La reforma política se instaló como uno de los ejes del temario que el Gobierno definió para el segundo semestre, pero su tratamiento anticipa más tensiones que consensos. El oficialismo busca modificar reglas del sistema electoral y avanzar hacia la eliminación de las PASO, un objetivo que Javier Milei viene acariciando desde el inicio de su gestión. La iniciativa, sin embargo, tropieza con la resistencia de aliados que miran cada cambio de reglas con la calculadora de 2027 en la mano.

En la reunión que el Presidente encabezó con los legisladores de La Libertad Avanza, la reforma política figuró entre las prioridades que transmitió la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El Gobierno la presenta como una modernización necesaria del sistema, capaz de reducir costos y simplificar el calendario electoral. Pero detrás del argumento técnico late una disputa de poder: quién define las reglas con las que se competirá en la próxima elección presidencial. Ningún cambio en el sistema electoral es neutro, y todos los actores lo saben a la hora de negociar.

El PRO, socio incómodo del oficialismo, ya adelantó reparos. El partido que fundó Mauricio Macri presentará su propio candidato a la Presidencia y buscará dirimir candidaturas a través de elecciones primarias, lo que lo coloca en las antípodas de la eliminación de las PASO que impulsa el Gobierno. Para el macrismo, las primarias son una herramienta de ordenamiento interno que no está dispuesto a resignar sin discusión. La pelea por las PASO expone que el oficialismo y el PRO ya no juegan el mismo partido de cara a 2027.

Los gobernadores dialoguistas completan el cuadro de reticencias. Varios mandatarios provinciales condicionan su apoyo a la reforma electoral nacional al respeto de sus propios sistemas de elección, que en muchos casos incluyen calendarios desdoblados y reglas particulares. Ninguno quiere que una reforma impulsada desde la Casa Rosada les altere el esquema con el que gobiernan sus distritos. La negociación, otra vez, se traba en el cruce entre la lógica nacional y los intereses provinciales.

El calendario juega en contra del oficialismo. El receso invernal y la proximidad del año electoral achican el margen para debatir una reforma de semejante calibre, que requiere mayorías especiales y consensos amplios que el Gobierno todavía no reunió. La eliminación de las PASO, en ese contexto, quedó atada a un cronograma que difícilmente se resuelva antes de agosto y que, según reconocen en el propio oficialismo, recién apuntaría a impactar en las elecciones de 2027. El fin de las primarias es una bandera que el Gobierno agita, pero que la realidad parlamentaria empuja una y otra vez hacia adelante.

A la reforma política se suman otros dos frentes que el oficialismo ubicó en su temario: los cambios al régimen de Zona Fría y la modificación del proyecto de Inocencia Fiscal. Ambos tocan intereses concretos —subsidios al gas en las provincias frías, en un caso; régimen tributario, en el otro— y anticipan negociaciones que se resolverán en el terreno del intercambio de votos por recursos. La reforma electoral, en cambio, se juega en un plano más simbólico y de poder, lo que la vuelve más difícil de canjear.

En la oposición peronista, la estrategia pasa por dejar que el oficialismo exponga sus propias grietas. Desde Unión por la Patria observan con expectativa el cortocircuito entre el Gobierno y el PRO en torno a las primarias, y evitan por ahora tomar una posición cerrada que los obligue a defender o atacar un sistema que también los atraviesa internamente. La interna del peronismo bonaerense, con Kicillof y el kirchnerismo discutiendo si van a PASO o a listas separadas, vuelve el debate sobre las primarias particularmente sensible para todos los espacios.

Los constitucionalistas y especialistas en derecho electoral advierten que cualquier reforma del sistema debería debatirse con tiempo y consenso, y no al calor de la conveniencia coyuntural de un oficialismo o de una oposición. La historia argentina reciente muestra que los cambios en las reglas de juego, cuando se aprueban a las apuradas y por mayorías circunstanciales, suelen terminar impugnados o revertidos en la elección siguiente. La legitimidad de una reforma electoral depende tanto de su contenido como del modo en que se la aprueba.

El Gobierno, por su parte, confía en que la promesa de obras y adelantos de coparticipación le permita sumar a los gobernadores necesarios para destrabar al menos una parte de su agenda. Pero la reforma política, a diferencia de las iniciativas fiscales, no se compra con una obra: toca el reparto del poder, y ahí cada actor defiende su propio terreno con uñas y dientes. Esa es la razón por la que, pese a figurar entre las prioridades, la reforma electoral aparece como la más incierta de todo el paquete.

Con el temario ya definido y el receso a la vista, el oficialismo enfrenta el desafío de convertir la reforma política en algo más que un anuncio. Los aliados marcan la cancha, los gobernadores ponen precio y el PRO defiende sus primarias. En ese tablero, la eliminación de las PASO —una de las banderas más repetidas por Milei— vuelve a quedar, como tantas veces, para un futuro que el Gobierno promete pero que el Congreso todavía no garantiza.

La eliminación de las PASO tiene, además, defensores y detractores dentro de todos los espacios. Quienes las cuestionan sostienen que se convirtieron en una gran encuesta financiada por el Estado, sin cumplir la función de dirimir candidaturas para la que fueron creadas. Quienes las defienden argumentan que son la única herramienta que permite a los ciudadanos participar en la selección de los candidatos y evitar que las cúpulas partidarias decidan a dedo. El debate, lejos de ser meramente técnico, toca la calidad democrática del sistema. Detrás de la discusión por las primarias se juega quién elige a los candidatos: los afiliados o los aparatos.

El oficialismo enfrenta, también, una limitación de números. Una reforma del sistema electoral requiere mayorías especiales que el Gobierno no reúne por sí solo, lo que lo obliga a construir consensos amplios con bloques que tienen intereses divergentes. Sin el acompañamiento del PRO, de sectores del radicalismo y de los gobernadores, la iniciativa no tiene recorrido. Esa dependencia de terceros vuelve especialmente incierto el destino de la reforma política. En materia electoral, el Gobierno no puede imponer nada: necesita convencer, y ahí está su mayor debilidad.

Los constitucionalistas advierten que reformar las reglas del juego en la antesala de una elección es una práctica riesgosa. Cuando los cambios se aprueban con mayorías circunstanciales y con la mira puesta en la conveniencia inmediata, suelen generar impugnaciones y desconfianza sobre la limpieza del proceso. La recomendación de los especialistas es que una reforma de este tipo se debata con tiempo, amplitud y consenso, y no al calor de la coyuntura. El Gobierno, sin embargo, corre contra un calendario que no le da esos márgenes. Una reforma electoral apurada nace con un déficit de legitimidad que después es difícil de reparar.