El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, volvió a colocar la seguridad en el centro de su gestión y, de paso, reavivó el cruce con la Provincia de Buenos Aires. La Ciudad sumó 650 nuevos policías, con el objetivo de superar los 6.200 efectivos incorporados al cierre de 2026, y reforzó los operativos de control en los accesos al territorio porteño. La seguridad se consolidó como el eje central del discurso de Jorge Macri, que la presenta como su principal carta de gestión y de diferenciación.

El refuerzo de la fuerza porteña se enmarca en una estrategia de control de los límites de la Ciudad. El Gobierno local puso en marcha operativos para reforzar el control en los accesos, una política con la que busca contener el delito que, según la mirada del oficialismo porteño, ingresa desde el conurbano bonaerense. La apuesta de la Ciudad es levantar una frontera de seguridad en sus límites, una decisión que tiene tanto de operativa como de simbólica.

El cruce con la Provincia llegó de la mano de una definición filosa. Jorge Macri sostuvo que "la mitad de los delitos en la Ciudad son de gente que no es de la Ciudad", una frase con la que responsabilizó indirectamente a la gestión bonaerense de Axel Kicillof por la inseguridad que afecta a los porteños. La afirmación reavivó la histórica disputa entre CABA y la Provincia, en la que cada gestión traslada a la otra la responsabilidad por el delito.

El jefe de Gobierno acompañó su política de seguridad con un mensaje de tono confrontativo. Macri advirtió que "si del otro lado reina el caos, vamos a ser un muro contra la barbarie", una definición que consolidó su posicionamiento como garante del orden frente a un conurbano al que describe en crisis, según registros del Gobierno porteño. El jefe de Gobierno construyó su relato de seguridad por contraste: la Ciudad ordenada frente a una Provincia que, en su descripción, no controla el delito.

La estrategia tiene sustento en datos que el oficialismo porteño exhibe con orgullo. El Gobierno de la Ciudad sostiene que la incorporación de efectivos permitió bajar el delito a mínimos históricos en robos y homicidios, una estadística que Macri utiliza como aval de su política de seguridad. Los números que muestra la Ciudad funcionan como respaldo del relato del orden, aunque la disputa por las cifras de seguridad siempre admite lecturas cruzadas.

El componente político del planteo es evidente. Al responsabilizar a la Provincia por el delito que afecta a la Ciudad, Macri no solo defiende su gestión, sino que también golpea a Kicillof, su principal contrincante territorial. La inseguridad se transforma así en un campo de disputa entre dos modelos y dos liderazgos. La seguridad dejó de ser una política para convertirse en un arma arrojadiza entre la Ciudad y la Provincia.

La Provincia, por su parte, rechaza esa lectura. Desde el gobierno bonaerense cuestionan que la Ciudad traslade la responsabilidad de su seguridad a un distrito vecino y reivindican su propia política en la materia. El debate, lejos de resolverse, se reedita cada vez que un funcionario porteño vincula el delito al conurbano. La pelea por la seguridad entre CABA y la Provincia es tan vieja como recurrente, y ninguno de los dos distritos parece dispuesto a hacerse cargo de la parte que le toca.

En el plano de la relación con la Nación, Jorge Macri mantiene una sintonía con el Gobierno de Milei en materia de seguridad, con coordinación entre las áreas correspondientes. Esa alineación le permite al jefe de Gobierno presentar una agenda de orden articulada con la política nacional, en contraste con la confrontación que mantiene con la Provincia. El esquema de Macri combina alianza con la Nación y enfrentamiento con la Provincia, una ecuación que ordena su posicionamiento político.

Para los analistas, la apuesta de Jorge Macri por la seguridad responde a una doble lógica: gestionar una demanda concreta de los vecinos y construir un perfil propio de cara a la competencia política. La seguridad es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, y el jefe de Gobierno busca capitalizar esa preocupación. Macri sabe que la seguridad rinde políticamente, y por eso la coloca en el centro de su gestión y de su relato.

La política de seguridad porteña tiene una historia de continuidad. La Ciudad viene ampliando su fuerza policial de manera sostenida, con la incorporación progresiva de efectivos como eje de su estrategia. La meta de superar los 6.200 nuevos policías al cierre de 2026 se inscribe en ese rumbo de largo plazo que el oficialismo porteño reivindica como propio. La apuesta por más efectivos no es una medida aislada, sino la continuidad de una política que la Ciudad sostiene como sello de gestión.

El control de los accesos, por su parte, plantea un debate sobre el alcance de las competencias. La idea de reforzar los límites de la Ciudad para contener el delito que ingresa desde otros distritos genera discusión sobre la coordinación entre jurisdicciones. La seguridad, que requiere cooperación, queda atrapada en la lógica de la frontera. El control de los accesos expresa una paradoja: combatir un delito que no reconoce fronteras con una estrategia que las refuerza.

El cruce con la Provincia tiene, además, un componente histórico. La disputa entre CABA y Buenos Aires por la responsabilidad sobre el delito es recurrente y atraviesa distintas gestiones de uno y otro lado. Cada vez que un funcionario porteño vincula la inseguridad al conurbano, la Provincia responde rechazando esa lectura. La pelea por la seguridad entre la Ciudad y la Provincia se repite gestión tras gestión, sin que ninguna de las dos asuma plenamente su parte.

La dimensión política del planteo de Jorge Macri es transparente. Al posicionarse como garante del orden frente a un conurbano que describe en crisis, el jefe de Gobierno construye un perfil que le sirve tanto para su gestión como para la competencia política más amplia. La seguridad es uno de los temas que mejor rinden en términos electorales. Macri sabe que mostrarse firme en seguridad le rinde políticamente, y por eso hace de ese tema el centro de su relato de gestión.

La seguridad es, de manera consistente, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en las encuestas. Esa centralidad explica por qué los dirigentes de distintos signos compiten por mostrarse como garantes del orden. Jorge Macri, al hacer de la seguridad su bandera, se inscribe en una lógica que excede a la Ciudad y que atraviesa a buena parte de la política argentina. La seguridad ocupa el centro de la agenda pública, y por eso se convirtió en uno de los terrenos más disputados de la competencia política.

El debate sobre la responsabilidad jurisdiccional, sin embargo, suele opacar la discusión sobre la eficacia de las políticas. Más allá de quién carga con la culpa, la pregunta de fondo es qué medidas reducen efectivamente el delito y cómo se coordinan las distintas fuerzas. La pelea entre la Ciudad y la Provincia rara vez avanza sobre esa coordinación. La discusión por la culpa entre distritos posterga lo que más importa: una política de seguridad coordinada que efectivamente proteja a los vecinos.

La alineación con el Gobierno nacional en materia de seguridad, por su parte, le da a Macri un marco de articulación que contrasta con su enfrentamiento con la Provincia. Esa combinación define su posicionamiento: cooperación con la Nación, confrontación con Buenos Aires. Es una ecuación que ordena tanto su gestión como su perfil político. El esquema de Macri es claro: aliado de la Nación, adversario de la Provincia, una fórmula que estructura su estrategia de seguridad y su construcción política.

El saldo deja a la Ciudad con más policías, más operativos de control y un discurso de orden afilado, pero también con una disputa abierta con la Provincia que no contribuye a resolver el problema de fondo. Porque el delito, que no reconoce fronteras administrativas, requiere de una coordinación entre distritos que la pelea política dificulta. Mientras CABA y la Provincia se cruzan por quién es responsable, la seguridad de los vecinos depende de una cooperación que la grieta entre ambos gobiernos posterga.