Mientras la atención política se concentra en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el oficialismo mantiene abierto un segundo frente legislativo que arrastra desde el comienzo del año: la modernización laboral. La iniciativa, que el Gobierno considera una de las columnas de su programa de reformas estructurales, quedó a la espera de tratamiento en la Cámara de Diputados y volvió a colarse en la hoja de ruta que Javier Milei repasó con los legisladores de La Libertad Avanza. La reforma laboral es, junto con la tributaria, la pieza que el oficialismo necesita para mostrar que su agenda de cambios sigue en movimiento.

El proyecto ya tiene un antecedente concreto. A comienzos de año, tras más de doce horas de debate, la reforma laboral obtuvo la media sanción en el Senado y dejó la aprobación definitiva en manos de Diputados. Aquella votación fue leída como un triunfo del Gobierno, que logró ordenar a su bloque y sumar apoyos de aliados para avanzar con una modernización de la legislación del trabajo que venía resistida por el sindicalismo. La media sanción del Senado le dio al oficialismo el envión inicial, pero la sanción final todavía depende de una Cámara baja más fragmentada.

En su nueva etapa al frente de la coordinación del Gabinete, Diego Santilli asumió la tarea de destrabar tanto la reforma tributaria como la laboral, dos iniciativas que la Casa Rosada colocó entre las prioridades del segundo semestre. La estrategia oficial combina ambos paquetes para negociar en bloque con los gobernadores, que llegan a la mesa con reclamos propios y con la caída de la coparticipación de junio como argumento de peso. El Gobierno apuesta a que la necesidad de fondos de las provincias lo ayude a construir las mayorías que no tiene por sí solo.

La modernización laboral que impulsa el oficialismo apunta a flexibilizar aspectos del régimen vigente con el argumento de reducir la litigiosidad y fomentar la creación de empleo registrado. El Gobierno sostiene que el actual esquema desalienta la contratación formal y que la Argentina necesita reglas más simples para dinamizar un mercado de trabajo que muestra un fuerte peso de la informalidad. La promesa oficial es que menos rigidez se traduzca en más empleo en blanco, un vínculo que los críticos de la reforma discuten.

Del otro lado, el sindicalismo y sectores de la oposición advierten que la reforma esconde un recorte de derechos laborales y un traslado de riesgos hacia los trabajadores. La central obrera resistió el proyecto desde su presentación y anticipó que dará pelea en Diputados, donde el oficialismo necesita tejer acuerdos con bloques que no le garantizan el acompañamiento automático. La discusión reedita una vieja tensión argentina entre la búsqueda de competitividad y la defensa de las conquistas laborales.

El contenido concreto de la reforma es objeto de disputa técnica además de política. Entre los puntos que trascendieron figuran cambios en el régimen de indemnizaciones, la promoción de sistemas de fondos de cese similares al de la construcción, modificaciones en la regulación de la jornada y facilidades para la registración de trabajadores informales. Cada uno de esos capítulos tiene defensores y detractores, y la letra fina determinará el alcance real de la modernización. El diablo de la reforma laboral, como suele ocurrir, está en los detalles de su articulado.

El factor tiempo juega en contra del oficialismo. El receso invernal recorta el margen de acción legislativa y empuja las definiciones hacia el segundo semestre, cuando el clima parlamentario ya estará atravesado por la proximidad de la competencia electoral de 2027. Cada semana que la reforma permanece frenada en comisión le resta impulso a un Gobierno que necesita mostrar resultados concretos. El calendario obliga al oficialismo a acelerar antes de que la campaña devore la agenda.

La negociación con las provincias es el nudo del problema. Los gobernadores condicionan su apoyo a las reformas nacionales a la resolución de sus propios problemas fiscales, agravados por la caída de los recursos coparticipables. En ese contexto, la modernización laboral compite por atención con la reforma tributaria, que promete profundizar la baja de la carga impositiva pero choca con la puja por Ganancias. El oficialismo pretende avanzar con las dos reformas a la vez, pese a que ambas dependen del mismo grupo de gobernadores.

Analistas parlamentarios remarcan que el Gobierno consiguió sus mayores victorias legislativas cuando administró la negociación con paciencia y las perdió cuando subestimó a sus socios. La reforma laboral es un test de esa capacidad: requiere convencer a bloques provinciales y al PRO, que ya empezaron a marcarle la cancha al oficialismo en otros temas. La suerte de la modernización laboral dependerá menos de la épica presidencial que de la aritmética fina del recinto.

En el peronismo, la reforma laboral funciona como una de las pocas banderas capaces de unificar a un espacio dividido por la interna entre el kirchnerismo y Axel Kicillof. La defensa de los derechos del trabajo es un terreno común en el que los distintos sectores del PJ pueden confluir, aun cuando su guerra interna les impida articular una estrategia opositora integral. El oficialismo, en cambio, corre el riesgo de que la reforma le regale al peronismo una causa que lo reordene.

Por ahora, la reforma laboral espera su turno en Diputados con el respaldo de la media sanción del Senado y la incógnita sobre los votos que faltan. El Gobierno confía en que la combinación de necesidad fiscal de las provincias y disciplina de su propio bloque le alcance para cerrar el círculo. La oposición, dividida pero atenta, apuesta a que el desgaste y la falta de mayorías jueguen a su favor. En el tablero del segundo semestre, la modernización laboral quedó como la prueba de fuego de la capacidad negociadora del oficialismo.