Los docentes bonaerenses realizaron este martes 30 de junio un paro provincial de 24 horas que dejó sin clases a la Provincia de Buenos Aires, en una medida que marca un antes y un después en la relación entre el gremio y el Gobierno de Axel Kicillof. Por primera vez desde que el gobernador asumió, un paro docente provincial apunta de manera directa contra su gestión y no contra la Nación.

La convocatoria fue resuelta por cuatro sindicatos: la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA). Los gremios adoptaron la decisión ante la falta de respuestas a sus demandas salariales y de seguridad. La unidad de las cuatro entidades en una misma medida de fuerza muestra la profundidad del malestar en las aulas bonaerenses.

El reclamo central es la urgente reapertura de la negociación paritaria para recomponer el salario del sector. Los gremios sostienen que la pérdida del poder adquisitivo continúa deteriorando las condiciones de vida de los trabajadores de la educación y exigen al Gobierno bonaerense una nueva convocatoria para discutir los sueldos del segundo semestre. El conflicto salarial estalló justo cuando la Provincia debía definir cuánto cobrarán los docentes de julio a diciembre.

A la cuestión salarial se sumó un reclamo por la seguridad en las escuelas. La consigna de la medida de fuerza incluyó la exigencia de adoptar acciones para prevenir hechos de violencia en los establecimientos educativos, un punto que los gremios remarcaron como prioritario. El paro combinó el bolsillo y la seguridad, dos frentes en los que la gestión provincial quedó expuesta.

Los sindicatos enmarcaron la protesta en un doble reclamo. Por un lado, apuntaron al Gobierno nacional por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), cuya supresión —según denuncian— redujo los ingresos de miles de maestros. Por el otro, le exigieron al Ejecutivo bonaerense la reapertura inmediata de la paritaria. La medida puso al Gobierno provincial y al nacional en el mismo banquillo, aunque el reclamo salarial recae sobre la Provincia.

El contexto interno del SUTEBA agrega un dato político central. El principal gremio docente, con cerca de 90 mil afiliados, realizó elecciones el 13 de mayo en las que Roberto Baradel, secretario general desde 2004, no participó. La lista alineada con el histórico dirigente se impuso y consagró como nueva secretaria general a María Laura Torre, exsecretaria adjunta. El primer gran paro de la nueva conducción del SUTEBA es contra Kicillof, no contra la Casa Rosada.

El gesto no es menor en la lectura política. Durante años, el sindicalismo docente bonaerense fue señalado por la oposición como un actor afín al kirchnerismo, lo que derivaba en una relación de baja conflictividad con los gobiernos provinciales del mismo signo. La medida de este martes rompe ese molde y deja al descubierto el desgaste de esa sintonía. La huelga expone que ni siquiera los gremios cercanos al oficialismo provincial están dispuestos a sostener en silencio el ajuste sobre los salarios.

Los números que esgrimen los sindicatos refuerzan el malestar. La nueva conducción del SUTEBA llegó a la paritaria con el reclamo de recuperación real del poder adquisitivo, argumentando que el acuerdo de 2025 cerró en un 26,9% frente a una inflación anual del 31,5%, y que ese diferencial de casi cinco puntos no fue compensado en el acuerdo de marzo. Los docentes sostienen que vienen perdiendo contra la inflación y que la Provincia no saldó esa deuda.

Desde la oposición provincial aprovecharon el conflicto para cuestionar la gestión educativa de Kicillof. Dirigentes opositores remarcaron que la Provincia atraviesa paros recurrentes, problemas de infraestructura escolar y un clima de inseguridad que llega hasta las aulas, y le reprocharon al gobernador priorizar la disputa electoral por encima de la gestión cotidiana. Para los críticos, la Provincia se paraliza mientras el gobernador mira hacia la pelea presidencial de 2027.

El Gobierno bonaerense, por su parte, enmarca el ajuste salarial en la asfixia financiera que denuncia respecto de la Nación. Desde la administración provincial sostienen que el recorte de fondos nacionales, la eliminación del FONID y la caída de la coparticipación limitan el margen para mejorar las paritarias. La Provincia responsabiliza a la Casa Rosada, pero el paro le llegó a la puerta de su propia Gobernación.

El conflicto docente se cruza, además, con la crisis interna del peronismo. Mientras Kicillof disputa el liderazgo del espacio con el kirchnerismo, la conflictividad sindical en su propio territorio le complica la construcción de una imagen de gestión exitosa. La interna por las candidaturas y los paros en las escuelas dibujan el peor escenario para un gobernador que se quiere mostrar como alternativa nacional.

La medida de este martes podría no ser la última. Los gremios advirtieron que, de no mediar una convocatoria a paritarias, evaluarán nuevas acciones en las próximas semanas. El segundo semestre arranca con las aulas bonaerenses como uno de los principales focos de conflicto para la gestión de Kicillof.