En la relación entre la Casa Rosada y las provincias, la plata manda. Los Aportes del Tesoro Nacional y los adelantos de coparticipación se transformaron, durante la gestión de Javier Milei, en los principales instrumentos para sostener alianzas parlamentarias y garantizar gobernabilidad en un Congreso donde La Libertad Avanza sigue lejos de tener mayoría propia. La discrecionalidad en el reparto se volvió una herramienta política tan poderosa como cualquier discurso.

Los números exponen la lógica del sistema. Entre enero y comienzos de junio, el reparto de ATN desde la cartera de Interior sumó $121.000 millones, según reconstruyó Infobae. Esa cifra representa poco más del 25% de lo recaudado por ese concepto hasta fines de mayo: el resto, un saldo acumulado que supera los $1,9 billones, permanece sin distribuir en las arcas nacionales. La caja no repartida es, en la práctica, el verdadero poder de fuego del Gobierno frente a los gobernadores.

El mapa de beneficiarios habla por sí solo. En los primeros cinco meses del año, la provincia que más recibió fue Misiones, con unos $15.000 millones, seguida por Corrientes y Mendoza —con $14.000 millones cada una—, Neuquén con $12.000 millones y Salta con $11.000 millones. Trece distritos accedieron a algún desembolso, mientras otros, como Santiago del Estero, quedaron directamente afuera del reparto. La geografía de los fondos coincide, casi punto por punto, con la de las alianzas legislativas del oficialismo.

El mecanismo no es nuevo, pero bajo esta gestión adquirió una centralidad inédita. Los ATN son, por definición, fondos de asignación discrecional que el Ministerio del Interior distribuye para atender situaciones de emergencia o desequilibrios financieros. En manos de un gobierno con minoría parlamentaria, se convirtieron en la moneda de cambio para conseguir votos, quórums y acompañamiento en las reformas estructurales que la Casa Rosada quiere aprobar. Cada desembolso es, también, una señal política sobre quién está adentro y quién afuera del esquema de gobernabilidad.

El contraste entre provincias vecinas ilumina la mecánica. En el sur, mientras Neuquén figura entre las más beneficiadas, Río Negro aparece rezagada, una diferencia que la política provincial lee en clave de premios y castigos según el grado de sintonía con el Ejecutivo nacional. La misma lógica se replica en otras regiones: los mandatarios que acompañan en el Congreso reciben, y los que confrontan quedan a la espera. El federalismo, denuncian desde varios distritos, terminó reducido a una lista de lealtades.

El telón de fondo agrava la disputa. La coparticipación de junio volvió a mostrar signos de retroceso, un dato que se suma a los problemas de recaudación propia de la mayoría de las provincias. Con menos recursos automáticos, la dependencia de los fondos discrecionales se profundiza, y con ella el margen del Gobierno para condicionar a los mandatarios. A menor coparticipación automática, mayor poder de la caja discrecional nacional.

La tensión escaló al punto de que la Casa Rosada debió salir a auxiliar a algunos distritos ante la caída de los ingresos coparticipables. Ese rol de "rescatista" refuerza el esquema: la Nación primero ajusta las transferencias, después administra la escasez a discreción y, en el camino, acumula poder de negociación sobre gobernadores que ven cómo se les achican las cuentas. El resultado es un federalismo donde la autonomía provincial cotiza según la disciplina parlamentaria.

Desde las provincias, el reclamo es transversal. Mandatarios de distintos signos políticos coinciden en que el reparto discrecional erosiona la previsibilidad fiscal y convierte la administración de recursos que deberían ser objetivos en un instrumento de disciplinamiento. El senador Sergio Uñac planteó que la relación entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales atraviesa un momento de deterioro, y reclamó que las agendas del interior sean "centrales" en la discusión nacional, según recogió Letra P. El malestar une a peronistas, radicales y dialoguistas en un mismo diagnóstico.

Analistas fiscales advierten que la acumulación de fondos sin distribuir tiene, además, un costado presupuestario: el Gobierno retiene recursos que podrían volcarse a las provincias y los usa para exhibir superávit, mientras traslada el ajuste a los distritos. Esa ecuación explica buena parte de la conflictividad que atraviesa el vínculo Nación-provincias en la antesala del debate por las reformas tributaria y laboral. La caja nacional engorda mientras las cuentas provinciales se achican.

El escenario que viene promete más tensión. Con la agenda de reformas a punto de ingresar al Congreso, el Gobierno necesitará los votos de varios gobernadores, y los ATN volverán a aparecer como la herramienta para conseguirlos. Los mandatarios, por su parte, ya avisaron que el acompañamiento tiene precio y que no lo darán gratis. La negociación por las leyes será, otra vez, una negociación por la plata.

El sistema tiene, además, un costado institucional que preocupa a los especialistas. Los Aportes del Tesoro Nacional nacieron para atender emergencias y desequilibrios financieros, no para funcionar como moneda de cambio parlamentaria. Su uso discrecional, advierten expertos en federalismo fiscal, desvirtúa el sentido original de la herramienta y erosiona la previsibilidad que las provincias necesitan para planificar sus cuentas. La herramienta pensada para la emergencia terminó convertida en instrumento de disciplinamiento político.

La comparación entre distritos alimenta el malestar. Mientras algunas provincias reciben desembolsos que se corresponden con su alineamiento parlamentario, otras que confrontan con la Casa Rosada quedan relegadas, sin que medie un criterio objetivo que explique la diferencia. Esa arbitrariedad percibida es la que unifica los reclamos de mandatarios de distinto color político, que coinciden en pedir reglas claras para el reparto. El reclamo por transparencia en la distribución cruza todas las fronteras partidarias.

El debate se inscribe en una discusión más amplia sobre el federalismo argentino. La concentración de recursos en manos de la Nación y la dependencia de las provincias respecto de las transferencias discrecionales son problemas estructurales que ningún gobierno resolvió. La actual gestión, con su minoría parlamentaria, llevó esa lógica a un extremo, al transformar la caja en el principal instrumento de construcción de gobernabilidad. El federalismo fiscal argentino sigue siendo una deuda pendiente que cada gestión administra a su manera.

De cara al segundo semestre, el esquema promete tensarse aún más. Con las reformas tributaria y laboral a punto de ingresar al Congreso, el Gobierno necesitará el acompañamiento de varios gobernadores, y los fondos discrecionales volverán a aparecer como la herramienta para conseguirlo. Los mandatarios, por su parte, ya avisaron que el apoyo tiene precio. El respaldo de los gobernadores se paga, y esta vez la factura llega en plena antesala electoral.

El impacto de la escasez se siente en el territorio. Las provincias que no acceden a los fondos discrecionales deben afrontar con recursos propios el pago de salarios, la obra pública y los servicios esenciales, en un contexto de recaudación debilitada. Esa presión se traslada hacia los municipios y, en última instancia, hacia los vecinos, que resienten la falta de inversión y la demora en las prestaciones. La cadena de la escasez arranca en la Nación y termina en la vida cotidiana de la gente.

El debate de fondo remite a la necesidad de una reforma integral del sistema de coparticipación. Especialistas y dirigentes de distintos signos coinciden en que el esquema vigente, con su combinación de fondos automáticos y discrecionales, quedó desactualizado y genera incentivos perversos. Sin embargo, cualquier reforma de ese tipo requiere un consenso político amplio que hoy parece lejano, en un contexto de fuerte confrontación entre la Nación y las provincias. La reforma del reparto de recursos es una deuda que ningún gobierno se anima a saldar.

En el Palacio de Hacienda confían en que la combinación de superávit y baja del riesgo país les dé aire para sostener el esquema. En las provincias hacen otra cuenta: la de los fondos que no llegan. Entre ambos relatos se juega la gobernabilidad de un oficialismo que gobierna con la calculadora en la mano y la mayoría todavía pendiente.