La provincia de Buenos Aires arrastra un cuadro fiscal que condiciona cada decisión de gestión y que Axel Kicillof intenta administrar entre la presión de los vencimientos y la pelea abierta con la Casa Rosada. La Legislatura bonaerense le aprobó al gobernador la Ley de Financiamiento que lo autoriza a tomar deuda por unos 3.685 millones de dólares, destinada a afrontar vencimientos, obra pública y gastos corrientes. La autorización llega en un contexto en el que la Provincia se declaró en emergencia económica y navega con recursos cada vez más ajustados.

El Presupuesto 2026 bonaerense se estructuró en torno a esa restricción. El proyecto proyectó un gasto total del orden de los 43 billones de pesos, con inversiones en infraestructura, asistencia social, salud, educación y seguridad, y colocó a la deuda como uno de sus ejes centrales de discusión. La Legislatura, además, declaró la emergencia económica hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. La medida quedó atada, según el propio oficialismo provincial, a la recesión y a los incumplimientos del Estado nacional en las transferencias.

El gobernador defendió la Ley de Financiamiento y buscó despegarse de la idea de un nuevo ciclo de endeudamiento. A través de sus redes, Kicillof sostuvo que la norma no apunta a tomar nueva deuda, sino a ordenar los vencimientos existentes y garantizar el funcionamiento del Estado provincial. La conducción bonaerense insiste en que el problema de fondo no es el gasto sino la caída de los ingresos, agravada por lo que denuncia como una asfixia financiera desde la Nación. El discurso oficial provincial coloca a la Casa Rosada como principal responsable del ahogo de las cuentas.

Los números que exhibe el Gobierno bonaerense son contundentes en ese sentido. La administración de Kicillof sostiene que el Estado nacional le adeuda transferencias automáticas y no automáticas por más de 12,9 billones de pesos, una parte de las cuales corresponde a deuda previsional. La Provincia impulsa incluso un Fondo de Recupero de Deudas para reclamar esos montos ante los incumplimientos de la Nación. La disputa por los fondos coparticipables se convirtió en el principal campo de batalla entre La Plata y Balcarce 50.

Pero el reclamo hacia arriba no clausura las críticas que Kicillof recibe desde adentro del propio arco opositor al mileísmo. Desde la izquierda, sectores que responden al Frente de Izquierda cuestionaron el Presupuesto 2026 por considerar que profundiza el ajuste, el endeudamiento y la precarización laboral en la Provincia. La objeción apunta a que el gobernador replica, en escala provincial, buena parte de la lógica de ajuste que denuncia en la Nación. La crítica desde la izquierda desnuda que el ajuste no es patrimonio exclusivo de la Casa Rosada.

El cuadro se agrava por la conflictividad social que atraviesa a la Provincia. Los gremios docentes protagonizaron paros que tensionan la relación con el Ejecutivo provincial, mientras la inseguridad y la crisis de los municipios completan un escenario de gestión bajo presión. La emergencia económica prorrogada le da al gobernador herramientas para reasignar partidas, pero también funciona como un reconocimiento formal de que las cuentas no cierran sin financiamiento extraordinario. La declaración de emergencia es, en sí misma, un diagnóstico de la fragilidad fiscal bonaerense.

En paralelo, la situación política de Kicillof suma otra capa de complejidad. El gobernador enfrenta una interna feroz con el kirchnerismo por el armado de cara a 2027, lo que le resta margen para concentrarse de lleno en la gestión provincial. Dirigentes del peronismo del interior advierten que la pelea de aparatos deja a la Provincia sin una conducción política estable en el peor momento de sus cuentas. La guerra interna del peronismo bonaerense se libra mientras la Provincia lidia con su emergencia.

Analistas fiscales remarcan que el endeudamiento provincial no es en sí mismo una anomalía, ya que las jurisdicciones recurren habitualmente a colocaciones de deuda para cubrir vencimientos y financiar obra pública. El punto de discusión es la sostenibilidad: si los ingresos coparticipables siguen cayendo, la Provincia quedará cada vez más dependiente del crédito para sostener su funcionamiento. El interrogante que sobrevuela La Plata es hasta cuándo puede financiarse el déficit sin comprometer los ejercicios futuros.

La pelea por los fondos también tiene una dimensión nacional. La caída de la coparticipación golpea por igual a las provincias gobernadas por el peronismo y por la oposición, y refuerza el poder de negociación de los mandatarios en la mesa de las reformas que impulsa Milei. Kicillof, sin embargo, corre con la desventaja de su enfrentamiento frontal con la Casa Rosada, que le dificulta cualquier canal de diálogo directo. La confrontación política le cierra al gobernador las puertas que otros mandatarios mantienen abiertas.

El componente previsional es uno de los nudos más sensibles del reclamo. Una parte de lo que la Provincia dice que la Nación le adeuda corresponde al financiamiento de la caja jubilatoria provincial, uno de los pocos sistemas previsionales que no fueron transferidos a la Nación. El déficit de ese sistema es una carga estructural que condiciona las cuentas y que alimenta la disputa por los fondos. La deuda previsional es una bomba de tiempo que ninguna gestión logró desactivar.

Mientras tanto, la discusión política se traslada al terreno del relato: la Nación acusa a la Provincia de gastar de más y la Provincia acusa a la Nación de no cumplir. En el medio, los bonaerenses conviven con paros, inseguridad y servicios bajo tensión. La emergencia económica quedó prorrogada, la deuda autorizada y el reclamo por los fondos en marcha. La Provincia consiguió tiempo, pero el reloj de sus cuentas sigue corriendo.