de coparticipación en un botín que nadie quiere resignar. En tiempos de vacas flacas, la pelea por los recursos se vuelve más encarnizada.

Los analistas coinciden en que el desenlace dependerá de la capacidad del Gobierno de ofrecer contraprestaciones creíbles. Las promesas de obras y de adelantos de coparticipación funcionan como moneda de cambio, pero su valor depende de que se cumplan efectivamente. Los gobernadores, escaldados por experiencias previas, exigen garantías concretas antes de comprometer votos. El resultado de esa pulseada marcará no solo la suerte del Presupuesto, sino el tono de la relación entre la Nación y las provincias durante todo el año. La confianza, más que los discursos, será la que destrabe o trabe el acuerdo por el Presupuesto.