La primera gran misión de Diego Santilli como jefe de Gabinete tiene nombre y apellido: convencer a los gobernadores. El flamante coordinador del Ejecutivo asumió con la tarea de destrabar en el Congreso la reforma tributaria que impulsa la Casa Rosada, un paquete que busca extender la baja de impuestos iniciada por la gestión de Javier Milei y que necesita, sí o sí, del acompañamiento provincial. Sin los mandatarios, el oficialismo no reúne los votos para sancionar su agenda de reformas.

Santilli ya había anticipado que el Gobierno enviaría al Parlamento una reforma tributaria con el objetivo de profundizar la reducción de la carga impositiva, y ubicó ese debate entre las prioridades del segundo semestre, según consignó Ámbito. La estrategia oficial combina la reforma impositiva con la modernización laboral, dos iniciativas que la administración considera centrales para generar empleo formal y mejorar la competitividad. El paquete es ambicioso, pero la aritmética parlamentaria vuelve a ser el cuello de botella.

El principal escollo es un clásico de la relación Nación-provincias: Ganancias y la coparticipación. Los gobernadores reclaman que cualquier rebaja impositiva no se financie a costa de los fondos que les corresponden, mientras el oficialismo se niega a modificar los artículos que reducen la recaudación de ese tributo y afectan la masa coparticipable. La discusión de fondo no es ideológica sino de caja: quién pone la plata de la rebaja.

El antecedente inmediato es la reforma laboral, que marcó el pulso de las negociaciones durante el verano. El proyecto obtuvo media sanción en el Senado tras más de doce horas de debate y fue aprobado luego en Diputados, aunque con un cambio clave —la eliminación de un artículo sobre el régimen de licencias— que obligó a devolver el texto a la Cámara alta para su revisión final. Aquel ida y vuelta dejó una lección: cada modificación abre un nuevo frente de negociación.

Con ese aprendizaje, Santilli encaró la ronda de contactos con los mandatarios provinciales para asegurar el respaldo al articulado completo, incluidas las cláusulas más resistidas. La tarea la comparte con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un esquema de coordinación que busca ordenar la relación con los bloques y con los gobernadores. El objetivo es evitar que la reforma se diluya en el recinto como estuvo a punto de pasar con la laboral.

Del otro lado, los gobernadores llegan a la mesa con una lista de reclamos. La caída de la coparticipación de junio, sumada a los problemas de recaudación propia, tensó aún más el vínculo con la Nación y fortaleció la posición negociadora de los mandatarios, que condicionan su acompañamiento a la resolución de sus demandas financieras. El acompañamiento a las reformas tiene precio, y los gobernadores ya lo pusieron sobre la mesa.

El senador Sergio Uñac, una de las voces del peronismo federal, sintetizó el malestar al advertir que la relación entre la Casa Rosada y las provincias atraviesa un deterioro y al reclamar que "las agendas de las provincias del interior" ocupen un lugar central en la discusión nacional, en declaraciones que reprodujo Letra P. El reclamo trasciende al peronismo: gobernadores de distintos signos comparten el diagnóstico.

En el oficialismo confían en que la combinación de superávit fiscal, desinflación y baja del riesgo país les dé el capital político para avanzar. Pero el propio Gobierno reconoce que el margen es estrecho: la reforma tributaria toca intereses provinciales sensibles y cualquier concesión en Ganancias abre un debate sobre el reparto de recursos que la Casa Rosada quiere evitar. La tensión entre bajar impuestos y no ceder coparticipación es el nudo que Santilli debe desatar.

El calendario aprieta. Con el Congreso reorganizando su agenda para el segundo semestre y las reformas en el centro de la escena, el Gobierno necesita cerrar acuerdos antes de que la campaña de cara a 2027 contamine cualquier negociación. Cuanto más se demore, más caro se vuelve el apoyo de los mandatarios y más difícil resulta blindar el articulado. El tiempo juega en contra del oficialismo y a favor de quienes ponen condiciones.

Analistas parlamentarios señalan que el éxito de Santilli dependerá de su capacidad para traducir su experiencia de negociador en resultados concretos en el recinto. El flamante jefe de Gabinete construyó su perfil como articulador político, y esta es la primera prueba de fuego en su nuevo rol. De cómo resuelva esta partida dependerá buena parte de la agenda legislativa del año.

La coordinación interna del oficialismo es otro factor en juego. Santilli comparte la tarea con el presidente de la Cámara de Diputados y con la ministra de Seguridad, en un esquema que busca ordenar la relación con los bloques legislativos. Pero la reciente escalada del Presidente contra Mauricio Macri complica esa articulación: negociar leyes con el PRO mientras Javier Milei ataca en público a su principal referente vuelve la tarea del jefe de Gabinete todavía más difícil. El propio Gobierno se pone palos en la rueda al maltratar a un socio cuyos votos necesita.

Los gobernadores, por su parte, llegan a la mesa con la experiencia acumulada de negociaciones anteriores. Saben que el oficialismo necesita sus votos y que la baja de la coparticipación fortaleció su posición, por lo que se muestran dispuestos a condicionar el acompañamiento a la resolución de sus demandas financieras. La discusión por la reforma tributaria, en ese sentido, se cruza con la disputa de fondo por el reparto de recursos entre la Nación y las provincias. La reforma impositiva quedó atada al viejo conflicto por la coparticipación.

El sector empresario observa el debate con expectativa. Las cámaras productivas reclaman desde hace tiempo una reducción de la carga impositiva que mejore la competitividad y estimule la inversión, y ven en la reforma una oportunidad para avanzar en esa dirección. Sin embargo, advierten que la incertidumbre sobre el resultado legislativo genera cautela a la hora de tomar decisiones de largo plazo. La previsibilidad que reclama el sector privado depende de que las reformas se aprueben, y de cómo.

El factor tiempo agrega presión. Con el receso invernal a la vista y la campaña de cara a 2027 acercándose, el Gobierno necesita cerrar acuerdos antes de que el clima electoral contamine cualquier negociación. Cada semana de demora encarece el apoyo de los mandatarios y complica el trámite de las reformas en el recinto. El reloj electoral aprieta y encarece cada acuerdo que el Gobierno todavía no cerró.

El contenido concreto de la reforma todavía genera incertidumbre. El Gobierno anticipó que buscará extender la baja de impuestos iniciada en su gestión, pero los detalles del articulado —qué tributos se tocan, con qué gradualidad y cómo se compensa la pérdida de recaudación— serán determinantes para medir el apoyo que consiga. Cada definición técnica esconde una disputa política sobre quién gana y quién pierde con el nuevo esquema. El diablo de la reforma tributaria está, como siempre, en los detalles del articulado.

La experiencia de la reforma laboral funciona como advertencia. Aquel proyecto necesitó meses de negociación, sufrió modificaciones en su paso por ambas cámaras y estuvo a punto de diluirse por los cambios introducidos en el recinto. El Gobierno quiere evitar que la reforma tributaria repita ese derrotero, pero enfrenta el mismo obstáculo: una mayoría que debe construirse voto por voto y que se resiste a aprobar cláusulas que afecten los recursos provinciales. El antecedente laboral muestra lo difícil que es blindar un articulado en el Congreso.

Por ahora, el Gobierno mueve las fichas con cautela. Sabe que la reforma tributaria es tan necesaria para su relato económico como riesgosa para su capital político, y que cada gobernador que suma tiene una factura pendiente. La negociación recién empieza, pero el tablero ya está armado: de un lado, la Casa Rosada con su paquete de rebajas; del otro, veinticuatro distritos con la calculadora encendida.