La ciudad de La Plata continúa atravesada por la tensión que dejó el conflicto entre la gestión del intendente Julio Alak y las cooperativas de trabajo por el nuevo sistema de licitación de los servicios de mantenimiento urbano. La disputa, que derivó en graves incidentes frente a la Municipalidad, sigue sin resolución y mantiene en vilo a la capital bonaerense.

El detonante fue la decisión de la Municipalidad de reemplazar el esquema de contratación directa con cooperativas, vigente desde 2011, por un sistema de licitación pública. El plazo para la compra de pliegos de la licitación para la contratación de servicios de limpieza de zanjas, corte de césped y barrido en todo el partido de La Plata vencía el viernes 26 de junio. El cambio de modelo en la contratación de servicios urbanos fue el origen de un conflicto que escaló rápidamente.

Ese día, una protesta de cooperativistas y organizaciones sociales frente al Palacio Municipal terminó con destrozos e incendio en el ingreso al edificio. Según las crónicas, un grupo de manifestantes avanzó hacia la sede comunal, rompió puertas, vidrios y vitrales, y provocó un foco de incendio en el acceso principal, que fue rápidamente controlado. Las imágenes del frente de la Municipalidad de La Plata en llamas recorrieron el país y marcaron la gravedad del conflicto.

El saldo de los incidentes fue de 22 personas aprehendidas durante los disturbios, según informaron las autoridades. La protesta había sido convocada por organizaciones sociales, entre ellas sectores vinculados al dirigente Juan Grabois, en rechazo al nuevo esquema de contratación. La represión y las detenciones agregaron un capítulo de violencia a una disputa que ya venía tensa.

La Municipalidad justificó la medida en razones legales y de transparencia. De acuerdo con un comunicado oficial, en cumplimiento de la Ley Orgánica de las Municipalidades y de disposiciones del Tribunal de Cuentas, la comuna dejará de contratar cooperativas de trabajo en forma directa. La gestión sostuvo que la obligatoriedad de adjudicar obras y servicios públicos mediante licitación pública busca brindar transparencia a los procedimientos administrativos. La administración de Alak enmarcó el cambio como una obligación legal, no como una decisión discrecional.

Las cooperativas, en cambio, denuncian que el nuevo sistema las deja afuera de un esquema de trabajo del que dependían cientos de familias desde hace más de una década. Para los manifestantes, la licitación pública favorece a empresas más grandes y desplaza a las organizaciones que venían prestando los servicios de mantenimiento urbano. Los cooperativistas sostienen que detrás del argumento de la transparencia se esconde la pérdida de sus fuentes de trabajo.

El conflicto coloca al intendente Julio Alak en una posición incómoda. El jefe comunal, dirigente de extensa trayectoria en el peronismo, debe administrar una disputa que enfrenta a su gestión con organizaciones sociales que históricamente formaron parte del universo del espacio. El intendente quedó en el centro de una tensión que cruza la legalidad administrativa con la sensibilidad social de su propio campo político.

La situación se inscribe, además, en el complejo escenario del peronismo bonaerense. Alak es señalado por distintos sectores como un dirigente que hace equilibrio entre el gobernador Axel Kicillof y el kirchnerismo de Cristina Kirchner, en medio de la interna que atraviesa al espacio. El conflicto con las cooperativas lo obliga a una definición que tiene costos en ambos frentes. La pelea por la licitación expone a Alak a las tensiones cruzadas de un peronismo fracturado.

Desde las organizaciones sociales advirtieron que la protesta podría tener continuidad si no se abre una instancia de diálogo. Los cooperativistas reclaman una solución que contemple la situación de los trabajadores afectados y cuestionan la forma en que se implementó el cambio de esquema. El conflicto, lejos de cerrarse, amenaza con prolongarse en las próximas semanas.

La gestión municipal, por su parte, sostiene que la licitación pública es el camino que marca la ley y que no hay margen para volver al sistema de contratación directa. La firmeza de la comuna en ese punto deja poco espacio para una salida negociada en el corto plazo. La administración platense apuesta a sostener el nuevo esquema pese a la resistencia.

La capital bonaerense viene siendo escenario recurrente de tensión social. Como sede de los poderes provinciales y con una fuerte presencia de organizaciones, sindicatos y movimientos sociales, La Plata concentra buena parte de la conflictividad de la Provincia y suele ser el lugar donde los reclamos se vuelven visibles. El conflicto por la licitación se suma así a una larga lista de protestas que tienen a la ciudad como caja de resonancia de las disputas bonaerenses. La Plata funciona como termómetro del malestar social de toda la Provincia.

El episodio dejó también un debate sobre el manejo de la protesta social y el rol de las fuerzas de seguridad. Las 22 detenciones y la represión de la manifestación generaron cuestionamientos de organizaciones sociales y de derechos humanos, que reclamaron por la situación de los aprehendidos. El operativo policial sumó una capa de controversia a un conflicto ya de por sí explosivo.

Por ahora, La Plata sigue en tensión, con un conflicto que combina la disputa por el trabajo, la legalidad administrativa y las internas del peronismo. La forma en que la gestión de Alak administre la salida definirá el clima social en la capital bonaerense en las próximas semanas. La ciudad quedó como escenario de una pulseada que excede a la licitación y que refleja las tensiones de fondo de la política bonaerense.