El malestar social estalló tras la decisión del Ejecutivo de eliminar el sistema de contratación directa de cooperativas urbanas vigentes desde 2011. Con la excusa de avanzar hacia una licitación pública de servicios de limpieza, la Comuna dejó en la total incertidumbre a cientos de familias dedicadas al barrido y reciclaje. Frente a las protestas en Plaza Moreno, la respuesta oficial consistió en un fuerte operativo policial que derivó en destrozos, gases y diecinueve trabajadores detenidos. 

Las organizaciones sociales denuncian un sistemático maltrato y precarización laboral por parte del municipio, que pretendió suplantar los puestos de trabajo genuino por tarjetas sociales de 200 mil pesos. Los delegados denunciaron que los funcionarios locales "salieron a cazar gente" en lugar de recibirlos en una mesa de diálogo. Mientras los empleados municipales perciben salarios de miseria, el quiebre de los convenios amenaza con dejar sin el único sustento diario a las barriadas más postergadas del distrito.

En paralelo, la periferia platense experimenta un abandono estructural en materia de seguridad que afecta a localidades como Los Hornos, Melchor Romero y Villa Elvira. Las salideras, los asaltos de motochorros y las entraderas violentas se multiplicaron ante la inacción de un centro de monitoreo que los vecinos consideran un espectador pasivo. La falta de luminarias y el nulo patrullaje policial transformaron las calles comerciales en un territorio desprotegido donde las bandas organizadas actúan con total impunidad.

Desde los bloques opositores acusaron a la gestión alakista de priorizar las internas políticas partidarias antes que cuidar la integridad física de los ciudadanos platenses. El intendente es duramente cuestionado por haber prometido corredores escolares seguros y tecnología preventiva que nunca llegaron a aplicarse en las esquinas críticas. Las pérdidas económicas por los destrozos en el edificio comunal fueron calculadas en 43 millones de pesos por las propias autoridades, agravando el rojo fiscal de un municipio paralizado

El desenlace de las licitaciones públicas de limpieza marcará el rumbo del conflicto en una comunidad sumida en el miedo cotidiano. Las cooperativas nucleadas en los movimientos territoriales mantienen el estado de alerta tras exigir la reincorporación de los despedidos y el cese de las detenciones arbitrarias. Mientras tanto, la ciudadanía platense exige respuestas urgentes ante una crisis de gobernabilidad que mantiene a la capital provincial bajo una densa nube de humo y delincuencia.