Javier Milei eligió el arranque del segundo semestre para abrir un frente que venía anticipando desde la campaña. En una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, el Presidente confirmó que trabaja en un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, la norma que fija sus funciones, facultades y objetivos. El eje de la iniciativa es limitar de manera estricta la capacidad del organismo de emitir moneda y prohibir que futuros gobiernos usen la maquinita para financiar el gasto público.

La reunión se realizó pocos días después de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y del desembarco de Diego Santilli como coordinador del Gabinete, en una jornada en la que el oficialismo buscó reordenar su hoja de ruta legislativa. Según reconstruyó Infobae, Milei les presentó a los legisladores un paquete que incluye, además de la reforma del Central, la reforma política y cambios en el régimen de Inocencia Fiscal. El mensaje hacia adentro del bloque fue que la agenda del segundo semestre girará alrededor de "profundizar" el esquema monetario y fiscal.

El corazón del proyecto apunta a la reforma que impulsó el kirchnerismo en 2012, cuando la conducción de Mercedes Marcó del Pont modificó el artículo que definía la "misión primaria y fundamental" del Banco Central. Aquella reforma sumó objetivos múltiples —empleo, desarrollo económico con equidad social— a la meta de preservar el valor de la moneda. La Casa Rosada sostiene que ese cambio diluyó la estabilidad monetaria como prioridad y habilitó dos décadas de asistencia al Tesoro vía emisión.

Uno de los puntos centrales que se estudia es restringir o eliminar la posibilidad del Central de otorgar adelantos transitorios al Tesoro, el mecanismo por el cual la autoridad monetaria le presta pesos al Estado. El Gobierno quiere volver, según su propio relato, al "espíritu original" de la carta, donde la defensa del valor de la moneda era el mandato excluyente. En el equipo económico trabajan en el borrador el ministro Luis Caputo, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La iniciativa retoma una vieja aspiración del sturzeneggerismo, que ya había intentado avanzar en la independencia del organismo durante el gobierno de Cambiemos.

La propuesta también se entronca con un pedido del Fondo Monetario Internacional, que reclamó reformar la Carta Orgánica para fortalecer la independencia del Banco Central. Ese origen es, para varios analistas, uno de los flancos más débiles del anuncio. El economista Nicolás Bertholet, de la consultora Paramétrica, planteó ante Ámbito que si bien limitar la discrecionalidad de la política monetaria puede sonar como una buena noticia, la reforma llega como una exigencia del organismo internacional y que el propio Gobierno no cree del todo en la independencia del Central cuando designa como presidente a alguien que integra el equipo económico del ministro de Economía. La crítica apunta a una contradicción de fondo: se pide autonomía institucional mientras la conducción del Central responde políticamente a Hacienda.

Desde otra vereda, el economista Federico Machado, de la fundación OPEN, sostuvo que la reforma podría complicar al propio Banco Central, en la medida en que la entidad no priorizó bajar la inflación durante buena parte de este semestre. La observación resume el escepticismo de una parte del análisis económico: atar por ley la conducta futura del organismo puede volverse un corsé si las circunstancias obligan a intervenir. Especialistas advierten que una prohibición total de asistir al Tesoro forzaría a cualquier administración a financiar el déficit exclusivamente con impuestos, recorte de gasto o deuda.

El anuncio se apoya en un dato que el oficialismo exhibe como su principal activo: la desaceleración inflacionaria y la recomposición de reservas. De acuerdo con el relevamiento del propio Banco Central, la autoridad monetaria alcanzó cerca del 99,8% de la meta de acumulación de reservas proyectada para 2026, un número que el Gobierno usa como prueba de que el rumbo monetario funciona. La contracara la ponen quienes recuerdan que buena parte de esa mejora se explica por endeudamiento y por un dólar planchado dentro de las bandas. El debate técnico esconde una disputa sobre quién define la política monetaria de los próximos veinte años.

En el peronismo, la reforma es leída como un intento de blindar el modelo más allá del calendario electoral. Referentes del kirchnerismo defienden la reforma de 2012 como una recuperación de soberanía monetaria y advierten que atar de manos al Estado en materia de crédito es una decisión ideológica disfrazada de tecnicismo. Del lado de los economistas más críticos del actual esquema, la objeción es distinta: sostienen que el problema argentino nunca fue únicamente la emisión, sino la escasez estructural de dólares, y que una ley que congele la política monetaria no resuelve esa restricción. La discusión reabre una grieta conceptual que atraviesa a la economía argentina desde hace décadas.

El proyecto todavía no tiene fecha de ingreso al Congreso y su suerte dependerá de la aritmética parlamentaria que el propio Gobierno reconoce como su talón de Aquiles. La reforma requiere mayorías que La Libertad Avanza no tiene por sí sola, y necesitará el acompañamiento del PRO y de gobernadores que llegan a la negociación con una lista de reclamos por la caída de la coparticipación. Santilli quedó a cargo de tejer esos acuerdos en simultáneo con la reforma tributaria y la modernización laboral. El oficialismo pretende avanzar con tres reformas de fondo al mismo tiempo, con un capital político que sus propios aliados le recuerdan que no le alcanza.

De cara a 2027, el movimiento tiene una lectura que excede lo económico. Si la reforma prospera, Milei dejaría atornillada por ley una arquitectura monetaria difícil de revertir para un eventual sucesor, algo que en el oficialismo celebran como un seguro contra "la vuelta del populismo". Analistas que siguen la estrategia libertaria interpretan que el Presidente busca convertir la estabilidad de precios en una política de Estado inamovible. La pregunta que sobrevuela los despachos es si un país que cambió de régimen monetario tantas veces puede clausurar el debate con una sola ley.

El momento elegido tampoco es neutral. El anuncio llegó cuando el Gobierno busca reordenar su agenda tras el recambio en el Gabinete y necesita mostrar iniciativa legislativa. Colocar la reforma del Banco Central en el centro del debate le permite a Milei recuperar la iniciativa y correr el eje de la discusión hacia un terreno en el que se siente cómodo. La señal de disciplina monetaria es bien recibida por los inversores, pero varios operadores admiten que el diablo está en la letra chica y en la independencia real de la conducción del Central. El que quiera atar a los que vengan, avisan por lo bajo, que empiece por atarse a sí mismo.